La Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana, aún no emite un pronunciamiento público sobre los pedidos de nulidad de la pensión a Alberto Fujimori. (Foto: Congreso)
La Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana, aún no emite un pronunciamiento público sobre los pedidos de nulidad de la pensión a Alberto Fujimori. (Foto: Congreso)

La Mesa Directiva del Congreso- presidida por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso)- no daría marcha atrás con la decisión adoptada en la anterior legislatura de otorgarle una pensión vitalicia de S/15.600 al expresidente , a pesar de no cumplir con los requisitos de la Ley N°26519, según indicaron fuentes de El Comercio.

Fujimori fue sentenciado en el 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por delitos de corrupción.

Otras fuentes señalaron la nueva Mesa Directiva considera la pensión para el ex jefe de Estado como una “papa caliente” que fue heredada por la administración de Alejandro Soto (APP).

Agregaron que la postura del presidente del Poder Legislativo y de sus vicepresidentes es mantener “la recomendación técnica” hecha por las áreas de Recursos Humanos y Legal y Constitucional a favor de Fujimori. Es decir, no se anularía el pago.

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Este Diario intentó comunicarse con los integrantes de la Mesa Directiva, pero no obtuvo ninguna respuesta.

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, respondió a la llamada que le hicimos, pero a los pocos segundos colgó.

Una vez que se hiciera público el pago de la pensión a Fujimori, Cerrón solo se limitó a recordar, a través de su cuenta de X, que él presentó un proyecto de ley para eliminar este beneficio.

Fujimori acumula una deuda de aproximadamente S/57 millones por el concepto de reparación civil. (Foto: AFP)
Fujimori acumula una deuda de aproximadamente S/57 millones por el concepto de reparación civil. (Foto: AFP)

El artículo 2 de la Ley N°26519, que creó la pensión vitalicia para los ex jefes de Estado, establece que se suspende este derecho cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.

Fujimori tiene una serie de acusaciones constitucionales, aprobadas por el Congreso de la década de las 2000 y cuatro sentencias firmes.

El portavoz de Renovación Popular, Alejandro Muñante, refirió que en las sesiones de la Junta de Portavoces y del Consejo Directivo del último lunes, no se analizó el pago al expresidente.

Muñante, en comunicación con El Comercio, afirmó que la Mesa Directiva debe dar una respuesta “detallada” sobre este asunto.

“En principio, [Salhuana] dijo que no había sido esta Mesa Directiva, sino la anterior, luego salió Alejandro Soto [expresidente del Congreso] a decir que él no había sido, no se sabe a ciencia cierta. Como Renovación Popular no creemos que haya sido oportuno [que el Parlamento] autorice este pago”, expresó.

Muñante remarcó que la pensión vitalicia a Fujimori no pone paños fríos a la conflictividad política que vive el país.

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“Me han dicho que responderán por escrito”

La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Popular Democrático, indicó desde la Mesa Directiva le han dicho que habrá una respuesta por escrito a su solicitud para anular la pensión a Fujimori.

“Se me ha dicho que me van a responder por escrito. Yo he formulado mi pedido al congresista Salhuana, me debe responder la Mesa Directiva y la Oficialía Mayor, yo he pedido que se deje sin efecto el pago y que se me entreguen todos los documentos que han permitido el otorgamiento de este beneficio”, dijo a El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)
(Foto: Archivo GEC)

Luque sostuvo que no cree que Soto no haya sabido sobre los informes que viabilizaron el pago a Fujimori.

“Acá se ha dado un desembolso, también hay una contratación [de un trabajador del Congreso para Fujimori], se ha habilitado una plaza, el reglamento del Congreso establece que la mesa no es solo un órgano político, sino también administrativo. No tiene sentido que reduzcan la responsabilidad en un mero tema administrativo”, sostuvo.

APP niega acuerdo con Fuerza Popular

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, rechazó que haya existido un acuerdo entre su partido y Fuerza Popular para que funcionarios ligados al apepismo aprueben informes a favor de otorgar la pensión vitalicia a Fujimori.

“No, en absoluto, lo descarto tajantemente, rechazo que haya sido un acuerdo. Como se ha podido evidencias de los reportes, esto viene debatiéndose en la parte administrativa del Parlamento desde mayo. En ese entonces no se había tomado una decisión sobre quiénes estarían en la actual Mesa Directiva”, refirió a este Diario.

Valdez dijo que la administración de Salhuana debe evaluar y revisar los pedidos de nulidad a la pensión de Fujimori.

“Lo mínimo que deben hacer es analizar si es legal o ilegal la decisión que se ha tomado”, acotó.

(Foto: Archivo GEC)
(Foto: Archivo GEC)

La decisión de darle pensión vitalicia a Fujimori fue aprobada por altos funcionarios del Parlamento vinculados al partido Alianza para el Progreso (APP), según reveló el programa “Cuarto Poder”.

Se trata de Haidy Figueroa Valdez, jefa del Departamento de RR.HH. del Congreso, quien milita en APP desde el 2014.

Asimismo, José Rubio Preciado, jefe de la Oficina Legal y Constitucional, firmó el documento que sustenta legalmente que Fujimori puede beneficiarse de la Ley 26519.

El abogado fue cesado como jefe de dicha oficina 10 días después de opinar a favor de una pensión para Fujimori. Rubio trabajó para el GORE de La Libertad en el 2016.

“Estoy fuera del Congreso en este momento. No me acuerdo sinceramente”, señaló al ser consultado.

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En tanto, Jorge Luis Torres Saravia, antecesor de Rubio, también está vinculado al GORE de La Libertad. Es aportante de campaña de APP y volvió al cargo tras la salida de Rubio.

Torres tiene un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad César Vallejo y trabajó para el GORE de La Libertad por 10 años. Además, aportó S/5.000 a la candidatura del secretario general de APP, Luis Valdez Farías.

Fujimori solicitó al Congreso su pensión el 29 de abril. El 3 de mayo la oficina legal acogió su pedido.

El 10 de mayo William Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, autorizó el desembolso, pese a que no estaba incluido en el presupuesto anual. Alcántara es doctor en Gestión Pública por la UCV y ha sido asesor del excongresista Richard Acuña.

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