Verdadero o falso: el ‘fact checking’ de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

►Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política"

Esta afirmación es falsa El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, afirmó, la segunda semana de julio último, que la constructora Odebrecht reconoció pagos ilícitos en el proyecto Gasoducto Sur Peruano, cuya licitación ganó en un consorcio formado con la española Enagás en el 2014 durante el gobierno de Humala.

Vela, en aquella oportunidad, precisó que este reconocimiento de la firma brasileña se dio en el marco del proceso de colaboración eficaz.

“Tenemos ya un acta firmada al respecto, donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de la empresa Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad”, remarcó.

Incluso, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata reveló que el fallecido abogado Luis Pizarro Aranguren recibió US$1.3 millón bajo los ‘codinomes’ ‘Disco’ y ‘Princesa’ a cambio de realizar servicios de lobista jurídico para la constructora brasileña en el proyecto Gasoducto Sur Peruano, valorizado en US$7.000 millones.

Y el 9 de julio, además, la fiscal Geovana Mori allanó, con orden de un juez, la casa de la exprimera dama Nadine Heredia así como de exfuncionarios, tanto del nacionalismo como aprismo. Es decir, la confesión de la constructora implica a los dos proyectos sobe el gasoducto, el entregado por Alan García y también en el de Humala.

Wilfredo Pedraza, abogado de Humala Tasso, indicó que no se tiene certeza sobre qué proyecto se refiere Vela, porque, agregó, el fiscal superior no ha sido preciso.

“Lo que ha dicho el expresidente es que si se trata del Gasoducto Sur Peruano, que es el proyecto de su gobierno, la consecuencia inmediata es que apliquen la cláusula [anticorrupción]. Se está opinando sobre posibilidades, el fiscal no ha expresado información concreta”, subrayó en comunicación con El Comercio.

Esta afirmación es imprecisa Desde que el Ejecutivo presentó los proyectos sobre la reforma política en la quincena de abril hasta que seis de estos fueron aprobados por el pleno del Congreso, luego de la cuestión de confianza, hubo cuatro feriados (jueves y viernes santo, Día de Trabajo y Día de San Pedro y San Pablo). En ninguno de estos, según ha podido comprobar El Comercio, la Comisión de Constitución sesionó, como lo refiere la parlamentaria Salgado.

Este Diario, además, tras revisar las sesiones de la Comisión de Constitución determinó que algunas de estas concluyeron al promediar las 9 de la noche. Aunque este punto, respecto a altas horas de la noche, es subjetivo.

El Comercio intentó comunicarse con la expresidenta del Parlamento. No obstante, ella no respondió a nuestras llamadas.

Esta afirmación es falsa El congresista Velásquez Quesquén argumentó que “por respeto al reglamento” solo correspondía, el último martes, instalar la Comisión de Constitución, luego de un grupo de parlamentarios, entre ellos Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), solicitará que el grupo se declare en sesión permanente y que se acuerde priorizar el debate del proyecto del Ejecutivo que propone adelantar las elecciones generales en el 2020.

El abogado José Elice, exoficial mayor del Congreso, explicó que el reglamento del Congreso no tiene ningún artículo que señale que las comisiones están impedidas de tomar acuerdos en sus sesiones de instalación.

“Eso se aplica en las sesiones solemnes, no en las sesiones de las comisiones. Lo que pueden aducir es que esos temas no estaban en la agenda previa, y por lo tanto no estaban listos para debatir, ya que debían consultarlo a sus bancadas”, refirió a El Comercio.

Este Diario intentó comunicarse con el parlamentario aprista, pero este no respondió a nuestras llamadas.

Esta afirmación es falsa La congresista Sonia Echevarría presentó un proyecto de ley que modifica el inciso C del artículo 6 de la Ley N°28628, que regula la participación de las Apafas en las instituciones educativas públicas. Su iniciativa, de ser aprobada, les permitirá a los padres de familia tener la prerrogativa de “vigilar que los contenidos” de los materiales educativos, entre ellos los libros, “sean adecuados al interés superior del niño y el adolescente”.

Echavarría indica que su iniciativa no le “entrega poder” a los padres de familia. Sin embargo, sí lo hace. Actualmente, la norma solo faculta a las Apafas a “vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado” del material educativo que utilizan los estudiantes.

Ricardo Cuenca, doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, advirtió, a través de su cuenta de Twitter, que la iniciativa de la parlamentaria de Acción Republicana “significa un retroceso en lo avanzando en políticas educativas” y, además, “debilita” la rectoría del Ministerio de Educación.

“Las propuestas de este proyecto son peligrosas. ¿Quién decide qué es el interés superior del niño? ¿Los padres, el Congreso, el Ejecutivo, la investigación? […] Es más sencillo identificar en la propuesta una intención por controlar aquello que se debe enseñar o acaso el proyecto reconocerá la decisión soberana de todas y cualquier familia”, remarcó.

Este Diario intentó comunicarse con la congresista Echevarría. Sin embargo, ella no respondió a nuestras llamadas.

Esta afirmación es imprecisa A inicios de mayo, la Comisión de Constitución aprobó un cronograma para el debate de la reforma política y electoral que no priorizó los 12 proyectos que el Ejecutivo entregó un mes antes. Este plan de trabajo contemplo el análisis de 138 iniciativas, entre reformas constitucionales, leyes orgánicas y leyes ordinarias, en 17 grandes bloques.

La tarde del 6 de junio, horas después de que el pleno del Parlamento aprobara la cuestión de confianza solicitada por el primer ministro, Salvador del Solar, Bartra anunció que la Comisión de Constitución definió un nuevo cronograma de trabajo para el debate de seis iniciativas de la reforma que el Ejecutivo consideró importantes.

Antes de la confianza, el grupo parlamentario había enviado al archivo el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria y solo había aprobado proyectos que no eran parte del eje central de la reforma.

En comunicación con El Comercio, Bartra explicó que la Comisión de Constitución acumuló todos los proyectos referidos a la reforma política, entre ellos los del Ejecutivo y de diferentes congresistas, porque, según refirió, “es obligatorio”. Agregó que no cree que le hayan dado mayor celeridad al trabajo tras la aprobación de la cuestión de confianza.

“No, no, no, si revisas bien el debate empezó un día después de que [los proyectos] fueron ingresados, estuvieron el ministro de Justicia [Vicente Zeballos] y el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma [Fernando Tuesta]”, subrayó.