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El Comité de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada expresó su “grave preocupación” por el debate en el Congreso por el proyecto de ley que busca restringir los alcances de los delitos de lesa humanidad para que prescriban los casos cometidos antes del 2002.
“El Comité contra la Desaparición Forzada expresa su grave preocupación por el proyecto de ley presentado al Congreso peruano, que establece que nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002″, señalaron en un pronunciamiento publicado este 26 de junio.
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El comité resaltó su llamado a que todas las normas aprobadas por el Congreso se ajusten al derecho internacional de derechos humanos y, en esa línea, advirtió que la aprobación de esta iniciativa significaría un “grave retroceso” a lo que ha avanzado el Perú en aspectos de investigar y condenar a responsables de estos casos.
“La aprobación del proyecto de ley 6951/2023-CR constituiría una clara violación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Perú el 26 de septiembre de 2012″, destacaron.
El comité, con la excepción de Carmen Rosa Villa-Quintana en respeto a su reglamento interno y las directrices de Addis Deba sobre independencia e imparcialidad, resaltó medidas como la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Período de Violencia 1980-2000, el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la creación de la Dirección General y del Banco de Datos Genéticos y otros esfuerzos que significaron un compromiso del Perú para combatir la impunidad.
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“(La ley sobre lesa humanidad) aniquilaría estos avances y constituiría un grave retroceso. Asimismo, iría en contra de las recomendaciones contenidas en las Observaciones Finales transmitidas al Estado parte en 2019, en las que el Comité subrayó la importancia de que el Estado parte (i) elimine la posibilidad de que se concedan indultos por delitos internacionales, incluida la desaparición forzada, y (ii) que asegure que todos los casos de desaparición forzada, sin excepción, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sean sancionados con penas apropiadas”, comentaron desde el comité de la ONU.
En esa línea, se sumaron al llamamiento del 12 de junio del 2024 emitido por los Procedimientos Especiales al Congreso peruano para que garantice el “pleno cumplimiento de las normas aprobadas con el derecho internacional de los derechos humanos”.
