Pedro Castillo: Expertos advierten que es inviable su anuncio de dar una oficina a los ronderos en Palacio y “someterse” a su investigación

El presidente Pedro Castillo anunció este jueves, en una actividad con representantes de las rondas campesinas, que éstas tendrán una oficina en el Despacho Presidencial desde donde fiscalicen su Gobierno. Además, dijo que sometería a este grupo para que realicen una investigación sobre presuntos actos de corrupción en su gestión.

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En diálogo con El Comercio, especialistas en derecho y gestión pública advirtieron que la propuesta es inviable por la falta de un marco normativo para implementar una oficina con ese rol y porque las rondas campesinas no tienen un marco legal para la función que plantea Pedro Castillo.

Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, remarcó que la propuesta “no tiene ni pies ni cabeza”. “No tiene sentido lo que está proponiendo el presidente. La jurisdicción constitucional que tienen las rondas se circunscribe a sus ámbitos territoriales, no es el caso que está proponiendo el presidente”, exclamó.

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Las rondas campesinas, surgidas en los años ochenta, están reconocidas en la Constitución del Perú. “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, y en su defecto las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”, dice el artículo 149 de la Carta Magna.

Adicionalmente, la ley 27908 establece que las rondas “pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial”.

“No tiene ningún sentido”, sentenció la abogada penalista Romy Chang. “Las rondas campesinas tienen jurisdicción en las zonas donde no existe una justicia común establecida oficialmente, donde es de difícil acceso a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, donde no llega la justicia ordinaria y donde hay ciertas reglas que son aceptadas por toda la comunidad.

Ley de rondas campesinas

“La lógica de las rondas no es que son un nuevo Poder Judicial, un nuevo Ministerio Público u otra entidad para hacer justicia. La lógica de las rondas es, de algunas maneras, suplir las deficiencias que el Estado presenta en la administración de justicia en zonas donde no llega esta administración. Pero no significa que vamos a hacer de la excepción la regla general, porque eso implicaría eliminar todas las instituciones que formalmente han operado tantos años”, explica la abogada.

¿Una oficina en Palacio?

“Vamos a aperturar (sic) una oficina al lado del Despacho Presidencial para estar al lado del pueblo, al lado del Gobierno, para que vean ustedes desde allí no solamente para luchar contra los flagelos, los que están afuera, sino para que controlen mi Gobierno, para que vean ustedes si estoy poniendo las uñas allí donde dicen que estoy robándole algo al país, donde dicen que estoy metido en actos de corrupción”, exclamó Pedro Castillo, ante los aplausos de las rondas campesinas.

Ricardo Valdés puntualizó que esto es inviable: “Él podrá tener un asesor que actúe como enlace con la CUNARC (Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú), con las centrales de rondas, pero no puede tener un despacho de rondas en Palacio de Gobierno, porque eso no está dentro de la estructura de Palacio, no está dentro del mandato que tienen las rondas, que está establecido en la Constitución, no está dentro de las leyes de las rondas campesinas”, subrayó.

“Tendría que reformar demasiadas cosas con un propósito absurdo, que no es más que querer congraciarse con ese sector de la población. Él está actuando con un sentido absolutamente clientelista, es una pose”, consideró Valdés.

Mayen Ugarte, especialista en Gestión Pública, señaló que, bajo la actual normativa y estructura orgánica del Despacho Presidencial una propuesta de este tipo sería inviable. La alternativa sería una oficina o espacio físico en Palacio donde se instalen ciudadanos con los que el presidente quiera consultar ciertas cosas.

Sin embargo, esta oficina no tendría atribuciones legales para investigar y no podría acceder a información que no esté el alcance de cualquier otro ciudadano. “Debe estar dentro de los parámetros de la ley de transparencia porque al no ser servidores públicos, no estarían dentro de los marcos de responsabilidad pública en el uso de esa información”, remarcó Ugarte.

“Es una señal política”, manifestó. “Para que pueda implementarse como parte de la estructura del Estado habría que darle un marco normativo en el que establezcan con claridad para que se crearía y qué podría hacer. Sin ese marco no se pueden crear oficinas. Para que se apruebe la creación tendría que ser modificado el Reglamento de Organización y Funciones, pero ese reglamento no puede inventar funciones que no estén previstas en una norma sustantiva”, explicó.

Para que esto ocurra, explicó que la Secretaría de Gestión Pública debería emitir un informe técnico basado en parámetros que están preestablecidos en normas de PCM y respaldados en la Ley del Poder Ejecutivo y la Ley de modernización, entre otras normas.

Además, precisó que una oficina nueva no puede cumplir las mismas funciones que una ya existe, ya eso sería una duplicidad de funciones.

“El control posterior lo tiene ya la Contraloría y el ámbito de integridad (que es más preventivo) está en el marco del desarrollo del sistema de integridad que lidera la Secretaría de Integridad de la PCM”, aseveró Ugarte.

“Por eso digo que pensaría que es más una señal política. Hay que recordar que los gobiernos van a tener por definición un plano político y en esa medida, si el presidente quiere consultar con alguien sus decisiones o posibles acciones, puede hacerlo. Hay gran distancia entre eso y que puedan tener facultades para solicitar información (o del otro lado, obligación de darla) a las instancias administrativas”, explicó.

Por su parte, Chang señaló que “para crear una entidad, tú tienes primero que tener una delimitación de lo que va a hacer (…) El problema aquí es que no sabemos que funciones va a atribuírsele a esas rondas. Si no sé qué va hacer, ¿para qué lo creo? ¿Para qué le doy un espacio dentro de Palacio?”.

La penalista también indicó que el hecho de crear una oficina que investigue o fiscalice su propia gestión iría “contra las reglas del debido proceso.

“Yo no puedo crear una justicia que me sirva a mí, porque quiero que resuelva de una determinada manera. Eso ahonda en el no respeto a la transparencia”, expresó.

“Él quiere crear a quien lo va a investigar, no puede ser. Jurídicamente, eso no tiene ningún sentido. Y refleja un desconocimiento del funcionamiento de nuestro sistema”, alertó Romy Chang.

“Dentro de la estructura de la Presidencia, él tiene un gabinete técnico de asesores. Él podría nombrar allí a un asesor (…) una suerte de enlace, si quiere tener una participación especial en el tema de las rondas. Pero con el mismo criterio, tendría que hacer uno también para los campesinos, para los mineros, para los maestros, para los cocaleros, para los estudiantes”, expresó, por su parte, Ricardo Valdés.

El ex viceministro también señaló que ya hay una unidad en el Ministerio del Interior que coordina con las rondas campesinas. Esta fue creada en el 2017 como la Dirección de Rondas Campesinas, perteneciente a la Dirección General de Orden Púbico del Mininter.

“Someterse a las rondas”

En el mismo discurso, Pedro Castillo aseguró que ante las versiones que lo señalan de estar implicado en actos de corrupción, él se sometía “a las rondas campesinas para que hagan una investigación hoy, a partir de ahora”.

Ricardo Valdés criticó este anuncio y recordó que Pedro Castillo, como presidente, está sometido a las leyes el Estado peruano, y a los órganos como el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría, que tienen capacidad fiscalizadora. “Es ahí donde él tiene que someterse. Esto no es más que una pose política, una forma de querer generar un compromiso de este segmento de la población”, opinó.

El exfuncionario consideró que la única forma en la que el presidente podría responder ante las rondas es en una disputa sobre un tema relacionado a su comunidad de origen, donde las rondas sí tienen jurisdicción en conflictos como delimitación de terrenos, entre otros.

“Sí se puede someter a la justicia rondera por actos que el desarrolle en su comunidad, no como presidente de la República, donde están las instancias que la Constitución establece”, declaró.

Romy Chang incide que las rondas solo tienen jurisdicción en sus comunidades y que el presidente despacha desde Lima, donde no hay rondas constituidas.

“Estamos hablando de actos de corrupción, donde existe una sede especial. ¿Qué sentido tiene que él diga que se somete a las rondas? ¿A qué ronda? ¿Cuántas rondas hay? No hay ninguna constituida, no tiene lógica desde el punto de vista pena (…) No veo forma de que lo vaya implementar l”, comentó.

“¿Y eso qué significaría, que va a desaparecer al Poder Judicial? ¿Cuáles son los criterios para ir a la ronda y para ir al Poder Judicial? ¿Se puede ir a los dos, se puede ir solo a uno? ¿El inculpado puede elegir, como lo está haciendo el presidente? No tiene ningún sentido técnico lo que dice, más bien muestra un desconocimiento severo de nuestra normativa penal, procesal e incluso sobre las normativas a nivel de rondas, que no es propio del presidente de la República”, cuestionó la abogada.

Chang opinó que “pareciera que el presidente, en lugar de promover que haya una cultura de respeto hacia la ley y evitar la corrupción (…) está haciendo más bien una serie de acciones orientadas a más bien encubrir actos de corrupción, como es no respetar el principio de transparencia e incluso hacer afirmaciones de esta naturaleza, de decir que se va a someter a una justicia que él considera debe existir y no a la institucionalmente ya instaurada en nuestro país”.

La abogada advierte además que esta declaración se dio el mismo día en que la Fiscal de la Nación, la única persona que sí está autorizada para investigarlo, lo citó para declarar como testigo en el caso de las presuntas presiones por ascensos en las Fuerzas Armadas. “No se ve muy bien de cara justamente a aclarar todos los temas turbios que pueden existir en torno a su gestión, sobre todo en un contexto donde el Ministerio Público lo está citando”, manifestó.

“Lo hace en un contexto pésimo, donde lo que está reflejando en el fondo es que él no se va a someter a la justicia peruana, que no va rendirle cuentas a la Fiscal de la Nación. ¿Qué podemos entender si no de su mensaje? (…) Lamentablemente, el presidente Casillo está haciendo lo opuesto a lo que prometió que iba a hacer, que era luchar por el pueblo y que muchas personas creyeron, que iba a buscar igualdad, justicia, lucha contra la corrupción.

Ricardo Valdés hizo una reflexión similar: “A su vez, el mensaje que está dando es que no se va a someter a la justicia oficial, a la que le corresponde como ciudadano y como presidente de la República. Ese mensaje me parece ofensivo con el Ministerio Público (…) Está excluyendo al Ministerio Público, a las entidades fiscalizadoras del Estado peruano. Y se somete a una justicia que no lo abarca, que no le corresponde”.

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