La "Ley que establece medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana“ (que agrupa los proyectos 7567/2023-CR, 10044/2024, 10189/2024-CR y 10266/2024-CR) recibió el voto a favor de 86 legisladores y quedó exonerada de la segunda votación con 81 votos.

La ley establece un conjunto de medidas extraordinarias para modernizar operativamente a la PNP y dotarla de mayores recursos. Según la norma, el objetivo es que dichas acciones sirvan para luchar de manera efectiva contra la criminalidad y así garantizar la seguridad ciudadana.

“Disponer medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional y modernización operativa, optimizar los recursos públicos, agilizar procesos operativos y priorizar la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía, con enfoque en resultados medibles y mediante la coordinación multisectorial”, señala el escrito.

La ley tiene una vigencia de 180 días calendario contados a partir de su entrada en vigor. Por otro lado, el Congreso precisó que no se aprobó la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional, pese a que estaba contemplado inicialmente en el dictamen previo al Pleno. Esta iniciativa finalmente no se incluyó en el paquete de proyectos a favor de la seguridad.

Exoneración de normas presupuestales para optimizar la gestión en el Mininter:

Servirá para facilitar y flexibilizar gestiones logísticas y presupuestales en favor de la Policía Nacional y el sector Interior, así como enfrentar de maneras más óptima el estado de emergencia decretado por la inseguridad ciudadana. Las modificaciones presupuestarias que se efectúen se orientan al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.

Medidas en materia de contrataciones del Estado:

Durante el periodo de emergencia, se autoriza la intervención inmediata del Mininter, así como de los gobiernos regionales y locales, para que adquieran bienes y servicios sin procesos administrativos ordinarios, con el fin de ejecutar acciones urgentes contra la inseguridad. Estas contrataciones estarán bajo control concurrente de la Contraloría General de la República.

Incentivo económico para el personal policial:

Este otorgamiento está autorizado por la Ley 32197, Ley que autoriza el otorgamiento de una entrega económica para el personal policial que de forma voluntaria preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.

Para implementar este beneficio, el Mininter ha sido exonerado de cumplir el artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2025 y no está obligado a seguir las normas que prohíben aumentos o ajustes en sueldos, bonificaciones, beneficios y otros conceptos económicos en las entidades gubernamentales.

Transferencias financieras adicionales:

Se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales a efectuar transferencias financieras a favor del Mininter, con el objetivo de financiar productos, actividades y proyectos previstos en el Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.

La transferencia debe ser aprobada mediante suscripción de convenio y acuerdo de concejo municipal en los gobiernos locales y acuerdo de consejo regional en los gobiernos regionales, los cuales se publican en el Diario Oficial El Peruano.

Reforma estructural:

El Mininter, junto con la Policía Nacional, tendrá un plazo de 90 días hábiles para evaluar el estado situacional del sector y plantear una propuesta de reestructuración de ambas instituciones.

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo a El Comercio que con las facilidades logísticas y presupuestales, lo urgente es cerrar la brecha de dotación vehicular, a través de la recuperación de unidades inoperativas, a fin de tener presencia policial permanente en las calles.

“Actualmente, hay 1.873 motos y 1.527 camionetas que están inoperativas, pero que son recuperables en medida que se tenga dinero para adquirir las partes y pagar a los talleres donde los puedan recuperar. También se pude alquilar vehículos. El renting de patrulleros, para presencia policial permanente”, dijo.

En tanto, señaló que existe un gran déficit de sistemas de comunicación en la PNP, por lo que se necesita adquirir radios para que los efectivos estén comunicados entre sí. Precisó que esta comunicación no se puede dar mediante el celular. Para ellos es mejor usar la radio con un sistema troncalizado.

“Hay que adquirir radios, ampliar el sistema para georreferenciar vehículos, mejorar las unidades de investigación criminal e inteligencia, e introducir la IA en la base de datos de la PNP”, agregó.

Por su parte, el experto en seguridad y crimen organizado, Frank Casas, precisó que para plantear una reforma hay que tener un plan y ese plan, bien que mal, ya existe, se llama “Mariano Santos Mateo al 2023″. En ese sentido, consideró que no tendría mucho sentido declarar en emergencia a una institución solo para fines de gestión presupuestal o logístico.

“Lo que hay que exigir es el Ministerio del Interior ejecute el Plan Mariano Santos. Dada la situación de crisis, ya no amerita crear un nuevo diagnóstico. En dicho plan se establece un norte concreto sobre cuáles son las prioridades a fortalecer en la PNP, bajo una lógica de cierre de brechas”, destacó.

Asimismo, Casas indicó que debido a la crisis actual, principalmente asociada con la microextorsión y el sicariato, lo urgente es cerrar las brechas en equipamiento, equipo humano y tecnologías de la información en la PNP.

“La situación no va a mejorar simplemente con flexibilizar la gestión presupuestal o logística. Se requiere que previamente exista una estrategia para enfrentar la extorsión y el sicariato, algo que el sector Interior no ha definido aun”, sostuvo.

Para Valdés, sería muy importante ampliar el Sipcot (Sistema de geolocalización de vehículos a través de la red), para poder distribuir personal estratégicamente en las ciudades más importantes del país. Actualmente, explicó que el sistema solo tiene alcance en Lima Metropolitana e incluso así no se utiliza en toda su potencialidad.

En tanto, a nivel de inteligencia e investigación, precisó que lo primero sería mejorar de inmediato las unidades de investigación criminal e incrementarle los gastos de inteligencia, pero con base a resultados.

"La investigación criminal es lo único que permite capturar delincuentes, además de la flagrancia. Falta que realmente se fortalezca y se reactive. Además, yo reactivaría la Diviac como una unidad transversal a la PNP y la fortalecería”, opinó.

Por otro lado, considera necesario introducir la inteligencia artificial en la base de datos de la PNP. Explicó que la cantidad denuncias es tan grande que solo con el uso de la IA se podría cruzar información y establecer conclusiones respecto a diferentes tipos de delitos. “Empezaría este proceso con las 58 mil denuncias vinculadas a la extorsión en los últimos tres años y medio“, manifestó.

Por su parte, Casas indicó que para investigar, producir inteligencia, o gestionar la tecnología, se requieren equipos humanos bien entrenados y preparados. Sin embargo, subrayó que aún hay muchos problemas en la gestión educativa para la formación del policía, principalmente en suboficiales. “Eso no se ha resuelto todavía”, expresó.

Por último, Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, refirió que es necesario invertir en la creación de más laboratorios de investigación criminal. Sugirió que debiera haber uno en cada macrorregión para tener un mínimo de capacidad de respuesta.

“También hay herramientas de tecnología que pueden trabajarse. Pero esto no sirve de nada si no hay una unidad policial altamente especializada para ello y una fiscalía que trabaje de la mano. Solo así se obtendrán resultados”, añadió.

EL PERFIL DEL SICARIO EN EL PERÚ