Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo; y el ministro de Justicia, Eduardo Arana. (Foto: Ministerio de Justicia)
Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo; y el ministro de Justicia, Eduardo Arana. (Foto: Ministerio de Justicia)
Redacción EC

El advirtió sobre los peligros de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del Pueblo, , contra la ley de extinción de dominio, al asegurar que esta norma ha permitido recuperar millones de soles de manos del crimen organizado.

“Exhortamos al Defensor del Pueblo que en el ejercicio de sus funciones priorice y defienda los intereses de la ciudadanía, ya que la eliminación de la extinción de dominio afectaría todo lo avanzado en el marco de la lucha contra la criminalidad y delitos graves”, indicaron en un comunicado.

LEE TAMBIÉN: El defensor del Pueblo sobre la situación en Venezuela: “Yo no podría decir si hay democracia o no”

Josué Gutiérrez, según la demanda de inconstitucionalidad a la que tuvo acceso El Comercio, ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la vigencia del Decreto Legislativo 1373 que establece el procedimiento de extinción de dominio vigente desde el 2018.

Según Gutiérrez, quien fue abogado del prófugo Vladimir Cerrón, diversos artículos de la norma sobre extinción de dominio vulneran el derecho de propiedad y los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica, entre otros.

Ante esto, el Ministerio de Justicia aseguró que la eliminación de esta norma tendría una “incidencia directa” en la labor de instituciones como el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y las Procuradurías Públicas, todas partes del Subsistema de Extinción de Dominio. Asimismo, afectaría la operatividad del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

LEE TAMBIÉN: Se instala Comisión Especial que elegirá a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia

El ministerio recordó que este tipo de procesos de extinción de dominio han permitido recuperar a favor del Estado más de S/ 250 millones en activos, bienes o ganacias productos de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.

Finalmente, expresaron su confianza en la labor del Tribunal Constitucional para interpretar la Constitución en beneficio de todos los peruanos.

En esa línea, piden al TC que vele “preferentemente por los derechos de la ciudadanía sobre otros intereses evidenciados” en la demanda del defensor Josué Gutiérrez.