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Minutos antes de la medianoche del sábado, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso 36 meses de prisión preventiva para Jaime Yoshiyama Tanaka, quien está fuera del país desde octubre pasado.
Según su abogado Humberto Abanto, el ex secretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), ahora en Miami, tiene la voluntad de entregarse a las autoridades, pero después de que se recupere de una operación al ojo derecho a la que fue sometido el 9 de octubre.
“Todo depende de lo que le digan los médicos. Él tiene programada una cita de evaluación para el 4 de diciembre. Él quiere colaborar y que se esclarezca su caso, no es un bribón, es una persona honorable de 74 años que no va a estar en calidad de prófugo”, dijo el abogado, quien ha apelado la medida del juez.
Concepción decidió imponer a Jaime Yoshiyama la prisión preventiva al considerar que hay suficientes elementos de convicción sobre su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos, tanto en la modalidad de ocultamiento como de conversión.
En la audiencia, el juez señaló que una de las pruebas que amparan la tesis fiscal son las declaraciones de ex ejecutivos de Odebrecht, que afirman que entregaron a Yoshiyama US$500.000 para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011.
Según esta versión, otros US$500.000 fueron recibidos por Augusto Bedoya, ex secretario de Economía de Fuerza 2011. A este último se le impuso comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 36 meses.
—Captura internacional—
En caso de que Yoshiyama no quiera allanarse a la justicia, la Policía Nacional tendrá que emitir una orden de captura internacional a través de Interpol para su localización y captura en EE.UU., indicó el ex procurador Luis Vargas Valdivia.
“Una vez ubicado [el investigado], se debe iniciar un procedimiento de arresto provisorio o de extradición, recuérdese el antecedente del caso de Alejandro Toledo”, indicó, a su turno, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato.
Una fuente de la cancillería sostuvo que hay dos vías para traer al país a una persona requerida por la justicia. Una es el procedimiento meramente policial, en el que, efectivamente, se gestiona a través de Interpol la expedición de una orden de arresto y expulsión del investigado.
La fuente recuerdó que esto sucedió con Rodolfo Orellana, capturado en Colombia y entregado a las autoridades del Perú en noviembre del 2014.
El otro camino resultaría más complicado y largo. Se trata de la extradición, que tendría que darse si las autoridades de Estados Unidos deciden no arrestar a Yoshiyama. En este caso, se requerirá de la cooperación judicial internacional. Sería necesaria la intervención del Poder Judicial (que ordenará la extradición), el Ejecutivo (que la autorizará) y la cancillería (que la tramitará ante las autoridades de EE.UU.).
En ese caso, apunta Valdivia, se tendría que tramitar primero la detención de Yoshiyama para efectos de extradición. Agregó que ese proceso podría durar de seis meses a un año.
La abogada penalista Rommy Chang explicó que como no hay un convenio de Interpol del Perú con EE.UU., no procede una captura automática de Yoshiyama. Para ello se tendría que pedir autorización a un juez federal.
“Si el juez federal acepta la captura, el Perú tendría que presentar a través de la cancillería toda la documentación de la extradición para traerlo a Lima”, dijo.
Yoshiyama no es el único implicado en este caso de aportes a Fuerza 2011 que está fuera del país. Un caso similar es el de Giancarlo Bertini, quien el 21 de octubre salió del Perú con destino a Bolivia.
