La bancada de Perú Libre, liderada políticamente por el prófugo Vladimir Cerrón, presentó este viernes un proyecto de reforma constitucional que busca restablecer la inmunidad parlamentaria. La propuesta busca que ningún congresista pueda ser investigado, procesado o detenido sin autorización previa del propio poder Legislativo, incluso en delitos en flagrancia.
La propuesta tiene como autor principal al legislador José María Balcázar, recientemente reincorporado a Perú Libre y quien ha admitido que se comunica con Vladimir Cerrón desde la clandestinidad. También la firman otros cinco legisladores de su bancada. Entre ellos están su vocero, Flavio Cruz, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, y Kelly Portalatino, investigada por la fiscalía por presuntas comunicaciones, precisamente, con el líder perulibrista.
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En el proyecto se argumenta un interés por proteger a los congresistas ante “cualquier amenaza proveniente” del Poder Judicial, la fiscalía o la policía. Para esto, se sostiene que ellos fueron elegidos por el pueblo y tienen representación nacional, por lo que no pueden someterse a otro poder “que no cuenta con representación democrática”.
“A través de la inmunidad parlamentaria, los legisladores podrán ejercer su función, sin temores y sin limitación alguna y de esa forma podrán defender los intereses de la sociedad”, argumenta el proyecto. “Se pretende prevenir que se inicien procesos penales o detenciones con fines políticos que puedan interferir con el funcionamiento del Congreso. No debe entenderse como parte de un privilegio personal, esta inmunidad actúa como garantía institucional”.
¿Cuáles serían las consecuencias?
En concreto, la propuesta es reformar el artículo 93 de la Constitución. Desde la publicación en febrero del 2021 de la ‘Ley que elimina la inmunidad parlamentaria’, ese artículo establece que “el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, la Constitución actualmente permite que los congresistas sean investigados, procesados y juzgados por delitos comunes (no ligados a su función), con el único privilegio de que su caso sea resuelto a nivel de la Corte Suprema.
Es por ello que, por ejemplo, el reciente proceso por violación sexual contra el destituido legislador Freddy Díaz fue visto por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sin necesidad de que obtenga permiso del Congreso. Así, en agosto pasado, poco más de dos años después de los hechos, fue sentenciado a 13 años de prisión. Si se requería una autorización del Congreso para el proceso, la sentencia por violación hubiese llegado mucho después.
Ese mismo artículo de la Constitución también establece actualmente que “en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”. Es decir, respecto a los procesos e investigaciones seguidas contra un congresista antes de asumir su cargo, no hay ningún privilegio.
Es por esa reforma que los juicios o procesos de congresistas como Guillermo Bermejo, Raúl Doroteo, Luis Picón, José Luna Gálvez, Waldemar Cerrón o Wilmar Elera no se detuvieron cuando estos asumieron sus funciones. Este último incluso pasó a la clandestinidad tras ser condenado a prisión. En total, al menos cinco legisladores del actual periodo recibieron sentencias siendo congresistas.
El excongresista Freddy Díaz pudo ser detenido y luego sentenciado por violación, sin que tenga que pasar por el Congreso, debido a la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La propuesta impulsada por Perú Libre apunta a retroceder a lo que era conocido como “inmunidad parlamentaria”. Buscan borrar las partes señaladas del artículo 93 de la Constitución y cambiarlo por: “los congresistas no pueden ser investigados, procesados, ni detenidos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un año después de haber cesado funciones”.
Agregan que la única excepción sería “la comisión de un delito flagrante”. Pero incluso en ese caso, los parlamentarios serían “puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”. De esta forma, el Legislativo debería dar permiso para mantener detenido o acusar a legisladores incluso cuando haya flagrancia de un delito.
Actualmente, la única protección, garantía o inmunidad que tienen los congresistas es la del antejuicio, que se refiere solo a delitos cometidos dentro de su función parlamentaria. En esos casos, el Congreso debe dar permiso -a través de la aprobación de una denuncia constitucional- para que la fiscalía pueda formalizar una investigación contra un legislador y, eventualmente, pedir una condena al Poder Judicial.
En el actual periodo parlamentario, el antejuicio ha sido una barrera para que el Ministerio Público pueda seguir investigando casos de presunta corrupción parlamentaria. Una muestra de ello son los casos de los ‘mochasueldos’. Un reciente informe de El Comercio dio cuenta de que las pesquisas por estos casos llevaban hasta seis meses paralizadas porque el Congreso no da trámite a las denuncias de la fiscalía.
En tanto, los únicos procesos contra parlamentarios que dependen exclusivamente del Congreso son los disciplinarios, que se tramitan mediante la Comisión de Ética. Otro informe de este Diario reportó que, al menos hasta octubre pasado, se habían dado 26 blindajes a legisladores que enfrentaron graves acusaciones en ese grupo parlamentario.
Vladimir Cerrón, en la clandestinidad desde octubre del 2023, se ha pronunciado previamente a favor del retorno de la inmunida parlamentaria. (Foto: Andina)
Rechazan propuesta
En diálogo con este Diario, el constitucionalista Heber Joel Campos calificó la propuesta perulibrista como un “retroceso muy grave”. Recordó que cuando se discutía la reforma que eliminó la antigua inmunidad parlamentaria, uno de las argumentos en contra era que se iba a afectar el trabajo de los congresistas. Sin embargo, desde que se hicieron los cambios vigentes a la fecha, no hubo ninguna afectación de ese tipo.
“Los congresistas no han dejado de hacer sus labores porque tengan o no inmunidad. Por el contrario, muchas veces la inmunidad se prestó más bien para garantizar algún nivel de impunidad, ahondando la crisis de confianza y legitimidad que tiene el Parlamento desde hace mucho tiempo”.
Campos también consideró que no encontraría el respaldo necesario, aunque el Congreso puede ser “impredecible”. Sin embargo, “de todas maneras llama la atención que este tipo de iniciativas se presente un escenario de tanto desprestigio”.
“Si el Congreso ni siquiera puede ser eficiente en la tramitación y la sanción oportuna de temas que afectan su imagen por parte de sus integrantes, a través de una comisión disciplinaria como la de Ética, imagínense lo que sería un escenario de inmunidad parlamentaria. Lo que estaría en juego serían cosas más graves”.
El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, exjefe de gabinete de la Mesa Directiva del Congreso, consideró que el proyecto de Perú Libre es un “despropósito”, el cual “busca la impunidad” de los propios integrantes de su partido.
También dijo que con esta propuesta, que se suma a otras cuestionadas reformas al sistema judicial, los congresista de Perú Libre. “están cometiendo una infracción constitucional y el delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal”.
José María Balcázar, autor principal del proyecto, ha reconocido que se comunica con el prófugo Vladimir Cerrón. Además, es investigado por el Ministerio Público en el caso de la exfiscal Patricia Benavides.
“Están usando su investidura parlamentaria para proponer proyectos de ley que busquen la impunidad de los integrantes de ese partido. Eso es inaceptable en un estado de Derecho, pero siguen al ataque. Es momento de que el fiscal de la Nación inicie una investigación sobre este uso y abuso de las funciones congresales para beneficio personal”.
Una de las otras reformas impulsadas por Perú Libre fueron los cambios a la ley de organización criminal, que desde su entrada en vigencia ya ha afectado a investigaciones de esa naturaleza. A poco de que la nueva norma entrara en vigencia, Vladimir Cerrón la invocó para librarse de un proceso por organización criminal, pero el Poder Judicial rechazó su pedido en primera instancia.
Aun así, Rospigliosi también estimó que esta propuesta no logrará obtener los votos necesarios para una reforma constitucional: 87 votos en dos legislaturas o 66 votos en una más la aprobación de un referéndum. “No tienen los votos, pero igual esto pinta de cuerpo entero cuáles son sus verdaderas intenciones”.
El abogado penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, consideró que la propuesta “busca impunidad” para congresistas y señaló que es parte de una agenda de Perú Libre, compartida por otras bancadas del Congreso, que busca debilitar al sistema de justicia.
Andía dijo que el concepto de “inmunidad parlamentaria” no es una prerrogativa absoluta y tiene como fin que el Congreso verifique que los procesos contra legisladores no sean de carácter político. El proyecto perulibrista, en cambio, busca “regresar a una inmunidad absoluta” que también incluye a las investigaciones y que la alarga a un año luego de dejar el cargo, cuando antes era de un solo mes.
Waldemar Cerrón, junto su prófugo hermano Vladimir Cerrón, intentaron benefeciarse con la modificación a la ley contra el crimen organizado que él mismo impulsó.
“Esto es, básicamente, buscar impunidad. La justificación de que los procesos de los congresistas deban tener una autorización previa para que no se vulnere el derecho de representación, el funcionamiento del Congreso, no es de acogida. Además, hay que ver la realidad: tenemos un Congreso con un alto índice de investigados por corrupción, por delitos comunes”.
Indicó que la consecuencia de que se aprueba un proyecto de este tipo sería que todas las investigaciones contra congresistas actualmente en curso se paralicen hasta que tengan un levantamiento de inmunidad. “No vas poder procesar a un congresista, ni investigarlo, por hechos en que se pudo actuar de inmediato. Si tenemos un caso de corrupción que no es flagrante, pero es evidente, el congresista podría seguir como si nada”.
“Es un retroceso absoluto. Va en contra del Congreso como institución. Además, va en contra de la tendencia mundial es que la eliminación de la inmunidad. Pero creo que no les van a interesar estos argumentos y van a ir para seguir buscando su protección”.
Finalmente, incidió en que “Perú Libre tiene una agenda de debilitamiento del sistema de justicia que es sorprendente. “Quieren debilitar el sistema de justicia y, además, protegerse. Si un año después de terminar el mandato todavía no puedo ser procesado, me da el tiempo parar irme del país y desaparecer”.
