Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, explicó que el Gobierno solo ha observado la restricción a los plazos para aprobar a un colaborador eficaz en la nueva ley aprobada por el Congreso, porque respaldan los otros cambios que plantea la norma.
Específicamente, resaltó que se regule la figura del “aspirante” a colaborador eficaz antes de la sentencia que confirma que sus dichos fueron corroborados, así como el hecho que la declaración del aspirante a colaboración no pueda ser confirmada por otro colaborador.
“Las dos declaraciones (de aspirantes a colaboración eficaz) se suman y esas declaraciones podrían imputar y meter en prisión a una persona que realmente es inocente. Por eso esta prohibición la estamos manteniendo. Sí debe estar prohibido que una declaración no pueda ser corroborada con otra declaración. Necesitamos otros elementos externos más”, dijo en RPP.
Daniel Maurate explicó que por eso solo cuestionan los plazos de la nueva ley, que reduce a ocho meses con posibilidad de ampliar cuatro meses y hasta ocho más en casos de organización criminal, el tiempo para confirmar a un colaborador eficaz.
“Si salvamos esto del plazos, hay varios aspectos de la ley que son positivos”, garantizó.
El ministro destacó que se establezca la figura del aspirante a colaboración eficaz, así como la sanción contra fiscales que revelen la información otorgada por estos investigados.
“Si usted amenaza a una persona con privarla de su libertad, usted va a dominar su voluntad. Necesitamos que su declaración de aspirante a colaboración eficaz esté corroborada con cuentas bancarias, audios con testimonios de otras personas que vieron, con correos. Esa es la manera cómo técnicamente se debe corroborar la declaración de un colaborador”, manifestó.
Este viernes 21 de julio, en el último día del plazo que establece la ley, Alberto Otárola anunció que se había observado la ley que restringe la colaboración eficaz solo por la restricción de los plazos. Esto, a pesar de que instituciones como el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado se han pronunciado contra otros aspectos de la norma que limitan esta figura.
