La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes la acusación constitucional que la fiscalía de la Nación presentó contra la exministra y excongresista Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
Esto por contrataciones supuestamente irregulares en el Estado de personas de su entorno cuando fue congresista y ministra de Cultura y Trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo.
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Ahora la decisión de la Comisión Permanente deberá ser ratifica en el pleno del Congreso.
La exministra purga prisión preventiva como parte del juicio oral que afronta -junto con Pedro Castillo y otros exministros- por presunta rebelión por su papel en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Mira aquí el debate:
El informe final fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside María Acuña (Alianza para el Progreso).
Conclusiones del informe final contra Betssy Chávez
• Acusar a Betssy Chávez Chino, en su condición de ex congresista, ex ministra de Trabajo y Promoción del empleo y de Cultura, por la presunta comisión del delito negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal), debiendo solicitarle al Pleno del Congreso que proceda al levantamiento del antejuicio político.
• Acusar a Betssy Chávez Chino, en su condición de ex congresista, ex ministra de Trabajo y Promoción del empleo y de Cultura por la presunta comisión del delito tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal), debiendo solicitarle al Pleno del Congreso que proceda al levantamiento del antejuicio político.
También aprobaron inhabilitación de Geiner Alvarado
La Comisión Permanente también aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a Geiner Alvarado, exministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo, por presunta infracción constitucional durante su gestión.
INFORME FINAL SOBRE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 289
Denuncia interpuesta por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra Geiner Alvarado López, en su condición de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por infracción del artículo 39 de la Constitución.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al amparo del inciso d.6) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y del análisis realizado, el informe final concluye en:
ACUSAR A: Geiner Alvarado López, en su condición de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú, al refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021.
PROPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado López, por la infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú. Informe presentado el 24 de marzo de 2025.
También está en agenda el informe contra el expresidente del JNE, Jorge Salas Arenas, que se basa en la denuncia que presentó el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por contactos que el magistrado tuvo con Walter Ríos Montalvo en el 2017 para pedir que contrate a su exsecretario Pavel Cárdenas.
Aquí, el informe aprueba acusarlo por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Finalmente, se agendó otro informe final donde se busca acusar penalmente al exjuez supremo Aldo Figueroa por presunto cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.
La Comisión Permanente también debatirá el informe final que elaboró la congresista de Fuerza Popular Nilza Chacón y que fue aprobado en la subcomisión a favor de Dina Boluarte, ya que plantea archivar la denuncia que presentó Villena por el caso Rolex.
En este proceso, la Subcomisión con los votos a favor de Fuerza Popular (4), Acción Popular (2), Alianza para el Progreso (1), Honor y Democracia (1), Bloque Magisterial (1) y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo (1) concluyó que es “constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio” archivar este proceso porque los delitos no están incluidos en el artículo 117 de la Constitución.
