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El Poder Judicial (PJ) ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, así como bancario y tributario del expresidente Alejandro Toledo, junto a otras personas naturales y jurídicas, investigadas por las presuntas irregularidades en los aportes al desaparecido partido político Perú Posible.
La medida, dispuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz, alcanza entre otros a los exministros Javier Reátegui y Carlos Bruce, así como al exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Avraham Dan On.
Todos ellos son investigados por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en agravio del Estado.
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También se dispuso aplicar la misma medida a las desaparecidas organizaciones políticas Perú Posible y a la Alianza Electoral Perú Posible, pese a que estas aún no se encuentran incorporadas como investigadas.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones, bancario y tributario se aplicará en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.
La medida fue solicitada por el Sexto Despacho del Equipo Especial de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Para la fiscalía, el presunto acto criminal de los investigados se sostiene en el tiempo a partir de su participación en el marco de procesos electorales.
Por ello, indicó que se debe tener presente que la actividad de tiene como antecedente más próximo cuando el investigado Alejandro Toledo -como presidente de dicha organización- logró ganar los comicios del año 2001, además de sus conexiones con los funcionarios de Odebrecht.
Por ello, el Ministerio Público consideró necesario averiguar las circunstancias en las que los investigados desarrollaron sus actividades no solo desde su esfera estrictamente personal; sino, en el partido y en la alianza Perú Posible.
En esa línea, requirió al PJ que se autorice la entrega del reporte histórico de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes y comunicación por WhatsApp de todos los números telefónicos fijos y /o celulares que se hayan identificado como adquiridos y utilizados de los investigados.
Por ello, las empresas de telefonía deberán remitir al despacho fiscal, el detalle del reporte de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, con la indicación a qué usuarios pertenecen los números telefónicos y celulares on los que se comunicaron. Así como, el detalle de los equipos celulares (IMEI) utilizados y la identificación de los IMEI y los chips (tarjeta SIM) insertados.
(Se pide que) Se informe respecto a la ubicación física de los equipos celulares de los números telefónicos, correspondientes a los números solicitados, durante el período autorizado, 01 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013.”
Fiscalía
De la misma forma, la fiscalía requirió los documentos de apertura de cuentas y de firmas autorizadas, así como su estado actual. La medida incluye las transferencias y remesas de fondos locales y al extranjero vía swift, Internet u otros.
El reporte de transferencia deberá indicar los siguientes datos: ordenante, beneficiario, número de cuenta de la cual proviene y de destino, importes, fecha, motivo de la transferencia y bancos corresponsales.
“Todas las cuentas bancarias nacionales, las operaciones financieras y bancarias realizadas a través de todas las entidades del sistema financiero”, indica la fiscalía.
“Que se investigue a fondo y se establezca las responsabilidades si la hubieras. No tengo nada que ocultar”
El Comercio buscó la versión de Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, pero no respondió. Tampoco pudimos ubicar al exministro Javier Reátegui.
Por su parte el exministro Carlos Bruce, se mostró de acuerdo con la decisión judicial e indicó que no tiene nada que ocultar.
“Me parece muy bien. Que se investigue a fondo y se establezca las responsabilidades si la hubiera. No tengo nada que ocultar”, expresó.
“Durante dicha campaña electoral se habrían incorporado activos maculados de la empresa Odebrecht y de otras fuentes”
La investigación fiscal se vincula a la campaña electoral 2010-2011, que tuvo como candidato presidencial al investigado Alejandro Toledo.
En ese momento, Perú Libre estaba representado por su secretario general, Javier Reátegui, mientras que Carlos Bruce se desempeñó como jefe del Comando Central de Campaña.
Según la tesis de la fiscalía, la citada agrupación política habría recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht y otros ingresos.
De acuerdo con el Ministerio Público, desde la constructora se habría entregado aproximadamente US$7′000,000.00. Y se identificó US$ 517,000.00 de fuentes de origen de empresas de República Dominicana.
“En ese sentido, durante dicha campaña electoral se habrían incorporado activos maculados de la empresa Odebrecht y de otras fuentes, siendo la determinación de estas, materia de investigación al presente estadio; activos, tales como sumas dinerarias que habrían sido entregadas, conforme lo ha indicado el ciudadano Jorge Henrique Simoes Barata, a la persona de Avraham Dan On, ciudadano israelí, persona de confianza del investigado Toledo Manrique.”
Fiscalía
Además, existen otros montos de US$317,000.00 y S/969,000.00 de una fuente por identificar, ya que además de las sumas bancarizadas a las cuentas de Perú Posible, como aportes, se reportaron otros ilícitos, los cuales están en proceso de plena identificación en relación a la fuente precisa.
Ello, debido a que habrían sido ingresadas a través de actos de fraccionamiento a las mismas cuentas del partido, pero que no habrían sido bancarizadas, ni identificadas como tales, ni justificadas por los emisores; con lo cual, un porcentaje importante de todo ese dinero habría seguido la ruta propia del lavado de activos.
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Así también, se remarca que la empresa Odebrecht ha proporcionado información, a través de los actos de delación de sus funcionarios, como parte del acuerdo de colaboración eficaz con el Estado Peruano, en el caso en concreto durante la entrevista del Jorge Henrique Simões Barata.
Ahí se brindó información sobre las circunstancias de tiempo, espacio y modo de la entrega de dinero en efectivo, que se dio hasta en tres oportunidades. Esto como parte de un primer pago alrededor de las actividades de Perú Posible y la campaña presidencial, a través del investigado Dan On.
Junto a ello, el informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre ingresos y gastos de la Campaña Electoral de Perú Posible del 2011, determinó la ausencia de justificantes respecto a las aportaciones y gastos.
Por ello, se solicitó información a todos los aportantes y a las empresas proveedoras, como facturas y/o contratos con Perú Posible y/o la mencionada alianza electoral.
Así, según el análisis preliminar que la fiscalía, durante la incorporación, tránsito, administración y disfrute de dinero maculado alrededor de la actividad política de Perú Posible se identificó, de manera primigenia, dos principales fuentes: Odebrecht y empresas fundadas en República Dominicana, cuyo origen es aún parte de la investigación.
Según la fiscalía, con la finalidad de que sea imposible la identificación de los activos ilícitos, se siguió un “modus operandi” que se condice con una asociación ilícita para delinquir, jerarquizada, con un mando ejecutor, mando medio e integrantes que cumplen rol de ejecutar.
Añade que los activos habrían sido de dominio de Avraham Dan On y posteriormente fueron ingresados a las cuentas de Alejandro Toledo Manrique y Javier Reátegui.
Para ello, se habría dispuesto de los activos ilícitos desde la cuenta del partido Perú Posible para asumir gastos relacionados a la campaña política 2011, como pago de deudas “contraídas de manera ficticia” o, advirtiéndose aportes cuyos montos o ingresos no se habrían realizado por parte de miembros del partido, conforme las declaraciones testimoniales y la documentación.
“En referencia a los ilícitos que finalmente habría ingresado a las cuentas de titularidad del investigado Reátegui Rosselló, se tiene que, intercalado en estas cuentas, habrían servido de uso y disfrute de sus propios intereses y de los del partido político Perú Posible. En tanto del ilícito ingresado a las cuentas del investigado Alejandro Toledo Manrique se advierte, de los extractos bancarios, disfrute en interés propio. Finalmente, de la información relacionada a la investigada, se advierte su participación en el proceso de colocación al sistema financiero.”
Por ello, se le imputa a Toledo haber dirigido los actos de fraccionamiento de dicho dinero maculado, tanto el que tiene como fuente ilícita la Caja 2 de Odebrecht como de las empresas fundadas en República Dominicana.
Ello a través de la simulación de aportes en efectivo o en especies (luego valorizados), pero no acreditados por algún medio, entrega de dinero bancarizados sin que los titulares lo reconozcan o evidencien haber estado en la condición de realizarlos.
Alejandro Toledo realizó su mitin de cierre de campaña. (Foto: @AlejandroToledo)
Finalmente, tras analizar el caso, el juzgado consideró que los elementos de convicción presentados por la fiscalía “sustentan una sospecha reveladora respecto a que la intervención de los investigados” habría sido de manera conjunta por una sola idea criminal, al haberse establecido determinadas funciones a cada uno de ellos.
En ese sentido, dictaminó el magistrado, existe una sospecha sobre la existencia, procedencia, ilicitud y finalidad con la cual se solicitó y finalmente se habría entregado dichas sumas del dinero en el contexto de la campaña electoral, cuando el candidato Toledo se proyectaba a liderar las encuestas.
“En consecuencia, los elementos de convicción sustentan una sospecha reveladora respecto de la intervención de los investigados quienes aprovechando las actividades propias de las campañas electorales involucraron patrimonio ingresante a las cuentas del partido político Perú Posible para atender situaciones personales, comportamiento que corresponde al propio proceso de lavado de activos maculados, que habría permitido desviar la atención respecto de una ruta de dinero a simple determinación”, sostuvo el magistrado.
Por ello, consideró necesario ordenar la autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones.
