La planilla del Congreso se agranda: 28 trabajadores por cada legislador en promedio

En cuatro años de gestión, la planilla pasó de 3.007 a 3.577 trabajadores. También se registra un incremento salarial: la planilla mensual pasó de costar S/15 millones en diciembre del 2021 a S/26 millones en abril del 2025. Esto sin contar el pago a pensionistas, la planilla del Parlamento Andino, ni el personal de expresidentes de la República.

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A esto se suma que, mientras en el 2021 eran solo cuatro los trabajadores que ganaban más que un congresista (S/15.600), para el 2025 suman más de 70 los privilegiados. Algunos de estos son profesionales de larga experiencia, pero la mayor parte de beneficiados son personal con carnet partidario que se dedica a hacer promoción de sus respectivas agrupaciones políticas.

“La sobrepoblación laboral en el Congreso es producto del pago de favores políticos. Tienen personal de plazo indeterminado y, en lugar de usarlo, contratan a más personas afiliadas a partidos”, explicó el especialista Alejandro Rospigliosi.

El caso de Yessenia Lozano, militante de APP, que encabeza el Centro de Modalidades Formativas –una dependencia creada en este período–, no es el único. Este Diario encontró otros casos de funcionarios afiliados a Somos Perú, Perú Libre y Fuerza Popular que registran actividades dedicadas a la promoción de sus agrupaciones.

Esto se registra, principalmente, en el Módulo de personal de confianza que fue revivido por la Mesa Directiva, y donde las bancadas pueden colocar su cuota de afiliados. En esta dependencia encontramos casos como Bladimir López, afiliado de Perú Libre quien es un efusivo promotor del prófugo Vladimir Cerrón en redes sociales, o Flor Meza, afiliada de Fuerza Popular, quien difunde mensajes a la prensa de su bancada, de su partido y hasta mensajes sobre el cumpleaños de Keiko Fujimori: todo en horario laboral. El módulo en mención había sido eliminado en el anterior periodo tras la denuncia de su uso político, pero la actual representación decidió volver a utilizarlo con fines partidarios.

El abogado Rospigliosi también recuerda que en el Congreso no existen procesos meritocráticos para acceder a los puestos más importantes, lo cual ahonda la práctica de los nombramientos ajenos a los perfiles profesionales y técnicos. “El Parlamento se autoexcluyó de la Ley Servir, pero irónicamente apelan a esa misma ley para justificar el pago de abogados para los casos fiscales que afrontan varios legisladores”, apuntó.

Tampoco existe una entidad que controle los nombramientos en el Parlamento. A diferencia de anteriores periodos, la Contraloría no ha vuelto a realizar revisiones sobre los nombramientos de la Mesa Directiva. “El gran problema es que el actual contralor parece no querer meterse con el Congreso. Esto pasa porque el Parlamento fue quien lo ratificó tras la propuesta del Ejecutivo, y el mismo Parlamento puede destituirlo”, advirtió Rospigliosi.

En el mismo Congreso, no existe voluntad para cambiar el panorama y prefieren trasladar responsabilidades. Alejandro Soto, expresidente del Congreso, alegó que los incrementos salariales respondieron a convenios colectivos firmados años atrás. Sobre el incremento de personal, dijo que era una pregunta para su sucesor y colega de bancada, Eduardo Salhuana. “En mi gestión no hubo creación de [nuevas] áreas como la de Lozano o de [nuevos] cargos”, dijo el vocero de APP.

Martin Cabrera, abogado especialista en temas parlamentarios, alegó que el panorama actual son dinámicas concurrentes que han sido llevadas al límite en el actual periodo, el último de la era unicameral. Desde el 2026, el Parlamento peruano pasará a contar con un sistema de dos cámaras.

Frente a este fenómeno, Cabrera apuntó que se deberían buscar tres condiciones específicas en la estructura organizativa del Parlamento:

1. La determinación precisa del perfil del puesto, que justifique el valor del cargo en función de sus responsabilidades.

2. ⁠La garantía de meritocracia en la asignación de dichos cargos. Es decir, que no sean necesariamente “designaciones a dedo”, si hablamos de cargos de funcionarios de la administración.

3. ⁠Un estándar elevado de transparencia institucional que permita a la ciudadanía conocer y evaluar el fundamento de estas decisiones. Es decir, los acuerdos de Mesa Directiva no solo deben publicarse sino que deben sumillarse y ser de fácil acceso, pero además deben ser acompañados de informes técnicos que sustenten esas decisiones.

Desde el 2022 aguarda en la agenda del pleno un proyecto de ley que propone restituir la vigencia del Estatuto Parlamentario, un instrumento de gestión que limita los nombramientos políticos. En el dictamen aprobado se consigna la opinión del ex Oficial Mayor, José Cevasco, quien aseguró que, durante los últimos 20 años, los nombramientos y contratación de personal han estado sujetos a criterios políticos de los congresistas que han conformado las diversas mesas directivas del Congreso.

De no aprobarse este instrumento antes de junio, existe un riesgo de que la práctica de nombramientos políticos con fines proselitistas se incremente debido a la campaña electoral.