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Según el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), durante la gestión de la suspendida Patricia Benavides, habría operado una presunta red criminal con vínculos políticos que habría sido dirigida por la ex fiscal de la Nación (FN) e integrada por funcionarios que se desempeñaban como asesores de la FN.
Por ello, como parte de sus primeras acciones, el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana, requirió con carácter de “urgencia” la renuncia de todos los gerentes de las diversas oficinas del Ministerio Público (MP), entre ellas de puestos claves.
La mayoría de los funcionarios ocuparon los cargos gerenciales durante la gestión de Benavides Vargas.
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Teniendo esto como antecedente, Villena Campana busca desterrar cualquier residuo de la presunta organización criminal que se hubiere constituido en la gestión de su antecesora.
Y es que, las investigaciones del Eficcop han dejado claro quiénes y la forma en que habría operado Benavides Vargas a través de sus funcionarios de mayor confianza.
“La cúpula completa de asesores de la fiscal de la Nación”. Así es como se conoce en la investigación del grupo de fiscales a los asesores directos de Benavides Vargas. Estos son: Jaime Javier Villanueva Barreto, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza.
Los tres laboraban como asesores del despacho de la FN de la gerencia central de despacho de la Fiscalía de la Nación.
La red habría sido constituida desde el 1 de julio del 2022, al inicio de la gestión de Benavides Vargas, manteniendo su permanencia hasta la actualidad.
“Por todo lo expuesto, se advierte evidentemente que las influencias ilícitas realizadas por Jaime Javier Villanueva Bareto, siempre estuvieron ejecutadas bajo al dirección de máxima autoridad del Ministerio Público, Liz Patricia Benavides Vargas, puesto que sus intereses son lograr una permanencia excepcional en el cargo de fiscal de al Nación, y para ello es necesario que ante una eventual remoción de la Junta Nacional de Justicia, el defensor del Pueblo sea quien presida la comisión especial de selección de miembros de esa entidad, que hasta el estadío de esta investigación, existen graves indicios que la cúpula del Ministerio Público haya extendido sus influencias ilícitas en la designación de este alto funcionario del Estado”.
EFICCOP
VALKIRIA V
Ante este panorama, el actual fiscal de la Nación (i) requirió la renuncia de la gerente general del MP, la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, el jefe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la directora de la Carpeta Fiscal Electrónica UE011, los gerentes centrales, los subgerentes, así como los asesores del despacho de la Fiscalía de la Nación y los asesores de la Gerencia General.
“Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, con la finalidad de solicitarles con carácter de urgencia se sirvan poner su cargo a disposición en la fecha”, requirió Villena según un oficio obtenido por El Comercio.
A esta decisión, le anteceden otras resoluciones expedidas por Villena Campana en la que da por concluidas las designaciones del fiscal provincial Marco Huamán como jefe del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales y de Marena Mendoza como coordinadora del Equipo Especial Lava Jato , quienes presentaron sus renuncias respectivas.
Hasta el cierre de este informe se desconocía cuál sería la decisión del Fiscal de la Nación (i) respecto a la situación del fiscal Helder Uriel Terán Dianderas, fiscal supremo provisional transitorio designado por la suspendida Benavides Vargas en el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Algunas fuentes han indicado que Terán Dianderas ya habría sostenido una reunión con la cabeza del MP, pero no han trascendido más detalles.
Villena Campana, por el momento, señalaron las fuentes, no ha ocupado las oficinas de la Fiscalía de la Nación.
Fiscal supremo provisional Uriel Terán, designado por la suspendida Patricia Benavides, aún figura como responsable de la Segunda Fiscalía Suprema para delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Auditoría y transferencia
Entre otras de sus primeras acciones, el fiscal de la Nación (i) ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República a fin de que pueda realizar una auditoría de gestión de la institución.
Villena Campana remitió el oficio al contralor Nelson Shack con fecha 13 de diciembre.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, en mi condición de Fiscal de la Nación (i), para efecto de solicitarle que, en el marco de las funciones de control que le son inherentes, se sirva disponer una auditoria de gestión y fiscalización de carácter multidisciplinario, dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión del Ministerio Público”, indicó.
FN (i) Juan Carlos Villena Campana pidió la intervención de la Contraloría General de la República en el MP.
No solo eso, a través de la Resolución N°. 3447-2023-MP-FN obtenida por este Diario, dispuso la conformación de un Equipo de Transferencia de Gestión que tendrá como misión la revisión de los actos realizados por su antecesora.
“En ese contexto, con la finalidad de garantizar una sucesión eficaz de la gestión y la continuidad en la prestación de los servicios públicos a cargo del Ministerio Publico, la gestión de los recursos públicos, promover la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas, resulta necesario conformar el precitado equipo de trabajo”, señaló en el documento.
El equipo está conformado por 10 funcionarios. Dos fiscales supremos adjuntos, una fiscal provincial, analistas de fiscalía, de la Oficina de Cautela de los Actos de Administración Interna, de la Oficina de Cautela de los Actos de Administración Interna y de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
