Cuestión de confianza: la amenaza de Guido Bellido, la respuesta del Congreso y cómo ha sido usada desde 1993

El anuncio de Guido Bellido se produjo al promediar las 8 de la noche, del miércoles 29, mientras el pleno sesionaba y tenía en agenda una moción para invitarlo al pleno por sus declaraciones sobre el gas de Camisea. La Mesa Directiva decidió no poner al debate dicha moción debido a que primero querían finalizar la interpelación programada para el jueves 30, y que no se vea como un cargamontón.

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Además, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ya había anunciado que las sesiones no se extenderían después de las 9 de la noche, y los demás temas de la agenda habían acaparado todo el tiempo.

Culminado la sesión plenaria, la presidenta Alva convocó a Junta de Portavoces. Las reacciones fueron varias: desde Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, pidiendo proceder con la vacancia, hasta Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, pidiendo no caer en el juego de Bellido.

En medio de esos pedidos se logró consenso para dos cosas: emitir un comunicado de respuesta y sostener una reunión con el mismo presidente Pedro Castillo, ya sea en Palacio de Gobierno o en Palacio Legislativo. Esto último a propuesta del vocero de la bancada oficialista del lápiz, Waldemar Cerrón.

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Mientras se redactaba el comunicado, los asesores de la Presidencia del Congreso se comunicaron con el jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República, Auner Vásquez. Se acordó que una comitiva legislativa iría a visitar a Pedro Castillo.

La comitiva prevista para dicha reunión estaba conformada por Jorge Montoya, Alejandro Muñante (Renovación Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Enrique Wong (Podemos), Carlos Zeballos (Acción Popular), Flor Pablo, José Jerí (SP-PM), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Eduardo Salhuana (APP) y Ruth Luque (Juntos por el Perú). Los únicos que se negaron a participar fueron los de Fuerza Popular, alegando que no había una decisión con su lideresa Keiko Fujimori, quien a través de Twitter se pronunció en contra de Bellido.

No estaba pensado que asistiera la presidenta del Congreso, pero cuando estaban por partir, la legisladora Ruth Luque mencionó que su presencia era necesaria. Ante los amagos de entrampar la salida, Alva decidió asistir, pero acompañada de la Mesa Directiva: como en la comitiva ya estaban incluidos Chirinos y Wong, solo añadieron a la lista a la primera vicepresidenta Lady Camones de APP. A esto se sumaron otros legisladores, con lo que la comitiva legislativa sumó en total unos 14 miembros.

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La reunión con Castillo duró hasta casi la 1:00 a.m. del jueves 30. Al salir de la reunión, Alva brindó declaraciones a la prensa donde mencionó que Castillo les dijo que la cuestión de confianza en defensa de Maraví “no es el sentir de él y, en general, de su gabinete” y que eso “no está en la agenda”. Eso fue suficiente para que la comitiva congresal se retire -en palabras de la misma Alva- con “tranquilidad”. Otras fuentes indicaron que Castillo reconoció los excesos de Bellido, y reiteró que evaluará al gabinete ministerial cumplidos los 100 días. Pidió que ambos poderes guarden calma, y los congresistas dejaron en claro que solo defendía el fueron parlamentario.

Un detalle no menor es que Bellido intentó estar presente en la reunión, pero se tuvo que retirar ante la negativa de los congresistas.

Pero la tranquilidad, como en los últimos cinco años, puede durar poco. “Bellido ha abierto una puerta que nos ha puesto en el mismo escenario del 2019. Estamos entrando al mismo terreno a donde nos orilló Vizcarra en el 2019″, afirma una fuente de la Junta de Portavoces. La censura del ministro de Trabajo siguen siendo un borrador, mientras que AP, APP y SP-PM no aseguran sus votos.

Se espera que la jornada del jueves 30 sea tensa y una de las opciones, según la misma fuente, es que no se le otorgue la palabra a Bellido durante la sesión que está destinada íntegramente para la interpelación del ministro Maraví.

Maraví se presentará ante el pleno, junto a la amenaza de Bellido, un 30 de setiembre, exactamente dos años después de que Vizcarra disolviera el Congreso.

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Un as bajo la manga

La cuestión de confianza es un mecanismo que, entre el 2000 y 2016 solo se había utilizado una sola vez durante el gobierno de Ollanta Humala, y sin una resolución. Fue en el 2012 cuando el entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, presentó una cuestión de confianza por un paquete de delegación de facultades, pero su propuesta no fue votada, debido a que se optó por la aprobación de las facultades.

Antes de eso, solo existen registros de cuestiones de confianza en los noventa, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre 1990 y 2000, se presentaron unas seis cuestiones de confianza, cinco de ellas presentadas después de interpelaciones ministeriales.

Los ministros del régimen de Alberto Fujimori comenzaron a utilizar la cuestión de confianza para obtener el respaldo del congreso. Es así que, al culminar las interpelaciones e intervenciones en el Congreso, los miembros del gabinete invocaban el artículo 132 de la Constitución para obtener expresamente la conformidad del Parlamento.

En los diarios del debate constituyente de la Comisión de Constitución de la 1993 se puede encontrar que el congresista Enrique Chirinos Soto señalaba que “la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que se quiera”. “El Presidente del Consejo de Ministros la plantea cuando quiere y como quiere [...]. Por ejemplo, podría decir: señor, hago cuestión de confianza de que se respetan las decisiones del Presidente”, indicaba.

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Polémica en el tiempo

La aplicación de la cuestión de confianza es un debate que se arrastra y se agudizo tras la disolución del Congreso en el 2019. En aquella ocasión, se interpretó que, al no votar el gobierno respecto a un proyecto del Poder Ejecutivo para transparentar la elección de magistrados del TC, se negó la cuestión de confianza. Esa era la segunda negativa de confianza a un gabinete, luego de lo ocurrido con el ex primer ministro Fernando Zavala, con lo que el entonces presidente Martín Vizcarra procedió a disolver el Congreso.

El debate se centra en dos aristas que abarcan un mismo punto, el cual tiene que ver con los procedimientos parlamentarios:

1. ¿Se puede presentar cuestión de confianza sobre proyectos de ley?
2. ¿Se puede presentar cuestión de confianza sobre interpelaciones o censuras?

Para el abogado Heber Joel Campos, especialista en temas parlamentarios, la cuestión de confianza no procede respecto a la interpelación de un ministro, ni sobre una medida que no guarde relación con alguna de las competencias que la Constitución le reconoce al Congreso. “Si el gobierno hace cuestión de confianza por la interpelación de un ministro, esta medida sería improcedente. Podría hacer cuestión de confianza por la censura de un ministro, pero si alguien propone una censura eso recién lo sabremos cuando concluya la sesión de interpelación o, incluso, unos días después”, refirió.

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De hecho, existe el antecedente del 2017 cuando, ante una eventual censura, el entonces primer ministro Fernando Zavala presentó una cuestión de confianza argumentando la necesidad de continuar con las políticas del sector Educación de manos de la ministra Marilú Martens. Fuentes de la actual PCM indicaron que se utilizaría este antecedente.

Existen dos fallos recientes del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza. En sus considerandos, el máximo ente constitucional indica que la cuestión de confianza es una herramienta extraordinaria y que si bien su configuración es amplia, no puede ser invocada como un medio de presión abusivo o desproporcionado contra el Congreso.

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Además, el actual periodo 2021-2022 aprobó una ley de desarrollo de la cuestión de confianza estipulada en la Constitución. Según la autógrafa de ley, el presidente del Consejo de Ministros no puede presentar una cuestión de confianza sobre temas relacionados a “la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República”. Dicha autógrafa está manos del presidente Pedro Castillo desde el 16 de setiembre y tiene como plazo hasta el 7 de octubre para promulgarla u observarla y regresarla al Congreso.

Mientras toma una postura respecto a dicha autógrafa, su primer ministro Guido Bellido está dispuesto a presentar una cuestión de confianza sin parámetros.

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