Datum: El 79% cree que situación seguirá igual o peor con el nuevo ministro del Interior

La inseguridad ciudadana se ha convertido en el tema más urgente para la población y en el principal factor que afecta la aprobación a las autoridades. Los últimos días han estado marcados por movilizaciones y paros en diversas regiones del país, donde la ciudadanía ha salido a las calles no para exigir mejoras económicas, como ha sido tradicional, sino para pedir acciones concretas frente a la creciente violencia y criminalidad.

La declaración del estado de emergencia en Lima y Callao no ha logrado frenar la ola de extorsiones, homicidios y asaltos. El cambio de ministro del Interior tampoco ha generado expectativas. No fue una decisión estratégica del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad, sino una reacción obligada por la censura del Congreso. Aunque distintos sectores sociales habían exigido su salida, el nombramiento de Julio Díaz Zulueta ha sido recibido con escepticismo. Según la encuesta de Datum-El Comercio, el 79% de los peruanos considera que la situación se mantendrá igual o incluso empeorará con el nuevo titular del sector.

El ciudadano peruano es pragmático y espera resultados en el corto plazo. No hay confianza en la capacidad de gestión del gobierno, y por eso ninguna medida parece tener impacto real en la percepción pública. La popularidad de la presidenta Dina Boluarte permanece en niveles históricamente bajos, y las decisiones de su Gabinete no mueven la aguja.

Sin embargo, la demanda de resultados no se dirige únicamente al Ejecutivo. El Congreso, pese a haber promovido la salida del anterior ministro y declarado en emergencia a la Policía Nacional por 180 días, tampoco recoge respaldo ciudadano. La aprobación al presidente del Congreso ha caído al 4%, una cifra que representa uno de los niveles más bajos registrados para la cabeza del Legislativo.

La inseguridad no es solo una sensación; es una realidad que desborda la capacidad de respuesta del Estado y alimenta el desencanto ciudadano. Frente a este contexto, la reacción institucional ha sido lenta, desarticulada y, sobre todo, percibida como poco efectiva. La ciudadanía exige resultados, no discursos. Y mientras no se recupere la confianza en que las autoridades pueden garantizar condiciones mínimas de orden y seguridad, seguirá creciendo la frustración social y con ella, la presión sobre un sistema político cada vez más débil.

Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional