Documentos de sustentación del Decreto de Urgencia 102-2021 se emitieron en solo 12 horas

Unidad de Investigación

Una parte fundamental de los documentos internos del Ministerio de Vivienda, que fueron la base técnica y legal del Decreto de Urgencia 102-2021 –el cual autorizó el financiamiento de obras en distritos como Anguía (Chota, Cajamarca) que ahora están bajo investigación fiscal–, se expidió en unas 12 horas, el viernes 22 de octubre del 2021, una semana antes de la promulgación de la norma.

Luego de revisar la documentación del decreto, El Comercio halló que ese día, entre las 7:49 a.m. y 8:02 p.m., se emitieron al menos 20 informes y memorándums, suscritos por una cantidad similar de funcionarios, que pertenecían a cinco áreas distintas de Vivienda: el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica.

MIRA: Mensajes, chats y documentos contradicen al ministro Geiner Alvarado sobre el Decreto de Urgencia 102-2021

Al día siguiente, el sábado 23 de octubre, el entonces secretario general del Ministerio de Vivienda, Francisco Whittembury, envió un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante el cual formalizaba la presentación de la propuesta de la norma. Adjuntó los documentos de la sustentación técnica y legal para el decreto, que autorizó el gasto de S/520 millones para 133 proyectos en diferentes regiones del país.

En ese entonces, el titular del sector era Geiner Alvarado, investigado por la Fiscalía de la Nación por ser parte de la presunta red criminal que operaba en Vivienda, la cual encabezaría el presidente Pedro Castillo.

Ante la fiscalía, Alvarado, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, afirmó que el decreto tuvo como origen un informe del MEF, del 12 de octubre del 2021. No obstante, como reveló este Diario, existen documentos oficiales, mensajes enviados por correo electrónico y vía WhatsApp que contradicen esa versión.

Conexión alterna

Aquel 22 de octubre, entre las 8:49 a.m. y las 4:21 p.m., en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) se expidieron por lo menos ocho documentos relacionados al Decreto de Urgencia 102-2021, el cual fue publicado el 29 de octubre con las firmas del presidente Castillo, los ministros Geiner Alvarado y Pedro Francke (MEF), y la entonces jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez.

Se trata de informes y memorándums sobre aspectos de presupuesto, legales y administrativos con los que se buscaba sustentar y viabilizar la aprobación de la norma. En tal sentido, funcionarios de las oficinas de Gestión Territorial, Planeamiento y Presupuesto, de Administración, Asesoría Legal, así como de Abastecimiento y Control Patrimonial, emitieron documentación al respecto en unas siete horas.

En ese momento, el PNSU tenía como director ejecutivo encargado a Norberth Bustamante Mondragón (49 años), natural de Chiclayo (Lambayeque). Él es ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca y obtuvo un magíster en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde también estudiaron Geiner Alvarado y su exasesor Salatiel Marrufo.

Bustamante emitió dos documentos, uno enviado a Jackeline Castañeda, directora general encargada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del ministerio; y otro a él mismo, pues conservaba su puesto de “responsable de la Unidad de Gestión Territorial [del PNSU]”.

Unas semanas después, el 1 de diciembre del 2021, Bustamante fue intervenido junto a otros funcionarios por la fiscalía anticorrupción, durante un megaoperativo realizado por el caso de la red criminal Los Gestores, que incluyó el allanamiento de las sedes de Vivienda y el MEF. Según las pesquisas, funcionarios de estas entidades supuestamente cobraban a alcaldes y gobernadores regionales el 5% del monto de los proyectos de obras públicas que se aprobaban.

En el reporte oficial, al que accedió El Comercio, figura que Bustamante es investigado por tráfico de influencias. En ese caso, iniciado por la Primera Fiscalía Anticorrupción en el 2018, tiene la condición de “imputado”.

El funcionario fue removido de su cargo el 4 de diciembre. Había sido designado en el 2017.

En simultáneo

En el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) se emitieron cinco documentos técnicos y legales que forman parte del expediente del decreto de urgencia. El primer informe se remitió a las 7:49 a.m. y el último a las 4:39 p.m. del 22 de octubre.

En este órgano ministerial participaron funcionarios de las oficinas de Proyectos, de Gestión Territorial, de Presupuesto, de Asesoría Legal y la Dirección Ejecutiva. Ellos se centraron en sustentar la demanda adicional de presupuesto “con cargo a los recursos de la reserva de contingencia” para financiar obras de servicio de agua y saneamiento correspondientes a su área.

Entre agosto del 2021 y marzo de este año, el director ejecutivo del PNSR fue el ingeniero José Kobashikawa, de 43 años, quien sigue en Vivienda como titular del PNSU.

Según información obtenida por este Diario, Kobashikawa registra dos investigaciones abiertas en fiscalías anticorrupción de Lima y Loreto. En la capital, el caso es de este año y se lo investiga por negociación incompatible y concusión. En la región amazónica se trata de una pesquisa iniciada en el 2020.

En tanto, la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), en conjunto, expidieron siete informes y memorándums sobre el decreto, entre las 5:12 p.m. y las 8:02 p.m.

En ese momento, Fernando Alarcón Díaz, como director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, envió su opinión legal a la secretaría general de la entidad sobre el proyecto del decreto, que consideró “viable”. En noviembre, renunció al puesto.

Alarcón es investigado por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima por casos abiertos en el 2018 y 2020, por los delitos de negociación incompatible, colusión y defraudación patrimonial al Estado. Asimismo, en Ucayali, estuvo bajo investigación fiscal desde el 2015 por corrupción.

En tanto, la entonces directora general de Planeamiento y Presupuesto del ministerio, Jackeline Castañeda, emitió su “opinión favorable” sobre el proyecto de la norma. Luego fue asesora del ministro Alvarado, hasta el 4 de octubre.

Castañeda, nacida en Cajamarca, fue una de las funcionarias que participaron en una reunión irregular en un departamento en Surquillo, donde estaban los empresarios Alejandro Sánchez y Abel Cabrera, y el alcalde José Medina, amigos del presidente Castillo. La exviceministra Elizabeth Añaños denunció que Marrufo, cuando era asesor del ministro Alvarado, les indicó que fueran al domicilio a dar una exposición técnica.

Asimismo, en su condición de titular del PMIB, Ernesto Mosqueira hizo traslado del pronunciamiento a favor de la “transferencia financiera a diversos gobiernos locales”, en relación con el decreto, en un informe remitido al entonces viceministro de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Santa María.

Mosqueira salió de Vivienda en abril. A fines de mayo fue designado director ejecutivo adjunto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Celeridad sospechosa

En diálogo con este Diario, la exviceministra Fabiola Caballero, con experiencia en gestión pública, consideró que la premura con que se emitieron documentos técnicos para el decreto de urgencia es un indicativo de posible irregularidad.

“Es un proceso de varios días. Por eso resulta inaudito que en un solo día haya coincidido la expedición de informes de todas las oficinas y direcciones de áreas competentes, además de las aprobaciones respectivas”, declaró la economista.

1

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)

Documento enviado por: Norberth Bustamante Mondragón

Cargo: Responsable de la Unidad de Gestión Territorial

Hora: 8:49

Documento enviado por: Gerardo Rodríguez Negrón

Cargo: Coordinador de Presupuesto

Hora: 9:24

Documento enviado por: Roberto Pedreschi Plasencia

Cargo: Responsable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Hora: 9:34

Documento enviado por: Raúl Sánchez Candela

Cargo: Coordinador del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial

Hora: 9:35

Documento enviado por: Armando Carpio Calderón

Cargo: Responsable de la Unidad de Administración

Hora: 9:40

Documento enviado por: Miryam Bejarano Cabrejos

Cargo: Abogada de la Unidad de Asesoría Legal 

Hora: 14:17

Documento: Rafael Urbano Malásquez

Cargo: Responsable de la Unidad de Asesoría Legal

Hora: 16:00

Documento: Norberth Bustamante Mondragón

Cargo: Director ejecutivo (e)

Hora: 16:21

2

Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)

Documento enviado por: Tirza Ponce Barnett

Cargo: Monitoreo de proyectos

Hora: 7:49

Documento enviado por: Segundo Urteaga Díaz

Cargo: Jefe de unidad (s) de la Unidad Técnica de Gestión Territorial

Hora: 8:48

Documento enviado por: Giancarlos Collazos Iberico

Cargo: Analista de Presupuesto del Área de Presupuesto 

Hora: 9:28

Documento enviado por: Roy Bravo Chávez 

Cargo: Jefe de unidad de la Unidad de Asesoría Legal

Hora: 16:19

Documento enviado por: José Kobashikawa Maekawa

Cargo: Director ejecutivo

Hora: 16:39

3

Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)

Documento enviado por: Pamela Ochoa Ravelo

Cargo: Responsable (e) Unidad de Acompañamiento y Monitoreo

Hora: 17:12

Documento enviado por: Giancarlo Galliani Matos

Cargo: Responsable (e) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Administración

Hora: 17:56

Documento enviado por: Joel Miranda Rivasplata

Cargo: Responsable (e) de la Unidad de Asesoría Legal

Hora: 18:08

Documento enviado por: Ernesto Mosqueira Medina

Cargo: Director ejecutivo

Hora: 18:35

4

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Documento enviado por: Celia Mejía Zuloeta

Cargo: Directora de la Oficina de Presupuesto

Hora: 19:12

Documento enviado por: Jackeline Castañeda del Castillo

Cargo: Directora general (e) 

Hora: 19:42

5

Oficina General de Asesoría Jurídica

Documento enviado por: Fernando Alarcón Díaz

Cargo: Director general

Hora: 20:02

*El tiempo está registrado en formato de 24 horas.

Visitas de implicados en red criminal

El lunes 6 de setiembre del 2021, cuando el el sector Vivienda ya había obtenido del Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación del presupuesto de S/500 millones para las obras del Decreto de Urgencia 102-2021, el presunto testaferro Hugo Espino ingresó a la sede de la entidad para una “reunión de trabajo” con el ministro Alvarado, según el registro de visitas. El amigo de la investigada Yenifer Paredes entró al edificio a las 8 a.m., junto a otras tres personas, y se retiró minutos antes de las 10 a.m. Los nombres de Espino y de sus acompañantes fueron anotados como representantes del proyecto “Carabayllo Torre Blanca”.

En tanto, el alcalde José Medina, recluido de forma preventiva —como la hermana de la primera dama—, registra cuatro ingresos a las instalaciones de la entidad ministerial durante la gestión de Geiner Alvarado, entre enero y abril de este año. Una de sus reuniones fue con Salatiel Marrufo, entonces jefe del gabinete de asesores de Alvarado. Marrufo había sido asesor externo del burgomaestre de Anguía, tal como reportó este Diario.