El 19 de diciembre de 1824, al día siguiente que Lima conoció el resultado triunfal de la batalla de Ayacucho, mientras la ciudad vibraba de alegría, Simón Bolívar y su ministro, José Faustino Sánchez Carrión, firmaban el decreto en el que se establecía la Suprema Corte de Justicia, conforme a los artículos 98 y 100 de la Constitución de 1823, la cual estaría compuesta por un presidente, cuatro vocales y un fiscal. Esta conformación, decía el decreto, era provisional y el personal señalado sería nombrado por el gobierno, el que además, por órdenes particulares, “señalará el traje de los miembros y determinará todo lo conducente al arreglo de esta Corte”. La administración de justicia durante el Virreinato fue muy compleja. Existían variados fueros y eran numerosos los funcionarios encargados de tan importante tarea: en los cabildos, corregimientos, intendencias, subdelegaciones, etc. Además, ejercían justicia los alcaldes de Corte, los jueces privativos y las Audiencias. Todo esto motivaba para que continuamente se mezclaran y confundieran los poderes. En la parte considerativa del mencionado decreto del día 19, el Libertador había ordenado se pusiera: “Deseando prescindir absolutamente de todo lo que tenga relación con el ejercicio del poder judicial”. Por eso era su gran interés instalar la Corte Suprema, para crear el orden jurídico y darle vitalidad al derecho, después del imperio de la fuerza establecido por las necesidades de la guerra. Al respecto escribió Luis Antonio Eguiguren: “Por paradójico que resultase este propósito se hace realidad a pesar del poder ilimitado de la dictadura que las circunstancias impusieron, y que parecía contradecirlo, lo que revela hasta qué punto era sincero el deseo del Libertador de establecer en el Perú el orden y la seguridad sociales basados en la justicia, a pocos días de ganada la libertad”.
Los fundadores de la Corte Suprema eran hombres de talento, patriotismo y probidad. Allí estaba su presidente, Manuel Lorenzo Vidaurre, junto a Francisco Valdivieso, José Cavero y Salazar, Fernando López Aldana, prócer nacido en Bogotá y afincado en el Perú, Tomás Ignacio Palomeque y José Faustino Sánchez Carrión, la gran figura del Perú en tiempos de Bolívar, el hombre que, literalmente, entregó su vida al servicio de la patria cabalgando enfermo y exhausto por costa y sierra al lado de Bolívar. Sánchez Carrión, con su ejemplo, enseñó que en la vida de los jueces deben predominar las privaciones, los sacrificios y la incomprensión sobre las exigencias del éxito o la sensualidad. Si el gobierno de la señora Boluarte tuviera un ápice de sentido histórico, el año 2025 debió haber llevado el nombre de Sánchez Carrión, quien todavía espera el gran homenaje nacional que merece.
La solemne instalación del tribunal tuvo lugar el 8 de febrero de 1825 en el llamado Salón de Acuerdo de los Virreyes, en Palacio de Gobierno. En la ceremonia se pronunciaron entonados discursos sobresaliendo los de Manuel Lorenzo Vidaurre y José Faustino Sánchez Carrión que fueron notabilísimos. Este último, por su precaria salud, no pudo incorporarse a los trabajos de la Corte. Su primer fiscal fue José María Galdiano Mendoza, quien juró el cargo el 25 de febrero. Los magistrados tenían como sueldo 6,000 pesos anuales. El primer secretario de la Corte Suprema fue Juan Crisóstomo Rondón y su primer relator Manuel Herrera y Oricaín. En lo que se refiere al uniforme, los vocales, según decreto supremo del 26 de febrero de 1826, debían usar “frac y chaleco negros, calzón corto, sombrero punteado con escarapela y cinta bicolor con una medalla”. Durante la época virreinal los miembros de la Audiencia habían usado la toga larga. La Corte Suprema funcionó en Palacio de Gobierno hasta 1868 en que pasó a ocupar el edificio que había sido de la aduana virreinal y, en 1865, local de la Escuela de Artes y Oficios. Los trabajos del actual Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, se iniciaron en 1929 continuándose con algunas interrupciones hasta 1939 en que el imponente edificio fue inaugurado el 5 de diciembre de dicho año. La Corte Suprema, como el Poder Judicial, gozó de gran prestigio a lo largo del tiempo, pero no ha podido sustraerse al ocaso y crisis que sufren las instituciones del Estado a partir del presente siglo y, sobre todo, en este último aciago lustro.
Por Hector López Martínez, Historiador
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