El fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón y otros exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, buscan la prescripción del pago de una reparación civil de casi S/720 mil, vinculado al caso “Circuito Vial Chupaca”, cuyo juicio penal lograron archivar gracias a la denominada Ley de Impunidad (Ley Nro. 31751).
El pasado 12 julio, el juez Guido Arroyo Ames, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializada en Corrupción de Funcionarios de Junín, declaró prescrito el proceso penal contra Cerrón Rojas y otros, al determinar que la persecución penal había caducado en enero de 2020 por aplicación de la citada ley, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte.
“En cuanto al acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas el delito se habría consumado con la suscripción del proveído de fecha 31 de enero de 2011, por la fecha no es aplicable la suspensión de la prescripción, por tanto, el plazo extraordinario de prescripción venció el 31 de enero de 2020″, explicó el magistrado.
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Al líder de Perú Libre se le imputaba que, en su condición de presidente del Gobierno Regional de Junín se interesó en forma directa en el Consorcio Vial, autorizando el pago de adelantos de dinero pese a que no le correspondía.
En setiembre del 2021, El Comercio alertó que este proceso llevaba esperando desde enero del 2020 para que se cite a la audiencia de inicio del juicio oral. Se pedía 5 años y 4 meses de cárcel efectiva contra Vladimir Cerrón Rojas.
No obstante, recién en marzo del 2022 el juez Guido Arroyo citó al inicio del juicio, pero para un año después. Es decir, marzo del 2023, según la resolución obtenida por este Diario.
Obra Chupaca-Mito (foto: Gobierno Regional de Junín)
Cerrón apeló resolución
El pedido de prescripción de la defensa de Vladimir Cerrón Rojas y otros también incluyó que se archive la acción civil, sin embargo el magistrado desestimó dicha solicitud.
Según explicó, el artículo 100 del Código Penal dispone que la acción civil, derivada del hecho punible, no se extingue mientras subsista la acción penal.
Por tanto, el órgano jurisdiccional consideró que el plazo de prescripción de la acción civil (estimado en dos años), debe computarse desde la fecha en que se produjo la prescripción de la acción penal.
“En el caso puntual, de la revisión del cuaderno de acusación, aparece que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, constituida en actor civil, formuló su requerimiento de reparación civil el 2 de octubre de 2020; por tanto, teniendo en cuenta la fecha de prescripción de la acción penal, es claro que la acción civil se encontraba expedita al momento de ser formulada; por lo que la pretensión de los abogados de la defensa de declarar extinguida por prescripción la acción penal carece de sustento”, argumentó el magistrado.
Ante ello, los abogados de exgobernador de Junín y de otros investigados apelaron la decisión de primera instancia buscando que una Sala Superior archive también la demanda civil de la Procuraduría Anticorrupción.
Procuraduría pedirá elevar reparación civil
El pasado 3 de agosto, a través de otra resolución, el juez Guido Arroyo consideró que los apelantes cumplieron con fundamentar su recurso contra la resolución N°15, del 12 de julio del 2023, en el extremo que declara infundada la pretensión de declarar extinguida por prescripción la acción civil.
Por ello, concedió la apelación “interpuesta por Carlos Arturo Mayta Valdez, Luis Alberto Salvatierra Rodríguez y Vladimir Roy Cerrón Rojas, contra el auto de prescripción de fecha 12 de julio de 2023, en el extremo de la acción civil”.
En el mismo documento judicial declaró consentida la acción penal contra Cerrón Rojas y otros por prescripción del delito de negociacion incompatible o aprovechamiento indebido del cargo simple.
La Procuraduría precisó que el monto de la reparación civil inicial de S/720 mil corresponde al daño extrapatrimonial causado por dos hechos atribuidos en contra de los acusados.
No obstante, precisó que cuando se inicie el juicio oral, solicitará incrementar el monto por “daño patrimonial” que provisionalmente ascendería a S/1′404.000.00 conforme a un informe de Auditoría de la Contraloría Nro. 376-2016. Con ello, monto global llegaría a los S/2′124.000.00 aproximadamente.
Luis Miguel Mayhua Quispe, abogado de Vladimir Cerrón, confirmó a este Diario haber apelado la decisión judicial que rechazó archivar también la demanda de reparación civil exigida por la Procuraduría Anticorrupción.
“Una cosa es la acción penal y otra es la acción civil. La acción penal sí lo han declarado prescrito, pero el pago de la reparación civil, no. La Sala lo revisará seguramente en tres o cuatro meses”, anotó.
De otro lado, Mayhua Quispe afirmó que no ha solicitado aplicar la Ley Nro. 31751 (Ley de prescripción) al proceso judicial por el caso “Aeródromo Wanka”, donde el expresidente regional de Junín viene apelando la condena -en primera instancia- de cuatro años de cárcel efectiva que se le impuso por el delito de colusión.
Dicha condena contra Cerrón Rojas también incluye una inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos y el pago de S/2′018,180.00 por reparación civil de manera solidaria.
La audiencia por la apelación contra esta sentencia, continuará este miércoles a las 9:00 de la mañana. Se tiene previsto que Cerrón Rojas haga uso de la palabra, indicó su abogado.
