![Hania Pérez de Cuellar: “Estoy convencida de que esos 4 millones [de Sada Goray] son la punta del iceberg”](https://elcomercio.pe/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcdn.jwplayer.com%2Fv2%2Fmedia%2Fnswr5J29%2Fposter.jpg?auth=6231ab6a0623bf8bae353a1fa577956ba4423dcbfb86b994be408db3288f9f0d&width=580&height=326&quality=75&smart=true)
Tren Lima - Chosica: la verdad de la donación de vagones y locomotoras que le costará US$ 24 millones a Lima
La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó que el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado paguen S/5′628,691.48, de manera solidaria, como reparación civil a favor del Estado como parte del proceso judicial por los casos “MTC-Puente Tarata”, “PetroPerú” y “Ministerio de Vivienda”.
A través de un escrito presentado ante el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, el procurador general Daniel Soria solicitó que su despacho se constituya como actor civil en el proceso contra la presunta organización criminal que habría liderado el exmandatario.
En el mismo documento, al que accedió El Comercio, se detallan las razones y hechos por los que cada uno de los imputados deberá pagar un monto establecido por la defensa del Estado.
MIRA: Comisión de Ética cierra filas y blinda a Alejandro Soto: los casos que decidió no investigar y quiénes lo salvaron
El monto solicitado es “provisional” teniendo en cuenta que a medida que se desarrolle el proceso, se podrían establecer mayores daños.
“La Procuraduría General del Estado, en representación del Estado peruano, solicita a su despacho su constitución como actor civil en la presente causa, la misma que viene siendo tramitada en contra de José Pedro Castillo Terrones, Juan Francisco Silva Villegas y Geiner Alvarado López, en calidad de autores, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Organización Criminal (…) todos ellos en agravio del Estado”, requirió el Soria.
En estos casos, Castillo Terrones, Silva Villegas y Alvarado López vienen siendo investigados por los presuntos delitos organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravada.
Los hechos y montos solicitados
El pedido de la Procuraduría General del Estado ante el Poder Judicial señala que se debe tener en cuenta que la presunta organización criminal -liderada por Pedro Castillo e integrada por Juan Silva y Geiner Alvarado- habría tenido como finalidad copar diferentes entidades del Estado, con miembros a fines con el objeto de cometer distintos actos de corrupción.
De allí que, entre otros hechos, se advierte que Castillo, usando su cargo presidencial y como posible líder de la organización criminal, habría gestionado la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de PetroPerú,
Con la designación de Chávez Arévalo, a su vez, se buscó copar PetroPerú con personas afines a los intereses de la organización criminal; y de esta manera concretar el direccionamiento del proceso a favor de la empresa Heaven Pretroleum Operators S.A.
Añade que el vacado exmandatario designó a Silva Villegas como ministro de Transportes y Comunicaciones con el mismo propósito de buscar personas que contribuyan a sus intereses ilícitos y éstas sean colocadas en puestos claves dentro de dicha entidad.
Es así que, tras lograr el copamiento, habrían controlado y direccionado los procedimientos de contratación pública a favor de empresarios que habrían formado parte de la organización criminal y de los que apoyaron en la campaña presidencial, entre ellos, la Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21, al Consorcio Puente Tarata III.
Daniel Soria, procurador general del Estado, solicitó reparación civil en los Caso Puente Tarata, PetroPeru y Ministerio de Vivienda en contra de Pedro Castillo y sus exministros. (Foto: Difusión)
Se menciona además que Pedro Castillo dispuso la designación de Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y éste a su vez nombró a Salatiel Marrufo Alcántara como jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial y a Durich Francisco Whittembury Talledo como secretario general del sector.
En las imputaciones se añade que se habrían designado a terceras personas afines a los intereses de la organización criminal en la Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, Dirección del Proyecto Nacional de Saneamiento Urbano y Dirección del Proyecto Nacional de Saneamiento Rural.
Por ejemplo, se indica, habrían dispuesto el direccionamiento de los proyectos de saneamiento urbano y rural por parte de la organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, por lo cual se habría gestado el Decreto de Urgencia N.º 102-2021, favoreciendo a familiares directos y allegados de Pedro Castillo.
Por ello, la Procuraduría General del Estado ha precisado que del monto global solicitado, Castillo pague la suma de S/1′600,000.00 y Silva Villegas S/300,000.00.
Mientras que, entre Castillo y Silva paguen solidariamente S/1′000.000.00; y entre el expresidente y Alvarado Lopez la suma de S/2′728,691.48.
“Es necesario precisar, que los montos fijados respecto al hecho 4, deberán ser pagados solidariamente entre los imputados José Pedro Castillo Terrones y Juan Francisco Silva Villegas. Asimismo, respecto al monto calculado en el hecho 7, deberá ser pagado de manera solidaria entre los imputados José Pedro Castillo Terrones y Geiner Alvarado López”, se puntualizó en el requerimiento.
El requerimiento de constitución civil presentando por la procuraduría, así como el análisis del monto inicial solicitado, deberá ser evaluado en audiencia pública por el juez Checkley Soria.
