Las redes detrás de un presidente acorralado

De estos tres, el primero que se abrió contra el jefe del Estado es tal vez el más simple que enfrenta: la denuncia por plagio en su tesis para alcanzar el grado de magíster en Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo.

Este es el único caso en que Castillo es investigado junto con su esposa, la primera dama Lilia Paredes. A ambos se les atribuye los presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado, la Sunedu y otros.

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Pero el más complejo y con más personas involucradas es el de la cuestionada licitación del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martín, en octubre del año pasado. Una obra de más de S/232 millones que, según la tesis fiscal, Castillo habría dirigido irregularmente –a través de su entonces ministro de Transportes, Juan Silva– para que sea favorable al consorcio Puente Tarata III, integrado por las sociedades Tableros y Puentes S.A., H.B. Estructuras Metálicas S.A.S. y Termirex S.A.C.

Por este caso, Castillo se ha convertido en el primer presidente en ejercicio en ser investigado por la fiscalía, por presuntos hechos de corrupción durante su gobierno. Por este caso también están prófugos Silva, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del mandatario.

La investigación más reciente es la de los ascensos en el Ejército y la Fuerza Aérea. El miércoles, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, resolvió que había razones suficientes para investigar de manera activa al presidente por tráfico de influencias, junto a Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala.

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Tanto en el caso del puente Tarata como en el de los ascensos militares, a Castillo se lo señala como líder de una presunta organización criminal cuyos integrantes están en el esquema que muestra esta nota.

Posibles escenarios

Para el ex procurador anticorrupción José Ugaz, estas investigaciones, además de colocar al mandatario en una situación cada vez más precaria, acelerarán lo que, a su juicio, es un desenlace inminente: el final más temprano que tarde de su gobierno.

“No hay una fecha definida, pero es evidente que el Gobierno y el presidente no pueden sostenerse por más tiempo, están aislados. No tienen el respaldo ciudadano. No tienen el respaldo institucional”, declaró Ugaz.

Estas investigaciones, afirmó el exprocurador, permitirán el acopio de mayor evidencia comprometedora que puede derivar en que el Congreso tome la decisión de poner término al mandato de Castillo o que este cúmulo de investigación reveladora genere una reacción social que produzca una movilización ciudadana, como se vio en las marchas contra el régimen de Manuel Merino en noviembre del 2020.

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No obstante, Ugaz opinó que no espera mucho del Legislativo, pues viene demostrando que no quiere destituir a Castillo para no convocar elecciones generales. Por ello, destaca el rol decisivo que viene cumpliendo la fiscalía ante esta crisis.

“El que está marcando el ritmo y la situación política de este momento es el Ministerio Público y no porque esté haciendo política, sino porque está haciendo su trabajo. Le está mostrando a la ciudadanía cuál es la situación del presidente”, dijo el penalista, que comparte la idea de que Castillo debe seguir siendo investigado por la fiscalía.

A raíz de la denuncia del ex comandante general del Ejército José Vizcarra, se conoció, a inicios de noviembre del año pasado, el caso de los ascensos en el Ejército y saltó por primera vez el nombre de Bruno Pacheco como presunto operador de intereses ilícitos.

Vizcarra dijo a El Comercio que si no se cumplieron los pedidos que venían desde Palacio fue porque se hizo respetar la propuesta de su institución. “Yo me negué a aceptar el cambio para el ascenso de personas que no le correspondían”, dijo el general.

Aunado a este contexto, están las recientes afirmaciones del empresario Zamir Villaverde, excarcelado en estos días luego de acogerse a la colaboración eficaz por el Caso Puente Tarata.

Villaverde, entrevistado por el programa “Combutters”, dijo, entre otras cosas, que tiene cómo probar que los S/30 mil que le entregó a Silva a inicios de este gobierno terminaron en los bolsillos de Castillo. La confirmación, dijo el empresario, llegó de la boca de Fray Vásquez. Esa afirmación estaría en unas grabaciones que entregó a la fiscalía.