Dina Boluarte negó ante la fiscalía que relojes Rolex sean “donaciones” e insistió en que fueron un “préstamo”

Sin embargo, antes de eso, la mandataria aprovechó unos minutos para aseverar que había una “confusión” respecto a las circunstancias en las que Oscorima le entregó los relojes suizos. Boluarte Zegarra, según la declaración a la que accedió El Comercio, indicó que no eran “donaciones” sino que se los dieron en calidad de “préstamo” y por ello, dijo, no cometió ningún delito.

Como se recuerda, posterior a esta declaración, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso la denuncia constitucional contra la mandataria por presunto cohecho pasivo impropio.

MIRA: Cuatro legisladores se perfilan como candidatos para la Presidencia del Congreso

Según la tesis fiscal, a cambio de las “donaciones” de los relojes suizos y las joyas con diamantes, la investigada habría usado las facultades que le otorga su cargo como presidenta de la República para beneficiar con leyes y normas que otorgaban mayor presupuesto a la región Ayacucho.

Según el documento, al inicio de la diligencia, Boluarte Zegarra aseguró que sí iba a declarar, cuando se le preguntó si respondería o se acogería a su derecho de guardar silencio.

“La investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra señaló que va a declarar en la presente diligencia”, se anota como respuesta.

Pese a ello, la mandataria solo respondió una pregunta y luego se acogió a su derecho de guardar silencio.

Ante la pregunta de la Fiscalía de la Nación, la mandataria aseveró que se ratificaba en su versión que brindó ante ese despacho el 5 de abril, fecha en que admitió haber recibido de Oscorima los relojes suizos y las joyas con diamantes.

Sin embargo, Boluarte Zegarra indicó que quería aclarar “una confusión” en el acta que le habían leído de su interrogatorio anterior. Ello, dijo, porque los relojes y la pulsera Bangle de diamantes, no le fueron entregados por el gobernador de Ayacucho como “donaciones”; sino en calidad de “préstamo”.

“Los relojes que el señor Oscorima me prestó no fue en calidad de donación como la fiscalía pretende señalar, reitero fueron en calidad de préstamo. Así como la pulsera Bangle en calidad de préstamo.”

Dina Boluarte, ante la fiscalía de la Nación

La mandataria también “negó rotundamente” la imputación de la Fiscalía sobre que Oscorima Núñez le entregó unos aretes de argolla de oro con diamantes.

Como se recuerda, los aretes también fueron incautados preventivamente por la Fiscalía de la Nación, pese a la negativa de la defensa legal de Oscorima y de los abogados de la presidenta de la República.

De esta manera, Boluarte Zegarra negó haber incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito o haber favorecido a Oscorima con los decretos de urgencia emitidos; y reiteró entonces que todo lo que posee es producto de su trabajo.

“La Fiscalía también está argumentando que se me dio unos aretes los cuales niego rotundamente y reitero que no tengo ningún enriquecimiento ilícito y que todo el patrimonio que tengo es producto de mi trabajo lícito, y que no he favorecido a ninguna autoridad regional o local en los decretos de urgencia.”

Dina Boluarte, presidenta de la República.

Por ello, la mandataria afirmó que las imputaciones que se formulan en su contra, en el Caso Rolex, eran “falsas” y se dijo “inocente”. Luego, anunció que guardaría silencio debido a que sus declaraciones eran filtradas a la prensa.

“Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente, y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal; porque su despacho señor fiscal filtra mis respuestas a al prensa”, dijo la presidenta de la República.

Luego, su abogada en ese momento, Grecia Castañeda, reiteró que Boluarte ya no respondería más debido a presuntas filtraciones de las diligencias a los medios de prensa.

Cabe remarcar que su nuevo abogado Juan Carlos Portugal, también aseguró ante los medios que le había recomendado a la presidenta no volver a declarar ante la fiscalía alegando que las preguntas que se le formulan son filtradas a la prensa.

De esta manera escueta, Boluarte Zegarra dio por concluida cualquier posibilidad de que la Fiscalía de la Nación o la Procuraduría del Estado, pudieran ahondar en sus acciones, presuntamente ilícitas, a favor de Oscorima Núñez.

Su “waiky”, Oscorima Núñez, siguió los pasos de la mandataria, ya que nunca aclaró ante la autoridad fiscal las razones por las que entregó los relojes y joyas con diamantes en las seis oportunidades que acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte.

En sus dos declaraciones, como testigo y como investigado, el gobernador regional de Ayaucho no contestó ninguna pregunta durante la investigación fiscal.

De otro lado, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene a tres nuevos abogados acreditados para que asuman su defensa legal, no solo ante la Fiscalía de la Nación; sino también ante el Congreso de la República que tiene en sus manos el Caso Rolex.

Como se recuerda, hasta hace poco el abogado Mateo Castañeda, y su estudio de abogados ejercían su defensa en los diferentes actos de investigación en su contra, pero terminaron por renunciar luego de verse implicados en presuntos actos de corrupción junto a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.

Ahora, junto a Juan Carlos Portugal, también han sido acreditados Luis Castro, Cristian Saldaña y Piero Vílchez como sus abogados para asumir todos los casos que Boluarte Zegarra tiene pendientes ante la Fiscalía de la Nación.

Además, junto a ellos, que forman parte del Estudio Portugal, aún cuenta con el asesoramiento del abogado Joseph Campos, quien se mantiene al frente de la defensa legal sobre presunto genocidio por las muertes en las protestas sociales.

El abogado Juan Carlos Portugal, es un conocido en los pasillos judiciales. Entre los casos más emblemáticos están su asistencia legal para la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, en el caso Gasoducto Sur y Club de la Construcción.

Además, también ejerció la defensa del congresista Wilson Soto en el Caso “Los Niños” y asistió legalmente al exministro de Justicia Félix Chero, en el caso vinculado a presuntas irregularidades ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

También ha participado como abogado en el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, como defensa legal de la abogada Giulliana Loza y de la exsecretaria de Fujimori Higuchi, Carmela Paucará. Fue abogado de Adriano Pozo, denunciado por la excongresista Arlette Contreras por el presunto delito de feminicidio.

Y, recientemente se le adjudicó el contrato para asumir la defensa legal del exsecretario presidencial Luis Nava por un monto de S/200 mil; mientras que en el Poder Judicial también ganó en febrero un contrato para la defensa a la gerente Indira Camacho Miranda, investigada por presunta corrupción vinculada a un audio con el exjuez supremo César Hinostroza.

Según el portal de proveedores del Estado, Portugal Sánchez ha obtenido S/ 1′151,951.00 por órdenes de servicio o adjudicaciones con el Estado.

Entre las entidades están el Despacho Presidencial, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Autoridad de Transporte Urbano, el Poder Judicial, la Municipalidad de San Isidro, el Ministerio de Justicia, la Municipalidad de Lima, el Gobierno Regional del Callao, entre otras.

La cifra de los contratos no incluye aún el monto que recibirá por asumir la defensa de la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, su estudio de abogados como empresa figura con dos órdenes de servicios por el monto de S/59.250 con la Autoridad Nacional del Agua.

Es abogado por la Universidad Privada César Vallejo de Trujillo y tiene una maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Privada de San Martín de Porres.

Desde el año 2018 es abogado asociado al Estudio Jurídico Portugal Sánchez & Abogados y según este, es especialista en temas vinculados contra el patrimonio, crimen organizado, lavado de activos, en defensa de funcionarios y servidores públicos, y en defensa de empresas relacionadas a la minería ilegal y delitos medio ambientales, entre otros.

Fue abogado del congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, en la Denuncia Constitucional Nro.300 que se presentó en su contra, junto a otros tres congresistas, por el “Caso Los Niños” y que fue archivada en el Parlamento.

Según el Registro de Proveedores del Estado ha obtenido S/212.000 en órdenes de servicio, entre el 2019 y el 2024, con la Municipalidad del Callao, la Municipalidad de Ventanilla y la Municipalidad de Carmen de la Legua.

Es abogado por la Universidad Nacional de Ucayali y tiene una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Fue asistente del Juzgado Especializado en Delitos de corrupción de Funcionarios, así como asistente del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Actualmente es Asistente Legal en el estudio Jurídico Portugal. Es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y tiene Especialización en Derecho Penal y Nuevo Código Procesal Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.