Sin balance de poder: el Congreso no tiene oposición frente a posturas antitécnicas

Ya sea a través de designaciones o por acciones de control político, el Congreso de la República ha logrado obtener un manto de protección que le permite aprobar leyes antitécnicas y actuar sin ningún tipo de oposición frente a otros excesos.

Funcionarios coinciden en que en sus sectores existe una paralización dada la incertidumbre por el accionar del Congreso. Las más altas autoridades temen caer en el ojo de atención del Parlamento, pues la mayoría de los temas que estos últimos abordan termina en contrarreformas o en lo que consideran excesos de acciones de control.

Ejemplos existen varios, especialmente sobre leyes antitécnicas: desde el retiro de fondos de las AFP o la disponibilidad del 100% de la CTS, hasta la más reciente propuesta para desaparecer Servir, el régimen que vela por la calidad de los perfiles de los funcionarios. Un régimen del cual el Congreso se autoexcluyó.

Las acciones de control del Legislativo también se han disparado. En apenas 17 meses de gestión, la presidenta Dina Boluarte ha afrontado ocho mociones de vacancia, seis de las cuales no fueron admitidas a debate y dos pasaron al archivo por retiro de firmas.

Martin Cabrera, abogado especializado en temas parlamentarios, explica que el control político desde el Congreso se ha relativizado desde el gobierno de Pedro Castillo, pues ahora el trato desde el Ejecutivo y demás instituciones es de manera individual, congresista por congresista.

“El control político ahora responde a intereses propios de los parlamentarios, se ha desinstitucionalizado. No necesariamente está mal que los congresistas directamente se acerquen a los sectores o ministros, así como tampoco está mal que los interpelen. El asunto es que de lo primero nadie se entera; lo segundo es público, con un debate televisado”, dice Cabrera. Esto se condice con la realidad, pues en las interpelaciones, los congresistas no asisten a los debates.

Los especialistas consultados coinciden en señalar que no existen señales de que la situación vaya a cambiar. “Hay una especie de convivencia por interés, se debe al temor de perder el cargo público. Todos quieren llegar al 28 de julio del 2026 y para eso no quieren hacer ruidos ni aspavientos. Entonces, el balance de poderes no funciona, las entidades están ciegas, sordas y mudas”, afirma Alejandro Rospigliosi, abogado especialista en temas legislativos.

La fiscalía es un claro ejemplo de lo que pasa cuando la entidad se enfrenta al Congreso. En respuesta a las investigaciones impulsadas por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, los congresistas empezaron a denunciarlo constitucionalmente. Esto no sucedía en la gestión de Patricia Benavides y a la fecha se investiga la vinculación de varios parlamentarios con la extitular del Ministerio Público.

Otras instituciones en las que el Congreso ha mostrado injerencia son la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, donde el pleno se encarga de la elección de sus miembros. En el caso de la contraloría, el Parlamento no elige, pero la elección depende de su ratificación de la propuesta del Ejecutivo. “El contralor debe estar agradecido de que no hayan nombrado nuevo contralor y está a la espera de la segunda votación del proyecto para poder mantener en el cargo mientras no designen a su reemplazo”, sostiene Rospigliosi.

Con la Defensoría del Pueblo existe un juego en pared, como se observó en la discusión sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El defensor Josué Gutiérrez presentó una iniciativa para habilitar nuevos suplentes de la JNJ en medio de la destitución de dos miembros aprobada por el pleno. Por su parte, el Congreso ha aprobado normas que aumentan las facultades del defensor del Pueblo.

Rospigliosi advierte que recién podremos observar, entrando a la campaña electoral del 2026, que los partidos políticos que hoy sostienen al gobierno empiecen a desmarcarse por estrategia.