Dos pre-informes de la Comisión de Ética recomiendan suspender por 120 días de legislatura -con el respectivo descuento de haberes- a las congresistas Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) y Magaly Ruíz (APP) tras ser denunciadas por recorte de sueldo y cobros irregulares a sus trabajadores.
Según pudo conocer El Comercio, ambos documentos serán debatidos este viernes por el mencionado grupo de trabajo.
El pre-informe sobre Juárez, al que El Comercio tuvo acceso, plantea que se remita el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la presunta comisión del delito de concusión y se envíe también el expediente a la Fiscalía de la Nación para que sea incorporado a la Carpeta Fiscal N.º 76-2023.
Según dicho documento, se le imputa a Heidy Juárez Calle “haber realizado presuntos cobros irregulares “diezmo mensual” a los/as trabajadores/as de su despacho congresal y de la Comisión Especial de Cambio Climático (...) situación que se habría conocido por cuanto al menos cuatro de sus ex trabajadores habrían brindado testimonio ante un medio periodístico, que se les habría solicitado cobros irregulares de sus remuneraciones, dinero que era depositado a la cuenta de Miguel Ángel Chafloque Domínguez, quien se desempeñaba como asesor principal de la congresista denunciada”.
“Además se señala que existirían otros cobros denominados ‘aportes voluntarios’ que el citado asesor principal solicitaba tanto a los trabajadores del despacho congresal; así como de la comisión especial de Cambio Climático que la congresista presidía, para ‘actividades sociales’”, consigna el informe.
La denuncia fue presentada por Susana Silva Hasembank, adjunta (e) de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo, y por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas.
La congresista Juárez ya es investigada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, por el Ministerio Público que el 14 de abril inició pesquisas por el presunto delito de concusión contra la legisladora y su asesor principal Miguel Ángel Chafloque Domínguez como supuesto cómplice.
Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, la legisladora afirmó que se allanaba a las investigaciones.
Magaly Ruiz también es investigada por el Ministerio Público por presunto delito de concusión, junto al asesor principal de su despacho, Johnny Romero Nima, como presunto cómplice.
El domingo 5 de marzo, “Punto Final” difundió el testimonio del comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, quien denunció haber abonado S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por Magaly Ruiz.
A fines de mayo, Cecilia Vásquez, excoordinadora parlamentaria del despacho de Magaly Ruíz en Trujillo denunció amenazas e intimidación.
