“Este tipo de proyecto demuestra el poco compromiso democrático de la dirigencia política peruana”

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, advirtió que la iniciativa de Perú Libre que pretende establecer cárcel efectiva para la difamación “es una forma de silenciar toda crítica”. Exhortó a la presidenta Dina Boluarte a tomar una postura ante reiteración de proyectos de ley “mordaza”.

— Solo han pasado seis meses desde que el Congreso peruano mandó al archivo la llamada “ley mordaza” y Perú Libre ha presentado una nueva iniciativa que plantea incrementar de tres a cinco años de prisión el delito de difamación. ¿Cómo puede interpretarse la insistencia en esta clase de proyectos?

Claramente es una actitud testaruda y preocupante, porque evidentemente no hay una comprensión del rol que debe cumplir la libertad de expresión, por un lado; y la de prensa, por el otro, en el debate público. Cuando se intenta criminalizar el trabajo de la prensa con este tipo de proyectos de ley, lo que se busca es en última instancia silenciar las críticas, sobre todo preservar a los funcionarios públicos de todo tipo de cuestionamiento.

Entonces, los estándares internacionales, pero sobre todo los interamericanos establecen que no deben ser motivo de causas penales los cuestionamientos que se realizan a funcionarios públicos. Incluso, las llamadas difamaciones no deben resolverse en la jurisdicción penal, sino en la civil.

— Si la propuesta es aprobada, el delito de difamación podría ser sancionado con cárcel efectiva en el Perú, en vez de prisión suspendida. ¿Es este el principal riesgo?

Sí, claro, pero insisto, las normas interamericanas directamente dicen que esto no debe estar sometido a la jurisdicción penal, es el punto 10 de la declaración del principio de la libertad de expresión de la CIDH […] En el caso del Perú nunca se ha llevado a lo civil, pero además agravar las penas, llevarlo a un punto donde ya sea cárcel efectiva es una forma de intentar amedrentar a la prensa y silenciar toda crítica y no cumplir con estos principios. En varios países de la región se ha ido desmontando la intención de criminalizar el trabajo periodístico. La verdad que ya es hora que la presidenta de la República [Dina Boluarte] y la dirigencia política en general dejen de tener actitudes timoratas y digan claramente si le van a dar un lugar privilegiado a la libertad expresión y de prensa como soporte de la democracia o si creen que es un enemigo a vencer, y si es esto último que se saquen la careta y lo digan con toda claridad. O se puede estar cada seis meses volviendo con este tipo de proyectos que lo único que hacen es demostrar el poco compromiso democrático de la dirigencia política peruana.

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— Incluso, la iniciativa del congresista perulibrista Segundo Montalvo también propone modificar la ley sobre el derecho a la rectificación. Y refiere que esta debe realizarse hasta el día siguiente de recibida la solicitud, en lugar del plazo actual de siete días. ¿Es una manera de arrinconar también a los medios de comunicación?

Sí, tanto el proyecto que has mencionado como el hecho de que se pida que se publique reiteradamente [las rectificaciones] son dos formas de imponer una sanción adicional a la prensa, porque recibir un pedido de estos y publicarlo al día siguiente en algunas circunstancias es totalmente posible y de hecho los medios cuando hay un error lo publican lo más antes posible. Pero hay otras veces que por distintas circunstancias no se puede cumplir con ese plazo y, entonces ya se caería en incumplimiento, lo cual a lo mejor ha sido totalmente involuntario.

Insisto, vale bien recurrir a la declaración de principios de la libertad de expresión, es el consenso que existe a nivel interamericano de cuáles son las normas que deberían estar aplicándose, el mismo punto 10 [de los principios de la libertad de expresión de la CIDH] dice que “debe probarse que, en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Esto que están planteando [desde Perú Libre], lo que dice el proyecto que el periodista tuvo la intención de agraviar, de decir una falsedad, cuando no siempre es así, cuando la verdad no es tan clara como lo plantea la persona agraviada. Y el punto 11 dice que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio. Lo que se busca es proteger más aún al funcionario público que a un ciudadano común.

— Casi en simultáneo, la bancada del Bloque Magisterial ha presentado un proyecto de ley que plantea penalizar la difusión de las declaraciones que brindan los aspirantes a la colaboración eficaz. ¿Cuáles son los peligros que usted advierte?

Me parece una norma demasiado amplia y, a través de la cual, termina recayendo la sanción sobre quien difundió la información. Generalmente, este tipo de normas están dirigidas a los funcionarios que incumplen el deber de la reserva de una información, un funcionario judicial o administrativo que teniendo conocimiento de una información reservada la hace pública. Además, se puede encubrir una información que puede terminar descubriendo un delito, una irregularidad y un hecho de corrupción. Entonces, me parece que es demasiado. Ahí debe estar la lupa bien puesta.

— Precisamente, en el país se ha revelado información dada por un colaborador eficaz respecto a una red criminal en la cúpula de la Fiscalía de la Nación que implica a un sector de congresistas. ¿En ese contexto, la propuesta del Bloque Magisterial se puede entender como un acto de venganza?

Sí, claramente son normas hechas a medida para responder a situaciones que a alguien del poder no le ha gustado que se haya difundido, pero la legislación de un país no puede estar sometida a este tipo de reacciones viscerales por hechos que molestan. Insisto, el punto 11 de la declaración de principios [sobre libertad de expresión de la CIDH] dice que los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad. Si la sociedad no puede conocer qué irregularidades ha cometido un funcionario público o no puede opinar sobre ello se está abriendo el camino para mayor impunidad, mayor corrupción y mayores abusos de parte de los que ejercen el poder y eso no es bueno para un sistema democrático que busca consolidarse.

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— Desde el 2006, el Congreso ha formulado más de 90 proyecto de ley que contravienen o amenazan las libertades informativas y de expresión. ¿Hay un afán de ese poder del Estado por restringir el trabajo de los periodistas?

Sí, todo lo indica, esa falta de compromiso se expresa a través de distintas formas, una es esta recurrencia permanente a aplicar sanciones, a presentar proyectos de ley, a agravar las penas, no hay una comprensión clara o existe esa comprensión, pero hay una intencionalidad clara de no dar espacio para la libertad de expresión y de prensa.

— El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, no brinda una entrevista a los medios de comunicación desde agosto, su agenda casi siempre es privada y solo declara al canal del Congreso. ¿Es un error este silencio prolongado?

Sí, sin duda, los funcionarios tienen que estar abiertos al diálogo con la prensa, porque la prensa es el canal, la vía para que la gente pueda informarse por un lado y a su vez los funcionarios reciban los cuestionamientos que se le están haciendo y puedan responder a ellos. Me parece que el funcionario que elige el silencio no está abierto al escrutinio de la sociedad. Es fundamental una mayor apertura de las instituciones a la prensa y a un mayor acceso a la información pública.

Lamentablemente, en América Latina se había avanzando mucho en materia de acceso a la información pública y en los últimos años vemos un retroceso en muchos países y Perú es uno de los que está retrocediendo en vez de avanzar en esta materia.

— La presidenta Dina Boluarte ha cumplido hace pocas semanas un año en el poder. Durante ese tiempo, retiró de los medios de comunicación del Estado a periodistas que cuestionaban a su gobierno. También puso como presidenta del IRTP a una persona que fue su propagandista. ¿En términos de libertad de expresión cómo evalúa a su gobierno?

Esto es claramente parte de la confusión general que hay en la dirigencia política latinoamericana en ocho países de la región, no en todos, de creer que los medios públicos son medios del gobierno cuando en realidad son medios del Estado, son medios que el Estado tiene para comunicar información que genere el sector público a la sociedad, pero no para proteger al funcionario de turno, al presidente de turno, o para estar al servicio del gobierno o partido político que esté en el poder.

Respecto de la gestión de la presidenta Boluarte, ella es la primera que debería dar el ejemplo de compromiso claro con la libertad de expresión ante esta reiteración de proyectos de ley, la sociedad debe estar demandando una palabra clara de la presidenta, si ella está de acuerdo no con una política de distintos sectores de silenciar a la prensa. Y si no es así, sería bueno saberlo. ¿Qué actitud va a tomar la presidenta si este proyecto [nueva ley mordaza] se aprueba? ¿Está dispuesta a vetarla? ¿Está dispuesta a expresar su desacuerdo con esa legislación? Todo indica que no y que la vería con buenos ojos, y eso es más que preocupante.

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— La presidenta Boluarte exhortó a los medios de comunicación a que ayuden al gobierno a “brindar noticias positivas” y no negativas, cuando fue consultada sobre los altos índices de inseguridad en el país…

Creo que todos queremos tener noticias positivas, pero muchas veces la realidad dice lo contrario y la función del periodismo no es la de edulcorar esa realidad, disfrazarla, sino transmitirla y buscar distintas voces que expresen caminos para solucionar esa realidad. Ocultar la realidad o decir que la inseguridad no existe o que la inseguridad está bajando, cuando eso no está reflejado en los índices lo que lleva es a un mal diagnóstico y a una mala política pública para enfrentar ese problema. El gobierno debe dejar a la prensa hacer su trabajo y hacer su propio trabajo que es darle respuesta a la necesidad de la gente.

— ¿Ha habido algún tipo de mejora en los estándares de la libertad de prensa en comparación a la administración de Pedro Castillo?

Nosotros [en la SIP] tenemos obviamente un reporte permanente de lo que ocurre en el Perú, pero no me atrevería a decir si hubo una mejora o un empeoramiento, porque además son situaciones que son muy cambiantes. Sí creo que Perú viene en un estado de paulatina degradación de la libertad de expresión y de prensa y que los cambios de gobierno lejos de producir una mejora han producido un sostenimiento de esa situación y en algunos casos un agravamiento. Esta recurrencia de algunos sectores políticos de presentar proyectos que coactan la libertad de expresión muestra que ese grado de degradación no depende de un gobierno, sino que es un entorno político que está proclive a silenciar a la prensa.

— Entre el 2019 y el 2022, más de 70 periodistas y medios fueron denunciados en el Perú. ¿Le preocupa este panorama?

Sí, claro que nos preocupa, nos preocupan los hechos de violencia que se producen contra la prensa, en algunos casos por acción de las fuerzas policiales, y en otros por las protestas callejeras. Pero todo parte del mismo contexto que estamos hablando donde hay una falta de respaldo al trabajo periodístico, una falta de reconocimiento al valor que tiene la información para la ciudadanía, y por tanto el trabajo de quienes llevan esa información. Y nos preocupa la criminalización de la prensa, el promover demandas millonarias contra periodistas, todo eso hace un entorno adverso que debería comenzar a revertirse y esperamos que en el corto plazo podamos lograr esto.

Desde la SIP seguimos con mucha atención lo que ocurre en el Perú, porque el país tenía años atrás una situación mejor y creo que en buena medida la estabilidad institucional y económica del país se correspondió también con un clima de mayor libertad del que se está viviendo hoy. Entonces, si el Perú quiere volver a tener una situación de estabilidad política y económica debe también preocuparse por reforzar el espacio de la libertad de expresión. Si no lo hace, lo único que cabe esperar es mayor deterioro institucional.