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La encrucijada de Odebrecht, la columna de María Alejandra Campos

La situación de la colaboración eficaz con Odebrecht en el Caso Lava Jato se encuentra en una etapa sumamente sensible

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El escenario más probable es que el saldo de la venta de Chaglla no pueda ser devuelto a la constructora. (Foto: Archivo El Comercio)

La situación de la colaboración eficaz con Odebrecht en el Caso Lava Jato se encuentra en una etapa sumamente sensible. La empresa ha pedido que le devuelvan más de S/500 millones de la venta de Chaglla que no estaban comprometidos en el pago de la reparación civil del acuerdo y los impuestos al Estado Peruano. Sin embargo, una cláusula en la sentencia de homologación del acuerdo establece que este dinero solo podrá ser entregado a la constructora en la medida en que “no exista investigación o proceso penal en curso” que involucre a Odebrecht, “por hechos distintos a los que son materia del presente acuerdo” y, por ende, se pueda eximir a la empresa de la Ley 30737.

La ley a la que hace referencia la jueza María de los Ángeles Álvarez es la que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado y que establece que una de las medidas para hacerlo es “retener el precio de venta [en este caso de Chaglla] en el fideicomiso de retención y reparación”.

El texto de la sentencia parece ser lapidario. Odebrecht tiene investigaciones en curso más allá de los cuatro casos comprendidos en el acuerdo de colaboración y son de conocimiento público. De hecho, están publicados en la página web del Ministerio Público.

Con esto, el escenario más probable es que el saldo de la venta de Chaglla no pueda ser devuelto a la constructora. La gran pregunta es, ¿Odebrecht puede sobrevivir sin ese capital? Hasta donde tengo entendido, la empresa está ‘tas con tas’. Chaglla era su principal activo y no le queda mucho más por vender. Lo que sí tiene por montones son deudas con otros acreedores, como bancos internacionales. Por ello la procuraduría le permitió pagar la reparación en cómodas cuotas anuales a 15 años.

Si la empresa decide que no puede continuar operando y se declara en bancarrota, el Estado Peruano pasaría a ser uno de muchos acreedores en fila para cobrar su deuda. Algo así como Universitario o Alianza Lima, que son manejados por sus acreedores hasta lograr pagar lo que deben.

Si no se declara en quiebra, pero no recibe su dinero de vuelta, también se complica la transferencia de información a la fiscalía. Como explica Rafael Vela en la entrevista que publica hoy este Diario, si bien Odebrecht ya no puede retirar la información que ha entregado hasta el momento, sí podría dejar de tener incentivos para aportar nuevas pruebas, como el contenido de sus servidores Drousys y My Web Day, donde se encuentran registradas todas las coimas otorgadas por la empresa.

Así las cosas, la colaboración con Odebrecht parece encontrarse en una seria encrucijada. El campo de discreción de la fiscalía para negociar se ha visto constreñido por la cláusula establecida por la jueza Álvarez.

Llama poderosamente la atención que la sentencia homologue el acuerdo, pero deje una especificación enterrada en la página 225 que complica significativamente que la colaboración se desarrolle de la manera en la que estaba prevista y logre acercarnos lo más posible a la verdad. Sobre todo cuando el acuerdo no cierra la puerta a que se continúe con las investigaciones en las que Odebrecht no ha aceptado culpabilidad.

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