Luz Pacheco: “No queremos promover un blindaje a quien sea el presidente de la República”

-El congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) ha presentado un proyecto para reducir de dos a un año el tiempo para presidir el Tribunal Constitucional ¿Qué le parece esa propuesta?

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Yo lo que pienso es que más que todos los magistrados puedan ser presidentes, lo que importa siempre, en el servicio público, es que la persona que esté a cargo pueda cumplir con esa función adecuadamente. Entonces, creo que el que sea obligatorio que todos sean (presidentes) o una cosa por el estilo, no facilita el verdadero servicio que esperamos. Respecto al tiempo, lo que yo llevo ahora, por ejemplo, tenemos muchos planes por delante de implementación de la Inteligencia Artificial y medios tecnológicos para superar la demora excesiva que tenemos en emitir resolución. Entonces, uno en un año recién pone las bases, y, en el segundo, ya se empiezan a ver los resultados; cortar cada año no creo que facilite ese buen servicio que tenemos que dar, pero no hago cuestión de Estado.

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-Hay un caso que tiene componente político, pero también legal, que es lo ocurrido en Pataz. El TC emitió hace poco una sentencia respecto al Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), ¿Puede tener algún efecto para evitar casos como Pataz?

Primero, se tiene que tener en cuenta que los magistrados hemos afirmado unánimemente que no puede haber un sistema de exención penal como un mecanismo de formalización e, incluso, la sentencia de mayoría invoca a los poderes del Estado para que no empleen ese mecanismo que se ha demostrado tan perjudicial para el país.

-¿Quién debe hacer esa corrección. Porque, finalmente el tema de la extensión de esta exención ha venido de parte del Congreso?

Corresponde al Congreso que siempre afirma que quiere y va a cumplir con la sentencias del Tribunal Constitucional y que me imagino, como ustedes, debe estar preocupadísimo de que vuelva la paz al país y cortar toda esta sangría a través del dinero ilegal que se obtiene.

-Emitida la sentencia, ¿Qué es lo que tendría que hacer el Congreso en este momento respecto a su cumplimiento?

Cuando formule la prolongación del sistema Reinfo no puede seguir incluyendo la exención penal, eso es lo que debe de hacer.

-Para los que no entiendan el efecto, en términos más sencillos, ¿qué significa?

Sí, lo que está diciendo es que no se puede decir que una persona que cometa delitos, que tengan una responsabilidad penal, que, por estar inscritos en ese registro, no son responsables penales; porque lo que se ha comprobado es que este tipo de minería perjudica mucho al medio ambiente y ha traído consigo el uso de armas y explosivos, no para lo que corresponde; sino para otros fines. Entonces, si se hace daño al medio ambiente y se comete una serie de ilícitos o de delitos, no por estar en el Reinfo, va a ser una carta blanca para actuar.

-¿Esta extensión de la exención no cree que ha generado en un tema de impunidad?

Hay que distinguir entre minería ilegal y la informal. Hay informales que sí se están regularizando. De hecho, he leído que ya el Ejecutivo ha eliminado del registro a un buen número que tenía suspendido el registro en el tiempo, eso no puede ser. El Estado tiene que ser más diligente. No puede haber personas que estén en ese registro sin hacer más trámite, solamente cumplen con inscribirse y después no dan un paso más para realmente formalizarse.

-Pero todo, con la finalidad que se genere un clima de impunidad por parte de estos mineros que se creen inmunes a la ley amparados en la exención penal...

Exacto, se creen porque lo son [inmunes a la Ley], lamentablemente por mandato de esa norma, y aquí, lo que hemos dicho todos los siete [magistrados] es que eso no puede seguir. No se puede dar licencia para matar, por decir así, no se puede dar licencia para cometer delitos por más noble que pueda ser la causa de que alguien tenga un trabajo, ese no puede ser el precio.

-Otro de los temas es el caso de la demanda competencial que ha presentado al Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, por la interpretación del Artículo 117 de la Constitución y las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte. Usted anunció de que la sentencia se daría en mayo, ¿de todas maneras se resolverá este mes?

Yo dije que era nuestra meta, que es muy distinto. Además, expliqué que somos siete personas y que siete lleguemos a un acuerdo a la primera oportunidad, es difícil, pero sí hemos tenido conversaciones informales. Con un magistrado, con otro…hemos ido acercando posiciones, porque, al menos yo, considero que es un tema de suma urgencia para la estabilidad democrática. Me parece que es fundamental que quede claro cuáles son las competencias de cada uno, en este caso del Poder Ejecutivo y la capacidad del Ministerio Público para la investigación.

-¿Ya se agendó el debate para la resolución del caso en el pleno del TC?

Sí, ya se ha agendado para su debate. Va a empezar este 23 de mayo. No estará uno de los magistrados, porque estará de vacaciones, por tanto él no podría votar si es que llegamos a votar en ese momento y hay que esperar a su regreso para que él vote. Pero si, por ejemplo, no se llega a la decisión y se ve que se debe hacer más ajustes, entonces volveremos a reunirnos para sacarlo.

-¿En el escenario de qu el TC le de la razón al Ejecutivo, todos los casos que actualmente se siguen contra la presidenta Dina Boluarte, tendrían que archivarse?

No necesariamente, el Código Procesal Constitucional lo que nos indica es que en estos casos el tribunal tiene que pronunciarse sobre los efectos jurídicos de las acciones, decisiones o actos jurídicos que se hayan realizado. Justamente esa la evaluación, qué hacemos con lo que se ha realizado, qué se puede hacer para adelante; porque no se trata aquí de la señora Dina Boluarte, se trata de la Presidencia de la República, sea quien sea, y esa es nuestra responsabilidad histórica, poder defender el modelo que tenemos en nuestra Constitución.

-Pero ¿qué sucede con los actos ilícitos o ilegales notorios y notables, que no pueden ser investigados solo por tener el cargo presidencial y esperar a que concluya toda la gestión?

Yo creo que esa preocupación también la tenemos nosotros, porque no se trata de fortalecer una impunidad, eso no puede haber. Por eso, es una decisión difícil, encontrar el límite adecuado de preservar la institución presidencial y de no favorecer una impunidad. Es una experiencia dolorosa en nuestro país el hecho de que tengamos tantos presidentes anteriores que están procesados, pero también eso nos demuestra que después de los cinco años los han podido procesar; o sea, lo que hay que evitar es que se pierdan las pruebas. Hay cosas que se han hecho, vamos a interpretar si se tienen que seguir haciendo en el futuro o no, pero que sepan que no queremos, en modo alguno, promover un blindaje a quien sea el Presidente de la República, pero sí queremos, a la vez, preservar la gobernabilidad del país.

-Sobre el alcance de los efectos de la sentencia, ¿alcanzaría a los casos de Pedro Castillo?

Claro. Nuestra decisión, también somos conscientes de que eso va a incidir en cualquier otro presidente que haya habido. Realmente, los efectos de la sentencia son para adelante, pero lo que se diga yo creo que valdrá para todo aquel que ha ocupado la presidencia, eso de todas maneras, sí.

-¿Entonces, para confirmar, el 23 de mayo se iniciará el debate de la demanda competencial?

Sí, como es un tema tan complejo y no es el único. Tenemos otros temas que se van a ver ese día, la Extinción de Dominio, la competencia entre Ministerio Público y el Congreso sobre la función de la Policía y otros que son temas de tutela.

-Había otra demanda de amparo, directamente de Dina Boluarte contra el Ministerio Público, por la denuncia en las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

Ese caso se resolverá después del competencial, porque el competencial va a delimitar las funciones de cada quién y con eso ya se podrá resolver. También el caso del señor Pedro Castillo, un habeas corpus (vinculado a un juicio por el delito de rebelión), que decían por qué no habíamos decidido, bueno, porque hay un competencial, entonces vamos a decidir también sobre el señor Castillo, un tema similar (inmunidad presidencial).

-Cómo evalúan desde el TC estos vaivenes políticos, los cambios de ministros constantes y el desborde de la criminalidad organizada...

Bueno, esta es una opinión personal porque no he conversado esto con los otros magistrados, pero he experimentado igual, la incertidumbre, la preocupación; me da esperanza a leer lo que está diciendo el nuevo premier de que se considera que el señor (Gustavo) Adrianzén ha puesto lo que ha podido, y estoy convencida que con honradez, pero ha faltado efectividad. Ahora, ellos quieren corregir eso y por el bien del país hay que darle espacio para que lo demuestren.

-¿La presidenta lleva más de 200 días sin dar alguna conferencia a la prensa, es dable que la cabeza del gobierno muestre ese silencio?

Esta también es una opinión personal, yo me imagino que su no acercamiento a la prensa es porque se le va a preguntar justamente por todas las carpetas fiscales; y por otro lado, se supone que son carpetas reservadas y no podría estar pronunciándose al respecto; y a lo mejor considera que su presidencia en vez de facilitar el diálogo lo va a dificultar, porque se van a concentrar en su persona y no los problemas del país.

-¿Qué objetivos de su agenda espera concluir en su gestión?

Son dos objetivos básicos que desde que asumí el cargo. El primero, acelerar nuestras decisiones, porque de verdad nos demoramos demasiado, hay (casos) que tienen tres años o uno que ha tenido hasta cuatro, y eso es una grave injusticia para los ciudadanos. Entonces nosotros ponemos nuestro mayor esfuerzo, pero ¿qué ocurre?, tenemos muy poco personal, por un lado. Hay una comisión que tiene más de mil casos y solo hay tres personas, creo que hay que compaginar el uso de medios tecnológicos. Necesitamos inteligencia artificial generativa, que pueda, por ejemplo, poniendo los datos del expediente, debidamente clasificados e identificados, hacer un resumen de los antecedentes, porque hoy por hoy, para hacer un resumen de un expediente que tiene cuatro, siete tomos, se demoran varios días. Hemos hecho la prueba y ese mismo resumen hecho por inteligencia artificial, demora dos minutos y sin una palabra que sobre. Ahora, lo que tenemos que prever son dos cosas, que no cometa errores y eso requiere la revisión siempre de parte de los asesores; y lo segundo, la seguridad, porque todo lo que está allí es una información de alguna manera confidencial de las personas. También tenemos que ver costos (…) Entonces, eso es para mí, celeridad por un lado y que todo el personal con el que contamos este debidamente remunerado y contratado como corresponde.

-¿Sobre la aplicación de la IA, han pensando en qué tipo de expedientes se aplicará primero? ¿hay un piloto? ¿en qué etapa se usará?

Sí, efectivamente, vamos a empezar como un piloto. Por otro lado, habrá mucha transparencia de parte nuestra para que la ciudadanía conozca en qué parte del proceso y para qué hemos utilizado la inteligencia artificial. Lo que no va a ocurrir es que la inteligencia artificial sea la que emita las decisiones, porque el juez natural es el ser humano. Lo que se hará es juntar los datos, agruparlos, como en este Tribunal (de Brasil) con el que queremos cerrar el convenio, ellos también tienen, por ejemplo, toda la jurisprudencia del propio tribunal, entonces a la hora de usar la Inteligencia Artificial nos dará lo que ha decidido el tribunal en casos similares al que está revisando.

-¿Usted llegó a presentar la denuncia por esos actos de presunto seguimiento a magistrados del TC, que informó en su momento?

No presenté la denuncia porque me parecía un poco contradictorio decir, señor del Ministerio Público denuncio que ustedes me están haciendo un seguimiento, no me parecía razonable. Lo que sí, he hablado el otro día con la fiscal de la Nación, a raíz del inicio del año fiscal, y ella me volvió a insistir que, en ningún momento, ha dado esa orden y a Dios gracias, nosotros no hemos vuelto a tener ya ninguna comunicación en ese sentido.

-Respecto al caso de la influencia del exministro Juan José Santiváñez y la mención de algunos magistrados del TC ¿Fueron citados por la fiscalía, les han requerido información?

Nos han pedido muchísima información, un día tras otro, tras otro, Estábamos un poco asombrados de ver tanta diligencia en este asunto que ojalá que culmine pronto para que haya claridad. Han citado a todos los magistrados a esa sala; a mí me citaron por otro motivo distinto, que alguien había dicho que yo tenía vinculación con no sé quién, cosas sacadas del bolsillo de una persona, pero se ve que la fiscalía quiere poner celeridad (…) Entonces, ahorita, como le digo, se han recogido testimonios, hemos dado muchísima información. Me parece que la semana pasada hemos terminado de dar más información de expedientes, de tramitaciones de personas que intervinieron, no tenemos nada que esconder y estamos dando todo lo que nos piden.

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