Congreso: Las omisiones que persisten en la norma sobre las declaraciones juradas de intereses

Tras un mes de negativas, el Congreso terminó rectificando su norma y estableciendo la obligación de presentar sus declaraciones juradas de intereses ante la Contraloría General de la República. Si bien se incluye la facultad de fiscalización, aún quedan muchos vacíos respecto a las sanciones para los parlamentarios que no cumplan o falseen la información de sus legajos.

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En mayo pasado, el pleno aprobó una resolución legislativa -basada en un proyecto de Ricardo Burga (Acción Popular, Lima)- donde se autoexcluían de los alcances del Decreto de Urgencia 020-2019, dado por el Poder Ejecutivo, en diciembre del 2019, sobre la presentación de las declaraciones juradas de intereses.

Un mes después, el mismo pleno aprobó correcciones a su resolución legislativa especificando la obligatoriedad de presentar dichas declaraciones juradas de intereses a la Contraloría General de la República. Esto después de que el propio contralor Nelson Shack les enviara un oficio explicando la necesidad de realizar modificaciones a su norma original.

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En el debate de esta norma correctiva, se incluyó -a pedido de los legisladores Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) y Daniel Urresti (Podemos, Lima)- incluir la atribución para que la Contraloría pueda fiscalizar las referidas declaraciones juradas de intereses. Lo que no se especificó es cuáles serán las sanciones para los congresistas que no cumplan o mientan en sus legajos.

Fuera de los requisitos

Lo primero a tener en cuenta es que las declaraciones juradas de intereses continúan sin ser un requisito para la juramentación. El artículo 8 del reglamento del Congreso señala que un parlamentario debe presentar una declaración jurada de bienes y rentas, otra sobre su situación financiera y una tercera de no estar incurso en las incompatibilidades consignadas en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú.

“Estas declaraciones deberán presentarse a los treinta días de haber asumido el cargo. [...] Los congresistas electos en tanto no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo precedente, no pueden juramentar el cargo de congresista ni ejercerlo”, especifica el mismo artículo párrafos más adelante.

La resolución legislativa del Congreso no incluye esta obligación para las declaraciones juradas de intereses. Esto sí se establecía en el DU 020-2019, del cual se autoexcluyó en Parlamento. El dispositivo legal del Poder Ejecutivo estipula que los funcionarios del sector público están obligados a presentar su declaración jurada de intereses como requisito necesario para el ejercicio del cargo o función dentro de los quince días de haber sido nombrados, designados, electos o contratados.

Bloqueo en Junta de Portavoces

La última modificación realizada por el Congreso, respecto a las declaraciones juradas de intereses, fue realizada el jueves 11 de junio. Ocho días antes, el legislador Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima) había presentado un proyecto de ley donde establecía sanciones administrativas.

La Junta de Portavoces, el mismo 11 de junio, se reunió y exoneró del trámite de comisión a dos proyectos -de Frepap y Podemos- que establecían la obligación para que los congresistas presenten sus declaraciones juradas ante la Contraloría. Durante el debate, en el pleno, se acumuló otro proyecto de Fuerza Popular, presentado ese mismo jueves 11, apenas unas horas antes de iniciado el debate en el pleno.

Entonces, ¿por qué se dejó fuera el proyecto que incluía sanciones? Aliaga indicó a este Diario que propuso a la Junta de Portavoces que su iniciativa sea exonerada del trámite de comisiones, al igual que los proyectos de Podemos y Frepap. Sin embargo, su pedido fue rechazado.

“Se me dijo que lo más oportuno era que mi proyecto sí pase por estudio en comisiones porque establecía sanciones y era un tema que tenía que ser revisado con detenimiento”, contó el segundo vicepresidente del Parlamento.

Lo de las sanciones es un tema que tiene visiones distintas en el Parlamento. Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) indicó que la Contraloría General de la República no tiene competencia constitucional para sancionar congresistas o autoridades políticas y eso es correcto.

“La Contraloría puede y debe derivar su informe a la Comisión de Ética para que evalúe la sanción a aplicar e incluso enviar el informe al Ministerio Público para que vea si hubo el delito de falsa declaración y otro delito”, sostuvo.

Aliaga también piensa que la Comisión de Ética y el Ministerio Público serán los caminos a seguir ante una omisión o falsedad. “Sería falsedad genérica, así que. se puede iniciar un proceso de investigación penal, o solicitar el levantamiento de inmunidad”, refirió.

Otra omisión

Aliaga también ha remitido un oficio al presidente Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) refiriendo que algunos funcionarios con cargos importantes no han sido contemplados en los alcances de la norma que obliga a la presentación de las declaraciones juradas de intereses.

En un oficio fechado el 22 de mayo, Aliaga explicó a Merino que el personal de las áreas legislativas y de contratación de personas, bienes y servicios deberían también presentar declaraciones juradas de intereses.

Solo está contemplado que transparenten su legajo el personal de direcciones, Oficialía Mayor y jefes de área.

Hasta la fecha, solo Aliaga y la bancada de Acción Popular han cumplido con presentar sus declaraciones juradas de intereses. Aunque solo el primero ha transparentado su legajo en su portal web, mientras los acciopopulistas la mantienen en reserva.

Mientras que otros nueves legisladores -de Frente Amplio y el Partido Morado- presentaron sus declaraciones juradas de intereses, en marzo pasado, en el amparo del DU 020-2019, con lo cual sus legajos encuentran transparentados en el portal habilitado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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