El Poder Judicial condenó a 10 de los 13 militares implicados en el Caso Manta y Vilca a penas de entre 6 y 12 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra nueve mujeres entre 1984 y 1995 en Huancavelica.
En la lectura de su fallo, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada consideró que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad.
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Según la sentencia, siete de los militares condenados cumplirán 10 años de prisión efectiva, mientras que a los restantes se les dictaron 8, 6 y 12 años de cárcel, respectivamente.
Rufino Rivera Quispe, Vicente Llance Collahuacho, Epifanio Quiñones Loyola, Amador Gutiérrez Lizarbe, Lorenzo Inga Romero, Raúl Pinto Ramos, Arturo Cimarra García recibieron una pena de 10 años de prisión.
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En tanto, Martín Sierra Gabriel fue sentenciado como autor directo a 8 años de prisión, Pedro Chanel Pérez López recibió 6 años de cárcel y Sabino Valentín Rutti, hallado culpable como autor directo, fue condenado a 12 años de prisión.
Todos ellos deberán pagar en forma solidaria S/100 mil de reparación civil a favor de las víctimas. Los abogados de la parte civil y de los acusados anunciaron que se reservarán el derecho de presentar recurso de apelación.
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Se reservó el juzgamiento contra Julio Julián Meza García, Gabriel Edwin Carrasco Vásquez y Diómedes Gutiérrez Herrera por encontrarse en calidad de reos contumaces, así como contra Dionisio Félix Álvaro Pérez, a quien se le cortó la secuela del proceso.
Las bases militares de Manta y Vilca fueron instaladas en marzo de 1984 –durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry- para enfrentar a las huestes de Sendero Luminoso y funcionaron hasta 1998.
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En 2016 se inició el primer juicio contra 14 militares. Trece permanecieron en un solo proceso y uno fue juzgado en otro tribunal por ser menor de edad cuando se cometieron los hechos materia del proceso.
Cabe indicar que el de Manta y Vilca fue uno de los 47 casos emblemáticos que reportó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su informe final, los cuales fueron elevados a la justicia.
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Además, el documento elaborado por la CVR determinó que, entre 1984 y 1995, la violencia sexual fue una práctica reiterada del Ejército contra las mujeres de los distritos de Manta y Vilca.
En total, se identificaron a 24 víctimas de violación y a 32 menores cuyos padres eran militares, pero que jamás fueron reconocidos. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Demus asumieron la defensa de estas mujeres.
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A inicios del 2015, la Tercera Fiscalía Superior Penal formuló acusación contra 14 militares sobre la evidencia de 14 de las 24 víctimas identificadas. En febrero del 2016 la Sala Penal Nacional recibió el expediente y dispuso el inicio del juicio oral.
