Solo en el último año, la bancada de Perú Libre ha propuesto más de una decena de proyectos de ley que, en mayor o menor medida, tienen injerencia e interfieren en el sistema de administración de justicia peruano, a partir de modificaciones a la Constitución, al Código Penal, entre otras normas, de acuerdo con un análisis realizado por El Comercio.
Luego del revuelo que causaron las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva tras la Operación Valkiria V, el último miércoles Perú Libre —cuyo fundador, Vladimir Cerrón, se mantiene prófugo de la justicia y su partido está investigado por lavado de activos— presentó una propuesta para “declarar en emergencia” al Ministerio Público y efectuar su “reorganización”.
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Sin embargo, no es la primera vez que la agrupación (que mantiene 12 votos en el Parlamento) busca de cierta manera interferir en el sistema judicial, a través de propuestas dadas desde el Congreso.
Las iniciativas legislativas van desde que los jueces y fiscales sean elegidos mediante el voto popular, incluso con intervención del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y que la Corte Suprema sea una tercera instancia; hasta propuestas específicas para que los partidos no sean incluidos en investigaciones fiscales como personas jurídicas para ‘no criminalizar a los partidos’, limitaciones para dar la prisión preventiva, entre otras medidas [ver infografía].
Apenas a inicios de febrero, por ejemplo, la bancada del lápiz planteó que se conforme una comisión especial para que se revise el Código Penal y se plantee un nuevo texto. Y, en diciembre el año pasado, se propuso ‘adecuar a la realidad actual’ el tema de la difamación, agravando las penas y estableciendo que, en caso sea a través de un medio y/o redes sociales, esta sería penalizada con hasta cinco años de pena privativa de la libertad; lo que en la práctica significaría una ‘mordaza’ y limitaría la labor informativa.
Ese mismo mes, Perú Libre propuso una ‘interpretación auténtica’ a la Ley 31751, con la que se modificó el plazo de suspensión de la prescripción en casos judiciales (conocida como ‘ley Soto’) y luego que el Poder Judicial estableció su inaplicabilidad al considerarla “desproporcionada”.
En noviembre, se planteó una propuesta que abre la puerta para que los habeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial, lo que le daría posibilidad al fundador de Perú Libre para que cualquier juez anule la orden de captura que pesa en su contra.
En octubre pasado, también se planteó que, en caso de investigaciones a afiliados o fundadores de una organización política, la responsabilidad sea individualizada “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.
Incluso se propuso en setiembre una modificación a la Ley de Crimen Organizado en donde, en la práctica, se impediría al fiscal solicitar el bloqueo o la inmovilización de las cuentas relacionadas “con los bienes y activos de las organizaciones políticas”.
Puntos de vista
Especialistas consultados por El Comercio cuestionaron las propuestas presentadas en el Congreso por Perú Libre e, incluso, algunos resaltaron que, en caso de ser aprobados, sí significarían una interferencia directa en la administración de justicia.
El abogado penalista y exviceministro Gilmar Andía indicó a este Diario que “en conjunto, todas las iniciativas vienen a ser un paquete que es perjudicial para el sistema de justicia”, algunos inocuos como la creación una comisión revisora, que ya se hizo; pero con otros más delicados como la declaratoria de emergencia de la fiscalía y modificaciones que tendrían detrás el interés de “desestabilizar” investigaciones que están en curso.
“En conjunto, todos estos proyectos presentados tienen un objetivo muy claro que es, en mi opinión, desestabilizar el sistema de justicia en la persecución de delitos de crimen organizado vinculados a actividades políticas. Ahí hay un denominador común”, manifestó Andía a El Comercio.
Cuestionó, por ejemplo, la propuesta para crear una tercera instancia con la Corte Suprema, que —advirtió— iría en contra de la Constitución “porque la doble instancia es el derecho constitucional, la tercera instancia no existe en ninguna parte del mundo”.
También criticó las dos modificaciones referidas a que los partidos no sean implicados como personas jurídicas y que, inclusive, no se pueda solicitar la inmovilización de sus cuentas. “Es una restricción a la lucha contra la criminalidad organizada”, destacó.
La abogada penalista Liliana Calderón indicó a El Comercio que estos proyectos “sin lugar a dudas van a interferir o interfieren con la administración de justicia, pero sobre todo con la separación de poderes” y que parecen “tener más un interés particular” que contribuir al sistema de justicia.
También mostró su preocupación por el proyecto para intervenir en la fiscalía y destacó la importancia de la independencia de los poderes. “El Ministerio Público es el garante de la legalidad, así lo dice la Constitución, y persigue el lito de manera independiente, sin la influencia de un poder político, como lo hubo en los noventa. Tiene que ser totalmente independiente, así les guste o no a los congresistas”, acotó.
También cuestionó la propuesta para que los jueces sean elegidos mediante el voto popular al mencionar que se debe pasar “por un filtro técnico” para la elección de quienes imparten justicia, así como la propuesta para agravar la difamación. “La opinión no se puede criminalizar”, puntualizó a este Diario.
En tanto, El abogado penalista Jefferson Moreno incidió en la premisa de que “mientras más veces cambie un Código Penal, peor le va a ir al sistema”, debido a que “un cambio constante de legislación” también “implica falta de seguridad en los ciudadanos”. Por ello, refirió que “las modificaciones (a la normativa) deben ser absolutamente esenciales y necesarias”.
En se sentido, coincidió en que la propuesta “más grave” sería la declaratoria de emergencia de la fiscalía de la Nación “porque una modificación legislativa no solamente tiene que ser legal, sino también legítima”.
“Sin duda alguna el Ministerio Público tiene que ser evaluado. Pero este no es el contexto en el que deben tomarse ese tipo de decisiones. Porque, aunque la intención quiera ser buena, el resultado siempre va a ser perjudicial ya sea porque la sociedad lo mira mal o porque alguien se va a aprovechar de ese momento para obtener beneficios propios”, afirmó Moreno en diálogo con El Comercio.
También cuestionó que se busque modificar la Ley de Crimen Organizado. “Estamos sufriendo, luchando contra el crimen organizado (y) una modificación puede traer abajo el trabajo avanzado. Quieren modificar el capítulo de los delitos contra el honor (y) la tendencia en el mundo es que ya no sea objeto de sanción penal, sino de sanción civil. Pero aquí, al contrario, lo que se quiere es más bien aumentar la pena. Ese es el problema de estos proyectos”, subrayó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Natale Amprimo indicó a este Diario que si bien hay propuestas que sí podrían entrar a revisarse y debatirse en el Congreso, también hay otras que atentan directamente contra la Carta Magna.
“El sistema de justicia no está bien, merece sí ser repensado, revisado y modificado. Pero eso tiene que seguir el debido procedimiento y los mecanismos constitucionales”, destacó.
Resaltó en que el problema de la administración de justicia pasa, en principio, por el capital humano, más allá de las modificaciones que se propongan. “El tema no es normativo”, cuestionó.
