Congreso responde a Aníbal Torres que no es “atendible” su pedido de confianza

El Congreso respondió el miércoles pasado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que la cuestión de confianza que buscaba presentar ante el pleno no era procedente en los términos que habían sido anunciados. La iniciativa había sido comunicada el día previo por el Ejecutivo con el objetivo de poner en agenda un proyecto de ley, propósito que fue cuestionado por distintas bancadas y por especialistas en derecho.

La intención de Torres fue comunicada al Legislativo con un oficio. Allí se indicó que la cuestión de confianza era para que se pusiera en la agenda del pleno el “debate y eventual aprobación” de un proyecto de ley del Ejecutivo.

Este proyecto buscaba derogar una ley promulgada por el Parlamento en octubre del 2021, la cual reguló –precisamente– la cuestión de confianza. Con la publicación de esa ley, se especificó que este mecanismo solo podía plantearse respecto a competencias del Ejecutivo vinculadas a sus políticas de gobierno, pero no sobre la aprobación de reformas constitucionales ni respecto a iniciativas que afecten los procedimientos y competencias exclusivas del Congreso.

En otro oficio enviado el último miércoles, el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, respondió a Torres que su pedido no era “atendible en los términos planteados”.

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Para fundamentar su respuesta, Williams le mencionó lo establecido por la misma ley que el Ejecutivo busca derogar y le recordó que la constitucionalidad de esta norma fue ratificada por el Tribunal Constitucional en febrero del 2022. Esto ante una demanda de inconstitucionalidad que presentó el mismo gobierno de Pedro Castillo y que fue declarada infundada por el máximo intérprete de la Carta Magna.

Agregó que “no es preciso” decir que sería procedente plantear una cuestión de confianza como la anunciada por Torres. “Esto implicaría, conforme ha quedado establecido con la decisión del TC, que el Congreso ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes, como lo son el procedimiento legislativo y el proceso deliberativo en el interior de las comisiones”, indicó.

También respondió que la Mesa Directiva puede rechazar de plano toda propuesta que busque interferir en competencias exclusivas del Congreso y que el Ejecutivo no puede interpretar la decisión del Legislativo “en un sentido diferente de aquel que le sea comunicado expresamente”.

“Lo exhortamos, señor presidente del Consejo de Ministros, a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el Estado constitucional de derecho”, culminó Williams.

Entredichos

Conocida la respuesta del Congreso, Torres la criticó, pero no anunció ningún otro recurso referido a su pedido.

El jefe del Gabinete cuestionó que el Congreso haya “declarado inadmisible una cuestión de confianza que todavía no existe”, en referencia a que el mecanismo aún no había sido planteado formalmente ante el pleno.

“El Perú está sujeto a eso, a la dictadura de la ignorancia de los que ocupan los más altos cargos en la República y que se consideran los más capaces [...] Se desconoce el ordenamiento jurídico, se desconoce la Constitución, y existe, como ya se ha dicho públicamente por algunas personas, una dictadura del Congreso”, dijo durante una actividad en Palacio de Gobierno.

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Luego, en una conferencia de prensa, Williams aseguró que la cuestión de confianza anunciada era una “provocación” del Ejecutivo. Además, destacó que desde distintas bancadas y que distintos constitucionalistas ya habían advertido previamente que la propuesta era improcedente o inconstitucional. “Lo que creo es que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República, el Ejecutivo pretende cerrar el Congreso [...] No hay una dictadura congresal”, dijo.

Suspenden el pleno

Más temprano, antes de que se conociera esta respuesta del Congreso, la Mesa Directiva suspendió la sesión del pleno programada para hoy. Fue como medida de seguridad ante posibles actos de violencia derivados de una manifestación a favor del gobierno denominada “La toma de Lima”.

La Oficialía Mayor informó que esto se decidió tras una reunión entre representantes de la policía y la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso. Allí se advirtió que en esta movilización “se llevarían a cabo acciones de protesta con actos de violencia contra la propiedad pública y privada”. “Nos han recomendado que se tomen las medidas para salvaguardar la seguridad e integridad de los miembros del Parlamento”, explicaron.

Esto debido a “la posible infiltración de grupos radicales y extremistas dentro de los manifestantes, que podrían ocasionar un desborde social y la alteración del orden público”.

El ministro del Interior, Willy Huerta, quien estaba citado para hoy ante la Comisión de Defensa, solicitó una reprogramación por “la atención extrema” que pone su sector ante “los actos de violencia que podrían suscitarse” por la marcha.

También se suspendieron las labores presenciales de este jueves en el Parlamento.

En ese mismo documento, el ministro adjuntó un afiche de la marcha, donde se dice que esta convoca a gremios, asociaciones, reservistas y a “las 24 regiones [sic] unidas y listas para respaldar al presidente. También se menciona como objetivos de la marcha: la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien investiga al mandatario por presuntos actos de corrupción; la “reforma total de los organismos de justicia”; y el “cierre del Congreso y Nueva Constitución”.

El politólogo Omar Coronel, docente de la PUCP, comentó a El Comercio que esta marcha es convocada por un grupo de organizaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales que, si bien son divergentes entre sí, “lo que las une es estar en contra de lo que consideran el ‘golpismo’”.

“Se trata de organizaciones que tienen bases pequeñas y generalmente enfrentadas [...] Vamos a ver qué capacidad de convocatoria tiene. Si se repite la tendencia de estos últimos 16 meses, va a ser más pequeña que la marcha del 5 de noviembre de grupos de oposición al gobierno”, comentó.

El último viernes, Castillo encabezó una ceremonia en el patio de Palacio de Gobierno por el ‘Día del obrero municipal’. Allí, el secretario general de la Federación Nacional de Obreros Municipales, Mario Chipana, dijo al mandatario que este jueves iban a “salir a las calles, a nivel nacional, porque no podemos permitir que un grupo de golpistas pretenda crear el caos”.

Luego de conocerse la suspensión de la sesión del pleno de hoy, Castillo dijo el miércoles pasado -durante otra ceremonia con dirigentes sindicales en Palacio- que “hay que deslindar con ciertos infiltrados en las movilizaciones, que hacen quedar mal a la autoridad y a los dirigentes”.