Polay y los reflejos del gobierno, la columna de Héctor Villalobos

Un gobierno que languidece y sobrevive atascado en un 15% de aprobación no puede darse el lujo de permanecer somnoliento cuando hay un sector mayoritario de la población que está a la espera de una reacción inmediata y categórica. Nos referimos a ese sector –en el que definitivamente no se encuentran los congresistas María Agüero y Guido Bellido– que repudia y se indigna con todo aquello que nos hace recordar la barbarie terrorista que vivió el país en los 80 y 90.

El Ejecutivo que preside Dina Boluarte tuvo una reacción tardía tras conocerse la noticia de la admisión de la demanda del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una vez más, la falta de reflejos políticos del gobierno volvió a ponerse en evidencia.

Repasemos los hechos. El miércoles 30 de agosto, se reveló que la CIDH había admitido una demanda a favor del detenido y sentenciado cabecilla del MRTA. Lo peculiar de esto fue que no nos enteramos por un comunicado del Ministerio de Justicia o de la procuraduría. Fue la exministra Delia Muñoz quien dio a conocer el hecho en los medios de comunicación. El recurso había sido admitido en marzo del 2022, cuando Pedro Castillo era presidente de la República, y Félix Inocente Chero, su ministro de Justicia.

En el transcurso de ese día, no hubo un solo pronunciamiento del Ejecutivo. Ni Boluarte ni sus ministros dijeron nada.

Recién al día siguiente, en la mañana, empezaron a asomar las tibias reacciones de algunos ministros. Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dijo: “Creemos firmemente en que toda condición de las personas, aún quienes están privadas de su libertad, se tiene que respetar”. El ministro del Interior, Vicente Romero, de quien se esperaba una reacción más contundente, solo se limitó a señalar que “toda persona tiene derecho a solicitar si han sido vulnerados o no [sus derechos]”, tras lo cual pateó la pelota al Ministerio de Justicia. La palabra ‘terrorista’ no se escuchó por ningún lado.

Tras dos días de silencio, el viernes 1 de setiembre Boluarte salió de su letargo y a través de sus redes sociales condenó la demanda a favor de Polay y aseguró que no se pagará un solo sol del erario peruano a los terroristas. En tanto, el primer ministro Alberto Otárola convocó a una conferencia de prensa para anunciar la creación de un grupo intersectorial para la defensa jurídica del Estado en casos de terrorismo. Lo hizo un viernes por la tarde, cuando el interés del público por las informaciones políticas decae y el impacto de este tipo de anuncios es menor.

Reaccionar con retraso es mejor que no reaccionar nunca. Pero la inicial dejadez gubernamental ante un tema tan sensible para los peruanos preocupa. La demanda de Polay es una descarada burla a la memoria de sus víctimas. Él y su banda de asesinos violaron sistemáticamente los derechos humanos. Hoy quiere utilizar a su favor a las instancias supranacionales que deben precisamente velar por esos derechos.