Betssy Chávez y el golpe de Estado: ¿Qué consecuencias puede haber tras los nuevos testimonios en su contra?

Sin embargo, los especialistas advirtieron que la fiscalía no podrá avanzar con el caso, ni solicitar medidas coercitivas contra la ex jefa de Gabinete sin previa autorización del Congreso, como lo estipula el artículo 99 de la Constitución.

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El último domingo, “Panorama” difundió un testimonio que evidenciaría que Chávez Chino habría mentido al negar su participación en el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo.

La ex primera ministra ha dicho en diversas oportunidades que “desconocía totalmente” el contenido del mensaje que leyó Castillo el 7 de diciembre. La última vez ocurrió el 30 de enero durante una audiencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde se evalúa el levantamiento de su prerrogativa como exministra.

No obstante, según difundió “Panorama”, una testigo reveló ante la Fiscalía de la Nación que tras el golpe de Estado la entonces primera ministra abrazó “por cinco segundos” a Castillo y afirmó que elaboraría un decreto supremo para hacer efectivos los anuncios hechos por el ahora ex jefe de Estado.

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Para el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y los penalistas Romy Chang y Andy Carrión este testimonio refuerza la tesis del Ministerio Público, que implica a Chávez Chino como coautora del presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración a raíz del golpe de Estado.

A criterio de Chang y Carrión, este hecho ameritaría que la Fiscalía de la Nación solicite medidas contra la ex presidenta del Consejo de Ministros como la detención preliminar y el impedimento de salida del país. Andía discrepó de la primera propuesta.

"La situación avanza a un fortalecimiento de la hipótesis fiscal"

Andía aseveró que “un testimonio como este es prueba directa”, con lo cual, “el caso cobra una fuerza mucho mayor”. “Esta declaración se corrobora con hechos que ya habría presentado la fiscalía en su denuncia. La situación avanza a un fortalecimiento de la hipótesis fiscal”, señaló.

El especialista afirmó que el Ministerio Público podría solicitar el impedimento de salida de la ex presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, a su juicio, no hay “razón” para que se pida la detención preliminar de Chávez Chino porque su caso no cumple con los criterios necesarios. “Esta medida tiene como objeto el aseguramiento de un acto urgente, como, por ejemplo, evitar que se oculten pruebas u obstaculizar la labor investigativa de la fiscalía”, dijo.

“Lo que ella dice es que no sabe nada y su hipótesis, nos guste o no, está corroborada por Pedro Castillo en la entrevista que dio a un medio internacional”, opinó.

Andía advirtió que el hecho de que “no se le haya levantado el fuero” a Chávez en el Congreso “complica la labor de la fiscalía”, debido a que “ese es el primer paso” para poder formalizar la investigación

“Nuevamente, el Congreso termina minando la labor del Ministerio Público. Lo mínimo que se debería pedir es el impedimento de salida contra Chávez, pero si se mantiene el fuero esto será complicado”, aseguró el exviceministro.

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La penalista Romy Chang señaló que la situación amerita que la fiscalía pida medidas contra Chávez como “el impedimento de salida del país y la detención preliminar y otras que se consideren necesarias para que ella afronte la investigación”.

"Se debería dictar medidas en su contra, como pasó con Aníbal Torres y Pedro Castillo"

“Con lo que ha salido el domingo [en Panorama] el tema ya está bastante claro. La fiscalía debería ya buscar una mejor teoría del caso respecto a ella. Chávez lo negaba todo, pero ahora, que se conoce lo del decreto supremo, el caso cobra otro giro y tiene matices [...] Se debería dictar medidas en su contra, como pasó con Aníbal Torres y Pedro Castillo”, añadió Chang.

La abogada advirtió que el caso primero debe pasar por el Congreso.

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A su turno, el penalista Andy Carrión opinó que los testimonios difundidos por “Panorama” refuerzan la tesis fiscal contra Chávez y brindan “mayores detalles sobre su participación, como el hecho de que iba a sacar un decreto supremo y de cómo se implementarían los anuncios hechos por Castillo en su mensaje”.

"Chávez era, después del presidente, la autoridad más alta. Eso también debe tomarse en cuenta y ser analizado"

“A través del levantamiento de las comunicaciones, se verificará si efectivamente después de la transmisión hecha por Castillo ese 7 de diciembre, la ex primera ministra realizó coordinaciones”, subrayó Carrión.

Para el abogado “las medidas coercitivas que la fiscalía podría pedir contra Chávez son el impedimento de salida y la detención preliminar, debido a que la investigación se encuentra en etapa preliminar”.

“Se trata nada menos que de la ex primera ministra, que, de acuerdo con la Constitución, tiene la obligación de velar por el resguardo del Estado de derecho, ¿Qué hizo como jefa del Gabinete para evitar el golpe de Estado? Ella era, después del presidente, la autoridad más alta. Eso también debe tomarse en cuenta y ser analizado”, dijo además Carrión.

El penalista coincidió con sus colegas respecto al artículo 99 de la Constitución, que establece el antejuicio político para los altos funcionarios del Ejecutivo, como el presidente de la república y los ministros de Estado.

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La denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó el 12 de diciembre del año pasado contra los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por el golpe de Estado perpetrado el 7 de ese mismo registra un lento avance en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Ha pasado más de dos meses y el grupo aún no tiene el informe final del caso. Ello pese a que el 13 de diciembre, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión, presidida por Lady Camones (APP), para que investigue y presente el informe final sobre la denuncia contra los tres exministros.

Desde el despacho del parlamentario Wilson Soto (Acción Popular), delegado de la denuncia, indicaron que “no ha sido notificado el plazo para la presentación del informe final desde la presidencia de la subcomisión” y que “calculan” que esto ocurrirá “entre martes o miércoles”. “Una vez notificados se tendrá 5 días para la elaboración del informe final”, añadieron.

No obstante, a mediados de enero, Camones estimó que el caso llegaría al pleno a fines de febrero.

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El 30 de enero, tras postergar su asistencia alegando problemas de salud, Chávez brindó sus descargos ante la subcomisión. Ese día negó haber tenido conocimiento del contenido del mensaje presidencial.

Previamente, en otra audiencia, la fiscalía de la Nación, representada por el fiscal supremo adjunto Marco Huamán, afirmó que existen elementos y declaraciones que permiten colegir que la expresidenta del Consejo de Ministros participó en la reunión del 7 de diciembre del 2022 junto al entonces presidente Pedro Castillo y Aníbal Torres para perpetrar un golpe de Estado.

Durante su presentación, el fiscal aseveró que Chávez se reunió “con los coinvestigados con la finalidad de perpetrar el delito de rebelión para modificar el régimen constitucional del Perú; reunión que se dio en Palacio de Gobierno donde acordaron disolver el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y reorganizar el sistema de justicia”.

Para sustentar su denuncia constitucional, el fiscal reseñó algunos elementos como las declaraciones de la periodista Cinthya Malpartida, que confirmó haber visto a Castillo junto con Chávez Chino y Torres Vásquez el 7 de diciembre del 2022 y que la también parlamentaria les detalló que Castillo daría un mensaje a la nación y que lo anunciado iba a ser ratificado en una resolución.

Pedro Castillo da golpe de Estado

También dio cuenta de las declaraciones de Gustavo Bobbio y Alejandro Salas, quienes confirmaron la presencia de Chávez Chino. Mientras que el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, dijo a la fiscalía que la entonces primera ministra coordinó con los periodistas la emisión del mensaje a la nación.

“(Hay) Elementos de convicción que vinculan la participación de la ahora investigada Betssy Chávez Chino”, dijo el fiscal.

Cabe señalar que Betssy Chávez y Roberto Sánchez Palomino también son congresistas de las bancadas de Perú Democrático y Cambio Democrático, respectivamente.

Tras la etapa de audiencias, la presidenta de la subcomisión debe encargar al congresista delegado que elabore - en un plazo no mayor a 5 días hábiles - un informe final. Este puede plantear acusar a los exministros o archivar la denuncia.

Dicho informe final deberá ser sustentado por el congresista delegado, en este caso por Wilson Soto. Posteriormente, viene el debate y la votación del documento en la subcomisión.

Luego pasa a la Comisión Permanente, donde también se evalúa y se vota el informe. De prosperar en esta etapa, se nombra una subcomisión acusadora y la denuncia pasa al pleno del Congreso.