Palacio de Gobierno: los detalles de la resolución que autoriza el allanamiento y la incautación de documentos

El operativo, que contó con el apoyo de la Policía Anticorrupción y peritos del Ministerio Público, se ejecutó en el Cercado de Lima, San Miguel, San Borja, Surco, Magdalena del Mar, La Molina, San Isidro y Lurín.

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La diligencia fue autorizada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta a pedido de la fiscal anticorrupción Norah Córdova que investiga los presuntos actos de corrupción en la compra de Biodiésel B100 y que alcanza a funcionarios de Petro-Perú y a la lobista Karelim López.

El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible a raíz de reuniones en Palacio de Gobierno y la sede de Petro-Perú.

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La resolución judicial, obtenida por El Comercio, señala que el juez Chuyo Zavaleta autorizó el allanamiento a diversos ambientes de Palacio de Gobierno, tres inmuebles del gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez, un inmueble del gerente de distribución de Petro-Perú, Gunter Document Celis, un inmueble del gerente de suministros de Petro-Perú, Muslaim Abusada Sumar, dos inmuebles del gerente de compras de Petro-Perú, Roger Liy Lion, y dos inmuebles del asesor de Petro-Perú Gregorio Saenz Moya.

También se allanaron dos inmuebles de la empresaria Karelim López, un inmueble del gerente de Heaven Petroleum Operators S.A., Samir Abuyadeh Giha; otro inmueble del gerente de HPO S.A Carlos Siles Chehade; y la sede de la empresa de Heaven Petroleum Operators S.A.

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A continuación, los aspectos más importantes de la resolución que ordena el primer allanamiento judicial realizado a Palacio de Gobierno en la gestión del presidente Pedro Castillo.

Allanamiento a la secretaría presidencial

En diciembre del 2021, la fiscal Norah Córdova realizó dos diligencias de exhibición voluntaria de documentos en algunas oficinas de Palacio de Gobierno; sin embargo fueron impedidos de ingresar a los ambientes cercanos al despacho del presidente Pedro Castillo.

A diferencia de dichas intervenciones, esta vez los fiscales acudieron con una orden del juez Manuel Chuyo que autorizaba su ingreso a la Secretaría General de la Presidencia de la República y otros ambientes.

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Fuentes de El Comercio han confirmado que el equipo de fiscales que llegó hasta la Casa de Pizarro logró ingresar a la mencionada oficina y otras más, donde recaban documentos y otros elementos.

La fiscalía explica su permiso indicando que, si bien se cuenta con los registros de ingreso y salida de dicha sede, era necesario tener conocimiento si los investigados Chávez Arévalo, López Arredondo, Saenz Moya y Abudayeh Giha habrían estado reunidos en uno de los ambientes de la Presidencia de la República.

En esa línea, Córdova solicitó el allanamiento de Palacio para ingresar a los ambientes de la Secretaría General, la Oficina de Protocolo, la Oficina de la Secretaría y/o asistente de la Presidencia de la República y los salones ubicados frente y/o contiguos al Despacho de la Presidencia.

Según explicó la fiscal, las primeras tres oficinas estarían encargadas de coordinar qué personas estaban autorizadas a reunirse en Palacio.

Además, la fiscal sostuvo que era necesario verificar la salas o salones que se encontrarían frente al despacho del presidente Castillo, pues ahí habría estado esperando el gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, conforme lo dijo a un medio de comunicación.

“En ese sentido, existe el motivo razonable que en dichos lugares se encuentre cosas relevantes para la investigación. Es decir, deben existir documentos, registros digitales o agendas que den cuenta que los investigados se reunieron de manera conjunta o, por el contrario, en ningún momento habrían estado reunidos de manera conjunta”, indicó la fiscal.

Ante ello, el juez Chuyo consideró que el ingreso a los ambientes cercanos al Despacho Presidencial es un medio necesario para la realización de actos de investigación cuya finalidad es buscar pruebas o elementos de convicción útiles, por tanto “resulta válido que se pretenda indagar si efectivamente dicha reunión (entre los investigados) aconteció” en Palacio de Gobierno.

En esa línea, el juez ordenó el ingreso a la Secretaría General del Despacho Presidencial, Oficinas de Protocolo, Oficina de Secretaría y/o asistente de Presidencia de la República y Salones ubicados frente o contiguos al Despacho de Presidencia.

No se afecta los derechos de Pedro Castillo

El juez Chuyo Zavaleta precisó que con el allanamiento a las oficinas contiguas al Despacho Presidencial, no se afecta el derecho personal de morada, ni el desarrollo de la vida privada de las personas que habitan dicho inmueble.

“Debido a que la autorización de allanamiento es sobre las oficinas que forman parte de una entidad u organismo público, el cual puede ser objeto de indagación por el persecutor del delito”, señaló el magistrado.

En ese sentido, precisó que la medida tiene como finalidad recabar información relevante para las pesquisas y dejó en claro que el presidente Pedro Castillo no es parte de la investigación.

Por ello, explica que el permiso judicial no comprende aquellos ambientes en los que el funcionario desempeña sus labores o forme parte de su domicilio.

“Este órgano jurisdiccional encuentra justificado el allanamiento con fines de incautación de aquellas oficinas que se encuentren relacionadas o hayan participado en las visitas realizadas por Abudayeh Giha, Chávez Arévalo, Saenz Moya y López Arredondo; y que son objeto de indagación (…) como son la Secretaría General, Oficinas de Protocolo, Oficina de la Secretaría y/o asistente de Presidencia de la República, salones ubicados frente o contiguos al Despacho de Presidencia”, señaló el juez.

Como se recuerda, Eduardo Pachas, abogado del jefe de Estado, interpuso un hábeas corpus alegando que se había vulnerado el derecho de Castillo Terrones cuando la fiscalía ingresó a realizar la diligencia de exhibición en diciembre del 2021, sin embargo el Poder Judicial rechazó su demanda.

Karelim López y las 6 reuniones con Hugo Chávez

Durante la investigación, la fiscal determinó que la empresaria Karelim López y el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, se reunieron hasta en seis oportunidades en la sede de la institución durante el proceso de la licitación y compra de Biodiésel B100.

Ello, además de la presunta reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno. Así lo entendió el juez Chuyo, quien consideró que existían indicios de la presunta comisión de los delitos investigados.

“También contribuiría a la hipótesis delictiva las seis visitas o ingresos a la sede de Petro-Perú que habría realizado López Arredondo después de haberse reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a fin de presuntamente entrevistarse o reunirse con el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez”, remarcó el juez.

Según se describe en la resolución judicial, las reuniones son acompañadas de diversos actos realizados por Chávez como la designación de los funcionarios de Petro-Perú que terminaron aprobando y adjudicando el requerimiento de Biodiésel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

Las reuniones entre Chávez y López se habrían producido, según el registro de ingresos a la sede de Petroperú, el 19 de octubre del 2021 -un día después de la presunta reunión en Palacio de Gobierno- así como el 20 (segundo encuentro) y 22 de octubre (tercero).

Luego, se realizan nuevos ingresos el 25 de octubre y el 27 de octubre, indica la fiscalía.

“Registros de visitas al piso 20 de Petro-Perú, correspondiente a los días 25 y 28 de octubre del 2021, con el que habría quedado registrada la sexta reunión que sostuvo (Chávez) con López Arredondo”, señaló la fiscal Córdova.

Finalmente, señala la fiscalía, la sexta reunión se produjo el 28 de octubre del 2021.

Hechos que presumirían un delito

El juez consideró la medida de allanamiento proporcional e idónea y señaló que tras analizar los hechos investigados y presentados por la fiscalía de manera “agrupada”, se supone “el reflejo de un acuerdo concertado y de una decisión de actuación común”, lo que da por acreditado el presupuesto de suficientes elementos de convicción.

Y es que, el juez tuvo en cuenta el relato de los hechos que se realizaron en el transcurso de las visitas de Karelim López y los actos de los funcionarios de Petro-Perú para la adquisición del Biodiésel B100.

Por ejemplo, se señala que, durante la visita del 21 de octubre del 2021, un funcionario solicitó, por encargo de la Jefatura de Planificación y Desarrollo, la indagación en el mercado para el suministro de Biodiésel B100.

Durante la visita del 25 de octubre, otro funcionario informó sobre la disponibilidad del Biodiésel por parte de diversas empresas, entre ellas Bio Energy y Heaven Petroleum Operators S.A, y solicitó realizar ese mismo día la convocatoria para la adquisición.

El 25 de octubre, el investigado Abusada Sumar emite el informe técnico donde recomienda que para adquirir el Biodiésel B100 se priorice compras locales. El mismo funcionario, el 28 de octubre, informaría a las empresas Energy y HPO que hubo un error material en la fórmula de precios y que esperaba su propuesta para a las 16:00 horas.

“Finalmente y conforme al plan ilícito llevado a cabo por los investigados, la empresa HPO S.A debidamente representada por Abudayeh Giha y Siles Chehade fue la beneficiada”, se indica.

Asimismo, la resolución judicial ordena el levantamiento de las comunicaciones de los investigados, así como la extracción de información de sus equipos telefónicos y de cómputo, y la incautación de documentos y otros.

Lee aquí la resolución judicial completa:

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