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La ministra de Cultura, Betssy Chávez, se sumó el lunes pasado a la lista de ministros y exministros del gobierno de Pedro Castillo investigados por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
A Chávez se le abrió investigación preliminar por presunta negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado, por supuestamente dar trabajos en el Estado a dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se la vincula sentimentalmente.
Tan solo una semana antes, la Fiscalía de la Nación amplió una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal, para comprender al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, como supuesto autor del delito de obstrucción a la justicia.
Según la versión de un colaborador eficaz, Roberto Sánchez prometió a Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, que entregaría S/8.000 mensuales a la esposa de este para que no testificara ni otorgara pruebas contra el presidente.
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Además, en setiembre pasado, la Fiscalía de la Nación incluyó al primer ministro Aníbal Torres y al ministro de Justicia, Félix Chero, en una investigación preliminar contra el presidente por el presunto delito de organización criminal.
Entre otros elementos, la fiscalía consideró el testimonio de la lobbista Karelim López sobre presuntos actos de obstrucción de Aníbal Torres cuando ejerció como ministro de Justicia.
Según dijo Karelim López a la Comisión de Fiscalización del Congreso, Aníbal Torres buscaba que Bruno Pacheco se vaya del país para que no declare contra el mandatario.
Además, la Fiscalía de la Nación recogió información del despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien cuenta con la declaración de un colaborador eficaz que involucra al ministro Félix Chero.
Según el colaborador, Chero buscó contactarse con el empresario Zamir Villaverde cuando este se encontraba recluido en el penal Ancón I, presuntamente para pedirle que no revele información sobre la supuesta red criminal enquistada en Palacio de Gobierno.
El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho constitucional, explicó que en estos casos, por tratarse de ministros de Estado, la Fiscalía de la Nación solo puede realizar una investigación preliminar.
El abogado Carlos Caro, especialista en derecho penal, añadió que en la etapa preliminar, se busca recabar las pruebas más urgentes de los delitos que está investigando. Para ello, puede solicitar allanamientos, el levantamiento del secreto bancario, entre otras medidas.
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Caro añadió que en esa etapa, la Fiscalía de la Nación también podría solicitar impedimento de salida del país para el investigado. El pedido sería resuelto por un juez de investigación preparatoria.
Pero para continuar con la siguiente etapa del proceso, debe recurrir al Congreso, en un procedimiento que se inicia con una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pasa por la Comisión Permanente y concluye en el pleno del Parlamento.
Ello porque los ministros de Estado - explicó Rospigliosi - tienen la prerrogativa del antejuicio polícito. Esta los protege de denuncias sin fundamento jurídico ni político o viabiliza la persecución penal cuando lo amerita.
El artículo 99 de la Constitución establece que los titulares de dicha prerrogativa también son los congresistas, el presidente, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor general.
Exministros investigados
El mes pasado, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar por 60 días contra el entonces ministro de Salud, Jorge López, por presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
La decisión respondió a que “Punto final” reveló que seis funcionarios del Ministerio de Salud y el empresario Luis Quito Rodríguez depositaron S/ 98.400 y US$ 70.000 a una cuenta bancaria a nombre de Derby Apaza Meza, expareja de López.
En agosto último, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar investigación preliminar al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por presunto delito de organización criminal, por supuestas irregularidades en obras adjudicadas en Chota, Cajamarca y Cajatambo, Lima.
Por ese mismo caso, la Fiscalía de la Nación abrió la sexta investigación preliminar contra el presidente Castillo.
En mayo pasado, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso iniciar investigación preliminar contra Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, por presunta colusión y organización criminal, por el Caso Puente Tarata.
Silva se mantiene prófugo de la justicia. Los primeros indicios en su contra se originaron en las investigaciones que la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y la fiscal para casos de lavado de activos Luz Taquire realizaron por las irregularidades en la construcción del Puente Tarata III y las licitaciones a empresas chinas, respectivamente.
En noviembre del 2021, la Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal, por las presuntas presiones que funcionarios del Poder Ejecutivo habrían ejercido sobre los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú para influir en los ascensos militares.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” recientemente un recurso de tutela de derechos presentado por el exministro, quien pretendía anular la decisión de la Fiscalía de la Nación de ampliar la investigación por el caso de los ascensos.
