Gobierno nombró al menos 50 altos funcionarios no aptos para sus cargos

Entre los cuestionamientos que arrastra el gobierno de Pedro Castillo desde sus primeros días están el nombramiento de funcionarios sin el perfil adecuado y la alta rotación en distintos cargos. En lo que va del 2022 y a punto de culminarse este año, tal situación se mantiene en perjuicio de la gestión pública.

Así lo ha hecho saber la Contraloría General de la República a través de informes de control publicados entre enero y noviembre del 2022, referidos específicamente a designaciones realizadas por el presidente y sus ministros a través de resoluciones supremas y ministeriales. Los documentos revisados por El Comercio dan cuenta de cuestionamientos a al menos cincuenta funcionarios de confianza nombrados en su mayoría en el presente año.

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Pese a las observaciones, diez de ellos se mantienen en sus cargos. Entre los que dejaron sus puestos hay quienes tuvieron un paso muy breve por los mismos. Por ejemplo, Hilda Geldres Sánchez, socióloga que le compuso una canción a Castillo Terrones durante la campaña electoral, duró solo un día como jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Asimismo, el excongresista Daniel Salaverry permaneció solo 23 días como presidente del directorio de Perú-Petro.

Las entidades auditadas por la contraloría —que no hace públicos informes referidos al sector de inteligencia del país por la reserva de caso— son principalmente ministerios, pero también hay cuestionamientos a personas designadas en dependencias del Despacho Presidencial y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En tanto, la contraloría no llegó a sostener reunión alguna con la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que permaneció hasta ayer en el Perú. Una fuente del ente fiscalizador comentó a El Comercio que el grupo diplomático no les cursó invitación: “Eso responde a un protocolo de participación que respetamos”.

Casos

La fiscalización en gran parte de los casos se ha dado en el marco de la Ley N° 31419, que establece restricciones y requisitos, así como impedimentos para nombrar a funcionarios de libre designación y remoción, publicada en febrero pasado. Y ha sido llevada por los respectivos organismos de control institucional.

Los cuestionamientos se dirigen a la falta de idoneidad para ejercer los distintos cargos, principalmente a partir del incumplimiento de requisitos mínimos y experiencia afín necesaria. Según los informes de la contraloría, ello afectaría la legalidad de las designaciones y los actos realizados por los funcionarios; y significaría un riesgo de deficiente ejercicio o desempeño eficaz de la función pública.

Entre los casos advertidos se encuentran el de Julio Rivera, quien presidió el Instituto Peruano del Deporte (IPD) entre enero y marzo pasado. Presentó, de acuerdo a la contraloría, información inexacta en una constancia para acreditar experiencia para el cargo.

También se reportaron los casos de dos viceministros de Dina Boluarte en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, incluyendo a María Tarazona, cuya experiencia fue cuestionada. Tras su salida, el Minedu la designó como directora de Pronabec, pero en este caso fue la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) quien advirtió que tampoco cumplía con requisitos para ese cargo.

Asimismo, se cuestionaron las designaciones del comerciante e ingeniero de minas Melvin Flores como director general de Minería del MEM; Jorge Alva, como secretario general de la Presidencia; Yover Navarro, como director general de Gobierno Interior del Mininter, quien nombró subprefectos a militantes de Perú Libre; Sergio Tejada, como director ejecutivo del Inabif; María Caruajulca, como procuradora general del Estado; entre otros. Los citados ya no siguen en sus cargos.

El más reciente caso corresponde a un informe de control del último 17 de noviembre, referido a que el secretario general del Ministerio de Salud —nombrado por la titular de la cartera y congresista de Perú Libre Kelly Portalatino— no cumpliría con el objetivo de la Ley 31419, respecto a la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública. Se le atribuye el haber presentado una constancia de trabajo como director de asesoría legal de una empresa, que no sería similar a un cargo que se ubica en la alta dirección de una entidad pública.

La contraloría también ha reportado este año escenarios similares en organismos adscritos a ministerios, gobiernos regionales y locales, y otras dependencias estatales.

Responsabilidad

Ante la identificación de “situaciones adversas”, los informes recomiendan a las entidades auditadas implementar medidas preventivas o correctivas.

Mayen Ugarte, experta en gestión pública, explicó a El Comercio que el incumplimiento de normativas advertidas por la contraloría acarrea “responsabilidad funcional” y un posible proceso sancionador, a menos que los funcionarios refuten adecuadamente los informes y ello les permita mantenerse en sus respectivos puestos.

“La rotación de personal genera inactividad [...] El fondo del asunto habla de una debilidad muy grande del partido de gobierno, porque son cargos de confianza: no tienes cuadros que puedas poner en esos puestos o que puedas convocar. Te habla de dos frentes: la interna del partido y la capacidad de diálogo y de convocatoria que pueda tener un gobierno”, sentenció.

Además…

Solo hasta noviembre del 2021, la contraloría había observado la designación de 13 funcionarios en puestos de confianza del gobierno.