Martín Vizcarra fue denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la disolución del Congreso el 30 de setiembre del 2019. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Martín Vizcarra fue denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la disolución del Congreso el 30 de setiembre del 2019. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Redacción EC

En medio de algunos incidentes, el expresidente (2018-2020) se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a fin de responder por el caso de la , el 30 de setiembre del 2019.

Durante su intervención, el excongresista Segundo Tapia calificó de “golpista” al exmandatario y pidió al Parlamento “no dejar impune” este hecho por considerar que “afectó la democracia” y el principio de la separación de poderes.

“Lo que perpetró acá, los peruanos estamos obligados a defender la Constitución Política del Estado, el estado de derecho y la democracia. La disolución del Congreso de la República el 30 de setiembre del 2019, cometida por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo bajo el mecanismo de denegación fáctica, fue un acto inconstitucional, por lo tanto, fue un golpe de Estado, el cual no debe quedar impune”, expresó.

Corresponde a este Congreso, como guardianes de la democracia, hacer respetar la Constitución, no permitir el quiebre del orden constitucional y la afectación del principio de la separación de poderes, con la consecuencia afectación de la democracia. Estos hechos no deben quedar impune. El señor Martín Vizcarra es un golpista”, agregó.

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En respuesta, Vizcarra Cornejo señaló que golpe de Estado fue el que se realizó el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) cerró el Congreso e intervino otras instituciones del Estado. También insistió en la legalidad de su decisión basándose en un fallo del Tribunal Constitucional (TC), en enero del 2020.

“Golpe de Estado fue el que se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el que intervino la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, cuando tomaron presos a los políticos que se opusieron y callaron a la prensa. Eso es golpe de Estado, con tanques en las calles”, aseveró.

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“El 30 de setiembre del año 2019 yo disolví constitucionalmente el Congreso y disolví en función del respeto a la Constitución, que está amparado por la ley y que ha sido validado por el Tribunal Constitucional. En cuatro meses estuvo nuevamente la elección de los nuevos congresistas. En todo ese tiempo siguió sin ningún problema el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República. Así que por más excongresista que sea, yo no le permito ese tipo de adjetivos”, añadió

En tanto, el exparlamentario Carlos Tubino tomó la palabra e insistió en que el 30 de setiembre del 2019 hubo un “golpe de Estado” que generó desequilibrio en el país porque en ese momento comenzó la “inestabilidad política que se vive en la actualidad” e hizo un “ejercicio arbitrario y discriminatorio” de la figura de la cuestión de confianza.

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“Eso hizo el señor expresidente Vizcarra, tomó una decisión que se ha visto claramente que no está bien refrendada en un acta, porque lo que se hizo es cerrar un poder del Estado, disolver el Congreso, disolver las aspiraciones de 130 congresistas que habían llegado a estos curules con el voto popular”, acotó.

En respuesta, Martín Vizcarra alegó que el “desequilibrio” político del país se inició el 28 de julio del 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asumió la Presidencia y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no aceptó su derrota en las urnas.

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“Los dos excongresistas dicen que son afectados, que he afectado las aspiraciones de 130 congresistas, que ese es el problema. La queja es que se quedaron sin chamba, eso es lo que están diciendo, cuando uno tiene que pensar en el país y las decisiones que uno toma es pensando en el país”, subrayó.

El caso

Como se recuerda, el pasado 15 de octubre se iniciaron las audiencias de las denuncias 384, 400 y 466 (acumuladas) contra Vizcarra Cornejo y los expresidentes del Consejo de Ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.

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Dos de las denuncias fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País).

En aquella ocasión, el exmandatario no asistió y había solicitado reprogramar su participación por motivos de salud. Lo mismo ocurrió con Zeballos, quien señaló, en un oficio, que no había sido notificado en su domicilio.

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A Vizcarra y Zeballos se les acusa de presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política; mientras que a Del Solar Labarthe por presunta infracción del artículo 133, y último párrafo del artículo 132 de la Carta Magna.

Cabe indicar que la denuncia presentada por Chirinos Venegas comprende al excongresista Gino Costa y a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de aquel entonces, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.

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Ellos son acusados de aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones; abuso de autoridad; usurpación de funciones; conspiración para una rebelión, sedición o motín; y organización criminal, por lo que solicita su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años.

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