El bloque opositor del Congreso ha empezado de manera oficial su tercera campaña en busca de una vacancia presidencial contra Pedro Castillo, pero su problema sigue siendo el mismo que los llevó a la derrota en las dos oportunidades anteriores: la incertidumbre de no poder asegurar 87 votos. Ante ello, viene cobrando más fuerza el análisis de la aplicación de la suspensión de Castillo en el cargo de jefe del Estado, a pesar de que se trata de una figura no regulada a la fecha.
El artículo 114 de la Constitución estipula la figura de la suspensión del ejercicio de la presidencia por: 1. Incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso, o 2. Hallarse este sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución.
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“En la denuncia constitucional de la fiscalía se hace alusión a la convención de las Naciones Unidas donde se habla de la posibilidad de suspender a un funcionario que obstruye la justicia. Habla de separarlo del poder para evitar que su permanencia no permita la ejecución continuada de la justicia”, explica una fuente del “bloque democrático” opositor.
Sumado a esto, los legisladores opositores alegan que la última sesión de la OEA –a raíz del pedido del Gobierno para activar la Carta Democrática– estuvo enfocada en la aplicación del artículo 117 de la Constitución. Entonces, señalan, la aplicación del artículo 114 aleja a la oposición de la discusión que el Gobierno ha usado para establecer su estrategia de “victimización” internacional.
Las vías
La Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular, viene debatiendo un proyecto de ley del legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) para regular la figura de la suspensión. Específicamente, el método de presentación (consideran que debería ser una moción), los plazos para la defensa y la votación (consideran que sería 66).
La única preocupación es el tiempo. El proyecto debe dictaminarse, elevarse al pleno y, de aprobarse, debe pasar un tiempo para ver si el Poder Ejecutivo la observa, y luego la aprueba por insistencia. Además, se prevé el escenario en el cual el Gobierno opte por llevar el caso ante el Tribunal Constitucional o presentar alguna medida judicial intentando frenar la aplicación de la figura.
Algunos legisladores opositores han propuesto otra vía, amparándose en un antecedente: Martín Vizcarra. El 30 de setiembre del 2019, tras la disolución del Congreso, el pleno aprobó, con 86 votos a favor, la moción para suspender “temporalmente” a Vizcarra por “incapacidad moral” y nombró como reemplazo a la entonces vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”. La polémica medida quedó invalidada en enero del 2020 con un fallo del Tribunal Constitucional.
“Lo que se está diciendo en la interna es que, si no piensan reglamentar la figura, al menos exista un acuerdo por mayoría en el pleno. De lo contrario, se estaría repitiendo el enfoque que se aplicó con Martín Vizcarra”, refirió una fuente.
Contando firmas
Mientras la figura de la suspensión se termina de idear, el autodenominado “bloque democrático” de la oposición inició la recolección de firmas para la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.
La idea original era no presentar la moción hasta tener las 87 firmas, pero esa meta parece cada vez más lejana. La oposición encontró apoyo en el Movimiento Integridad, fundado por Jorge Lazarte, para la creación de un portal web que ayude a brindar el conteo real de las firmas. Esto buscaba crear una “presión” sobre los congresistas, pero al cierre de esta edición, estaban parados en 60 firmas.
Para varios congresistas, la creación de un portal web con videos, fotos y tiktoks incluidos, ha convertido a este nuevo intento de vacancia en un “show”. Algunas bancadas como Podemos han anunciado que votarán a favor, pero no firmarán. Algo similar anunció Susel Paredes.
Otros como Carlos Anderson (no agrupado) dijeron que firmarían en “cualquier momento” porque estaban a la espera de que se incluyan “recomendaciones de carácter legal y de narrativa” a la moción.
En algunas bancadas opositoras como Renovación Popular, aún faltan firmas de dos de sus miembros. Uno de ellos es Miguel Ciccia, uno de los legisladores opositores que más visitas registra en ministerios.
“En la interna están que se sacan los ojos. En el hemiciclo están consultando uno por uno si ya firmó. Algunos salen con la frase ‘yo firmo si tú firmas’, o dicen que firmarán cuando estén las firmas completas de Renovación Popular y Avanza País. Lo más probable es que se presente cuando se tengan entre 65 y 70 firmas que aseguran la admisión de la moción y luego buscar los votos que faltan para los 87″, explicó una fuente.
En el plan original del autor de la moción, Edward Málaga (no agrupado), estaba previsto que Fuerza Popular firme de a pocos, con el afán de que no se considere una “moción fujimorista”. Pero los 24 miembros de la bancada naranja estamparon sus rúbricas el pasado jueves.
La firma en bloque del fujimorismo también buscó disipar algunas dudas. En APP, algunos miembros no querían firmar alegando que eran miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que verá la denuncia contra Pedro Castillo. Para el fujimorismo, ese argumento era una excusa para dilatar.
La respuesta de la izquierda
Mientras la oposición evalúa los caminos para sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, el bloque izquierdista no se ha quedado con los brazos cruzados. Kelly Portalatino, la vocera de la bancada de Perú Libre, inició ayer la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso, José Williams.
La Junta de Portavoces de ayer acabó en pelea y con el texto de la moción de censura contra José Williams. El presidente del Congreso informó sobre la necesidad de ratificar su decisión para la ampliación de la demanda competencial por el artículo 117 de la Constitución, para poder acusar constitucionalmente al presidente Castillo.
Las bancadas de izquierda alegaron que el presidente del Congreso buscaba validar el acuerdo que tomó por su propia cuenta sin consultar a los voceros de los grupos izquierdistas y de centro. En la interpretación de Williams, el acuerdo del pleno para la demanda por el caso de Defensor del Pueblo, lo habilitaba para cualquier cosa.
Al final de la Junta de Portavoces, Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, anunció que lo censurarían. Tan solo pasaron un par de horas, y el texto de la moción comenzó a distribuirse en busca de firmas. En la exposición motivos se acusa que Williams “sin contar con la correspondiente autorización, el presidente del Congreso ha requerido al Tribunal Constitucional, a través de una ampliación de demanda, para que determine el contenido y alcances del artículo 117 de la Constitución”.
La moción contará con el apoyo de Perú Libre, Bloque magisterial y Cambio Democrático-JPP. Williams y sus asesores realizaron una serie de llamadas en busca de bloquear la moción, pero no tuvieron éxito. La votación de esta moción será una nueva medición para los votos que existen a favor y en contra de la vacancia presidencial.
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