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La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema participar en la audiencia pública -del miércoles 16 de noviembre- en la que se evaluará la apelación que presentó el presidente Pedro Castillo contra la investigación de la Fiscalía de la Nación por presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Fuentes vinculadas al caso indicaron a El Comercio que el procurador general Daniel Soria presentó un escrito solicitando al tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, permitirle participar en la diligencia.
Además, pidió que valoren los argumentos presentados por la PGE en el que remarcan “la constitucionalidad de las investigaciones en trámite contra el presidente”, resaltando que el 117 de la Constitución sí permite investigar a un presidente en ejercicio del cargo.
En mayo, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez decidió incorporar a Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
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Ante ello, el abogado Benji Espinoza, defensa legal del jefe de Estado, interpuso la primera tutela de derechos pidiendo que se anule dicha investigación puesto que, a su criterio, el artículo 117 de la Constitución no prevé que un presidente en ejercicio sea investigado por presuntos delitos de corrupción o crimen organizado.
Además…
Artículo 117 de la Constitución: "el presidente de la República “solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
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Sin embargo, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley resolvió, en primera instancia, que el pedido para anular la investigación de la Fiscalía de la Nación no era procedente puesto el artículo 117 no impedía la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables.
Tras la decisión del juez Checkley, la defensa legal del presidente apeló la decisión que será analizada la próxima semana.
Precisamente, Castillo Terrones también acreditó, además de Benji Espinoza, a su abogado Eduardo Pachas como parte de su equipo legal para participar en la audiencia.
