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El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó la medida de allanamiento y la incautación de equipos que sufrió el periodista Juan Carlos Tafur como parte de la operación “Valkiria XI” contra presuntos miembros de la organización criminal que encabezaba Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.
En un comunicado este miércoles 24 de abril, el gremio dijo que rechazaba esta disposición fiscal aprobada por el Poder Judicial por ser una “medida gravemente intrusiva” que obvia el derecho fundamental a la reserva de fuentes que tienen los periodistas.
“Contrariamente a la Constitución y al Código Procesal Penal, la decisión judicial omite valorar la gravedad de las imputaciones y su excepcionalidad, la absoluta necesidad de la medida, su proporcionalidad y los controles que se deben implementar para evitar que sus efectos se extiendan más allá de lo estrictamente necesario para la investigación”, evaluó el instituto.
El allanamiento de unos 21 inmuebles por parte de miembros del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) alcanzó a diversos investigados implicados en la supuesta organización liderada por Benavides. Entre ellos, está el periodista y director del portal “Sudaca”.
En el esquema presentado por la fiscalía y reproducido en el documento firmado por el juez Raúl Justiniano, se le atribuye el rol de “operador” de la red por el que fue incluido en el caso el pasado 13 de marzo con otras once personas.
En las diligencias, fueron incautados computadoras, celulares y otros equipos de comunicación del periodista, además de que se ordenara el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
Según IPYS, todo esto es consecuencia de la publicación de un reportaje que la fiscalía considera que buscaba desprestigiar a Marita Barreto, fiscal a cargo del Eficcop. Además, habría coordinado con un investigado del caso Los Cuellos Blancos, el abogado José Luis Castillo, para promover la destitución de fiscales.
El instituto de prensa recordó que anteriormente han cuestionado la investigación contra el periodista Gustavo Gorriti, a pesar que defienden la posibilidad de los hombres y mujeres de prensa puedan ser sometidos a investigaciones como cualquier ciudadano. El IPYS señala que no se puede comprometer el ejercicio a la libertad de expresión y que las autoridades judiciales están obligadas a respetar este derecho fundamental.
“Específicamente nos referimos al derecho de reserva de las fuentes, que se rompe cuando existe un levantamiento del secreto de comunicaciones. Esto incluye la libertad de usar fuentes que son objeto de imputaciones del Ministerio Público, sin merecer represalias; así como la de ejercer discrecionalmente una línea editorial crítica a la actuación fiscal”, advierten.
