‘Ley impunidad’: congresistas Ruth Luque y Gladys Echaíz evalúan presentar proyectos contra norma

El Congreso está en el ojo de la tormenta una vez más. Ello luego de El Comercio diera a conocer que el Parlamento aprobó, de manera silenciosa, la ‘ley impunidad’, que representa un obstáculo para el sistema de justicia. El Gobierno de Dina Boluarte no hizo ninguna observación a la norma y la promulgó el último jueves. Tras revelarse la información, algunos legisladores indicaron que evaluarían realizar modificaciones.

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La norma modifica el artículo 84 del Código Penal que establece que el plazo de “suspensión de la prescripción” no deberá ser mayor a un año, presentada la investigación preparatoria ante el Poder Judicial por parte de la fiscalía.

Otra modificación está referida al artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal, estableciendo que “la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Penal”.

Esto, según especialistas consultados por El Comercio, podría afectar las investigaciones en casos complejos como Lava Jato o ‘Los Niños’.

En diálogo con este Diario, la congresista Ruth Luque calificó de “perversidad” la decisión del pleno. Y dijo que evalúa presentar un nuevo proyecto de ley que busque establecer “un plazo razonable para la prescripción de los delitos”. Asimismo, Luque no descartó promover una acción de inscontitucionalidad.

Sin embargo, señaló que para ambas iniciativas necesitaría el respaldo de parlamentarios de otras bancadas, debido a que - por el momento - solo contaría con el apoyo de su bloque. “[Para acudir al Tribunal Constitucional] necesito 33 firmas y [a la norma] se apusieron solo 12. ¿Quiénes firmarían [la demanda de insconstitucionalidad]?”, preguntó.

Por su parte, Gladys Echaíz (Renovación Popular) afirmó que la ley fue aprobada pese a que, desde que se inició su evaluación en la Comisión de Justicia, ella advirtió que facilitaría la impunidad y que no se condice con la “realidad” del Perú.

Echaíz anunció que evalúa promover un proyecto de ley para que la norma sea derogada. “Una ley se deroga con otra ley”, subrayó.

Asimismo, indicó que, al no tratarse de una infracción a la Constitución, no correspondería realizar una acción ante el Tribunal Constitucional.

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De otro lado, los cambios de postura vinieron por parte de parlamentarios de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Por ejemplo, Arturo Alegría, portavoz alterno de Fuerza Popular, dijo a El Comercio que su bancada evaluaría hacer precisiones a la norma luego de la semana de representación (que es cuando viajan a sus regiones), del 29 al 5 junio. Además, descartó que se sumen a alguna iniciativa de acción de insconstucionalidad.

Alegría fue uno de los legisladores fujimoristas que votaron a favor de la norma. Sin embargo, admitió no conocía los detalles de dicha ley y tampoco por qué su bancada decidió respaldarla.

“Creo que me encontraba en ese tiempo fuera del país si no me equivoco, no recuerdo bien. No sé si me encontraba dentro de la sesión, normalmente hay recomendaciones de bancada”, respondió.

No obstante, según verificó este Diario, el parlamentario marcó su asistencia en la sesión del 11 de mayo. Alegría consideró que es importante hacer precisiones a la norma para evitar que genere impunidad.

“Hay que hacer una precisión, una aclaración o un desarrollo de la ley porque, claro, no es que busquemos una impunidad [...] Toda norma creo, todo proceso, todo el comienzo siempre es perfectible [...] Sin embargo, por el momento no hemos tomado una decisiónn de qué se va a hacer al respecto [como bancada]”, dijo el congresista.

Previamente, en declaraciones a RPP, su colega de bancada Héctor Ventura, afirmó que la Comisión de Justicia podría evaluar una nueva ley que corrija los riesgos que genera esta norma.

“Si es que genera un debate eminentemente jurídico respecto a esta norma, perfectamente se puede dar inicio en la Comisión de Justicia a otro debate para que, tal vez, si es que hay un error se pueda corregir”, señaló a RPP.

Ventura también evitó responder cuál fue el sentido tanto de su voto como del resto de la bancada fujimorista, pero advirtió que la iniciativa fue promovida por Perú Libre y Acción Popular, que tiene integrantes que se encuentran bajo investigaciones.

Según pudo ver este Diario, Ventura es uno de los 19 congresistas fujimoristas que dieron luz verde a la norma.

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En tanto, Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, también señaló que se podría revisar la norma, a pesar de que justificó su aprobación porque permitiría respetar de mejor manera el principio del “plazo razonable”.

“Sin duda alguna hay interpretaciones de que el recorte del plazo puede generar ese escenario (de impunidad de investigados). En todo caso, son normas que se pueden revisar [...] Vamos a hacer una revisión inmediata. Hay que revisarlo con objetividad y plantear correctivos que sean necesarios y prudentes”, señaló a RPP.

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El presidente del Congreso, José Williams, admitió que referida ley podría generar impunidad. “Es cierto que es muy probable que, así como camina lamentablemente la justicia por sus trámites, por la falta de presupuesto y también por sus competencias, que los tiempos vayan a vencer. Un año como que queda bastante corto para solucionar el problema y podrían haber algunas personas que son presuntos delincuentes y beneficiarse”, dijo ante la prensa.

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