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La Corte Suprema y la otra comisión de inmunidad

El máximo ente de justicia cuenta con su propia comisión que revisa los pedidos de levantamiento de fuero. Contrariamente a lo que aseguran algunos congresistas, no todas las solicitudes pasan el filtro.

Palacio de Justicia

En el caso de investigaciones a congresistas, la fiscalía solicita permiso al Poder Judicial, quien decide si el pedido es procedente y lo envía al Congreso para su aprobación.

En un nuevo debate de la Comisión de Constitución sobre la inmunidad parlamentaria –cuyo predictamen fue archivado la semana pasada–, uno de los argumentos esbozados fue que la Corte Suprema actúa como “mesa de partes” en los pedidos de levantamiento del fuero de congresistas. Sin embargo, la revisión de las resoluciones de los últimos 3 años demuestra lo contrario.

El parlamentario Mauricio Mulder (Apra) fue el principal defensor de este argumento. “Todo esto se hubiera corregido si la comisión especial de vocales que tiene el Poder Judicial para casos de inmunidad parlamentaria hubiese tomado, desde hace tiempo, la determinación de analizar el fondo de las cosas y no convertirse en mesa de partes”, dijo.

Bajo este argumento, el Congreso solo ha aprobado tres de los nueve pedidos que remitió la Corte Suprema en los últimos tres años.

El proceso es el siguiente: la comisión de la Suprema estudia los pedidos de la fiscalía y, dependiendo de su análisis, devuelve los actuados o los tramita al Congreso. En el fuero legislativo, una comisión especial revisa el análisis de la corte y, a su vez, decide si eleva o no al pleno el pedido de levantamiento. Es decir, el veredicto de la Corte Suprema no es vinculante para el Congreso.

–La reforma archivada–
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional para quitarle la facultad al Congreso de decidir sobre la inmunidad de sus miembros. Esta facultad, en opinión del Ejecutivo, debía pasar a la instancia judicial.

La propuesta fue rechazada de plano en la Comisión de Constitución del Congreso, encargada de analizar las propuestas de reforma del Ejecutivo. En el predictamen presentado por la titular del grupo, Rosa Bartra (Fuerza Popular), se descartaba el cambio y solo proponía que la comisión encargada del Congreso cuente con un plazo fijo de 60 días para resolver los pedidos. Aun así, el predictamen fue archivado.

—El primer filtro—
Uno de los argumentos de los miembros de Constitución para archivar los cambios en la inmunidad fue la separación de poderes. Sin embargo, una revisión al trabajo de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema muestra que no todos los pedidos de la fiscalía pasaron el filtro.

Inmunidad de proceso en la Corte Suprema

El primer pedido que llegó en el 2017 fue contra la legisladora Sonia Echevarría, por entonces miembro de Fuerza Popular. La Fiscalía Superior Penal de Tarma pedía levantarle la inmunidad a la legisladora de Junín por el delito de usurpación agravada. La Suprema rechazó el pedido y devolvió el expediente, debido a que no existía formalización de investigación por parte del Ministerio Público.

En el 2017, la Suprema también devolvió los actuados contra el entonces legislador Benicio Ríos (Alianza para el Progreso) al juzgado de origen. En este caso, la devolución no configuró un rechazo, sino que la corte interpretó que dicho legislador “no estaba protegido por la institución de la inmunidad, por lo que el proceso penal debía continuar conforme a su estado”. A Ríos se le procesaba, desde antes de asumir como congresista, por la presunta comisión del delito de colusión en agravio de la Municipalidad de Urubamba, donde fue alcalde.

Con esto, el proceso continuó y Benicio Ríos fue condenado a siete años de cárcel. Con dicha sentencia, la Suprema tuvo que pedir autorización al Congreso para que se pueda detener al legislador apepista. El resto es historia conocida. El Congreso demoró en tramitar el pedido y Ríos pasó a la clandestinidad. Estuvo 86 días prófugo de la justicia.

Inmunidad de arresto en la Corte Suprema

Este año llegó un nuevo pedido contra Betty Ananculi, esta vez por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por mentir en su hoja de vida. Sin embargo, la Suprema devolvió el pedido de levantamiento de inmunidad de la fiscalía para subsanar omisiones.

–No vinculante–
El primer pedido contra Ananculi llegó el año pasado, cuando la Suprema declaró procedente la solicitud de levantamiento de su inmunidad por el delito de falsificación de documento público. Pero la comisión del Congreso rechazó el pedido.

El pasado 12 de abril, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica retornó el expediente, pero a finales del mismo mes, la Suprema volvió a devolver los actuados para más subsanaciones.

A Moisés Mamani (Fuerza Popular) le sucedió algo similar que a Ananculi. A inicios de este año, la Suprema aprobó el levantamiento de su inmunidad por el delito contra la libertad sexual por tocamientos indebidos. En este caso, el Congreso sí ratificó la resolución en el pleno, pero luego llegó otro pedido a la Suprema.

También en enero, la Corte Superior de Justicia de Puno pidió levantar el fuero de Mamani por el delito de falsedad ideológica en agravio del JNE por mentir en su hoja de vida. Este Diario reveló que su patrimonio excede en S/27 millones lo que declaró ante el jurado.

La Suprema devolvió el expediente para que se subsanen omisiones. El 26 de abril, el expediente retornó y se espera un nuevo pronunciamiento.

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