JNJ: Una excongresista, un exprocurador del gobierno aprista y un exjuez de 73 años juran como miembros de la institución

Los otros miembros titulares son los abogados Jaime de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo, quienes también juraron este miércoles.

Los seleccionados ocuparon los primeros siete lugares en un concurso organizado por la Comisión Especial para la selección de los nuevos miembros de la JNJ, presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

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La ceremonia de juramentación se realizó en la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Lima, y contó con la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén, el canciller Elmer Schialer y otras autoridades.

Los nuevos miembros electos reemplazarán a los actuales integrantes de la JNJ, Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, Inés Tello, Aldo Vásquez, María Zavala, Marco Tulio Falconí y Guillermo Thornberry.

Todos los seleccionados aseguraron, en sus entrevistas personales, que los miembros de la JNJ solo debían ejercer hasta los 75 años, puesto que así lo señala la Constitución y la Ley Orgánica de la JNJ.

Como se recuerda, el cumplimiento de 75 años de edad y continuar en funciones, fue precisamente fue uno de los factores por los que el Congreso de la República inició una serie de cuestionamientos contra la actual JNJ. Incluso, se siguió un juicio político contra los integrantes Inés Tello -quien ya había cumplido 75 años de edad y continuaba ejerciendo funciones- y contra Aldo Vásquez, que terminaron con su inhabilitación por diez años; no obstante el Poder Judicial anuló dicha sanción.

A tres meses de haberse convocado a concurso público de selección, y al filo de la medianoche del lunes último, el Comité Especial hizo público el cuadro de méritos.

Sin embargo, las actas con los argumentos y sustento de la puntuación que se otorgó a cada uno de los siete “titulares” seleccionados, y a los siete “suplentes” designados, no fue publicada hasta el cierre de este informe.

El Comercio solicitó a la Comisión Especial las actas de la votación y sustento que otorgaron la puntuación y declararon aptos a los siete titulares y suplentes, pero tampoco respondieron.

Fuentes de la comisión indicaron que, posterior a la publicación del cuadro de méritos, las actas no contaban con la firma de todos los integrantes de la Comisión Especial.

Incluso, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se encontraba de viaje de servicios en la ciudad de Asunción – Paraguay, según una resolución que lo autorizaba a salir del país desde el 28 de octubre al 1 de noviembre de 2024, para participar en la XXIX Asamblea y XXVIIII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson “Desafíos Globales de Derechos Humanos: Medio Ambiente con enfoque en el Derecho al Agua y Cambio Climático, Pueblos Originarios y Justicia para las Mujeres”.

Gutiérrez Cóndor regresaría hoy mismo para participar de la ceremonia de juramentación.

El comunicado conteniendo el cuadro de méritos, publicado en la web de la comisión, señala únicamente que “habiéndose superado los dos tercios del número legal de miembros de la Comisión Especial”, y en concordancia con las etapas de las evaluaciones debidamente publicadas, se ponía en conocimiento los resultados finales.

“En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 93° y 94° de la Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y habiéndose superado los dos tercios del número legal de miembros de la Comisión Especial, y en concordancia con las etapas de las evaluaciones debidamente publicadas, se da a conocer a la ciudadania en general el cuadro de méritos que contiene los resultados finales obtenidos por los postulantes en cada etapa del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.”

Comisión Especial

De acuerdo al cuadro publicado, los puntajes de los rubros “Evaluación de conocimiento”, “Evaluación curricular” y “Evaluación de entrevista” fueron sumados y con ello se obtuvo el puntaje final y ubicación por orden de mérito.

En esa línea, el primer lugar lo ocupó el abogado Gino Ríos Patio, quien obtuvo un total de 86,48 puntos. El ponente en su evaluación de entrevista personal, fue el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

El segundo lugar lo ocupó Francisco Távara Córdova, con 85,60 puntos, y cuyo ponente en la última evaluación personal fue el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Jaime de la Puente Parodi ocupó el tercer lugar con 85,40 puntos y el ponente en su entrevista personal también fue el defensor del Pueblo.

En cuarto lugar se ubicó María Cabrera Vega, con 85,25 puntos. La ponente en su entrevista personal fue la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco.

Víctor Chanduví Cornejo ocupó el quinto lugar con 85,23 puntos y el ponente en su entrevista personal fue la rectora y representante de las universidades públicas, Jerí Ramón.

En sexto lugar se ubicó Germán Serkovic Gonzalez, con un puntaje de 82,03; y el ponente de su entrevista personal fue el rector y representante de las universidades privadas Segundo Romero Revilla.

Finalmente, como séptimo y último miembro titular quedó Rafael Ruiz Hidalgo, con 80,65 puntos. El ponente en su entrevista personal fue el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.

La Comisión Especial dio por concluido el concurso, en medio de cuestionamientos por una presunta falta de transparencia al momento de otorgar los puntajes a los seleccionados.

Los cuestionamientos contra el proceso se iniciaron en noviembre del 2023, cuando el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, decidió designar como encargado de la Secretaría Técnica Especializada de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia al abogado Hebert Anderson Saldaña Saavedra.

Este último, meses antes, había sido designado por Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo en el cargo de Asesor II de la Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo. Cuando se le dio el encargo pasó a ganar de S/11 mil mensual a montos de S/14 mil y S/20 mil mensual.

Saldaña Saavedra, según documentos presentados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue abogado de Willy Huerta, el exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, en el marco del proceso político que se le siguió por el Golpe de Estado de diciembre del 2022.

El proceder de la Comisión Especial también fue cuestionado por la Misión Internacional de Observación de la Junta Nacional de Justicia del Perú (MIO-Perú), quienes advirtieron la falta de transparencia del proceso.

En un video informativo, difundido este martes, la defensoría del Pueblo aseguró que el concurso de selección para los miembros de la JNJ fue “un proceso que se alinea con el fortalecimiento de la independencia y calidad del sistema judicial, dentro de lo cánones de la transparencia y calidad de los resultados”.

Junta Nacional de Justicia

PRINCIPALES FUNCIONES

a. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Para el nombramiento se requiere el voto público y motivado conforme a los dos tercios del número legal de sus miembros. El voto no altera los resultados del concurso público de méritos;

b. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete (7) años. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público;

c. Ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres (3) años y seis (6) meses;

d. Nombrar o renovar en el cargo al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de acuerdo con el artículo 182 de la Constitución y la Ley;

f. Aplicar la sanción de destitución a los jueces y fiscales, titulares y provisionales de todos los niveles. Así como al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC);

g. Aplicar la sanción de amonestación o suspensión a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos hasta ciento veinte (120) días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad;

Es abogado por la Universidad Católica del Perú, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales y doctor en derecho por la Universidad San Martín de Porres.

Es presidente del centro de Estudios de Criminología de la Universidad San Martín de Porres, y exasesor jurídico de la Fuerza Aérea del Perú, exintegrante del Estudio Jurídico Manuel Sánchez Palacios Paiva, etc

Se desempeñó como procurador público Anticorrupción Ad Hoc, durante el gobierno del expresidente Alan García del Partido Aprista Peruano (Apra), siendo designado a través de la Resolución Suprema 143-2006-JUS el 29 de agosto del 2006.

Estuvo en funciones hasta el 31 de octubre del 2008, que se dio por concluida su designación a través de la Resolución Suprema 174-2008-JUS.

En el 2007, fue demandado ante el Tribunal Constitucional por haber proferido diversas afirmaciones respecto al expresidente Alejandro Toledo y haberlo denunciado ante la Fiscalía de la Nación.

El abogado José Eduardo Flores Milla, en representación de Toledo Manrique, interpuso un hábeas corpus ante el TC, pero este fue declarada improcedente por dicho órgano.

“Señala que el procurador demandado, valiéndose de su cargo público ha formulado declaraciones inaceptables contra el favorecido que atentan contra su derecho al honor y buena reputación. A tal efecto señala que el procurador Gino Ríos ha declarado que ‘El régimen de Toledo se inauguró con bombos y platillos; se decía el adalid de la lucha contra la corrupción y tanta cosa. Ahora mire donde está Toledo, es el animal político más corrupto, más que Fujimori’”.

José Eduardo Flores Milla, en demanda a favor de Alejandro Toledo.

Ríos Patio respondió a la demanda señalando que presentó ante la Fiscalía de la Nación diversas solicitudes de investigación preliminar y denuncias contra el beneficiario, Alejandro Toledo, así como contra altos funcionarios del Estado, las cuales se realizaron dentro del ámbito de sus competencias material y funcional establecidas mediante Resolución Suprema N° 143-JUS.

En el 2007, el programa Cuarto Poder reveló que Ríos Patio, aún a cargo de la Procuraduría Anticorrupción, había utilizando al personal y recursos de ese despacho para litigar en un proceso civil personal. En ese momento, el abogado del Estado señaló que ello “seguramente fue una situación de emergencia” para justificar el hecho.

Sin embargo, en su entrevista personal, al ser consultado por la Comisión Especial sobre el tema, señaló que el vehículo le fue asignado “para su uso personal” por lo que la investigación que abrió la fiscalía en su momento fue archivada. Y, respecto al abogado que trabajaba en la procuraduría, adujo que no fue considerado peculado de uso ya que no era un bien; sino una persona contratada como tercero en la procuraduría.

Según registros del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), en setiembre del 2023, Ríos Patio siguió un trámite administrativo y apelación -declarada fundada- para obtener la calificación y clasificación como investigador en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica -RENACYT.

Ante la comisión aseguró que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, llegados a los 75 años de edad, “ipso facto” deben de retirarse y cesar en sus funciones.

Fue magistrado del Poder Judicial , iniciando como secretario judicial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas en 1978 y vocal suplente desde 1983 hasta 1997. Tras un período como notario regresó a la judicatura a través de un concurso público convocado por el ex Consejo Nacional de la Magistratura -hoy Junta Nacional de Justicia- ocupando el cargo de juez supremo titular desde el 2001 hasta el 2021, que cesó en sus funciones por límite de edad.

Entre el 2012 al 2016 ocupó el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como representante del Poder Judicial. Fue precisamente en dicho cargo que su gestión fue cuestionada debido a que el Pleno de dicha entidad excluyó de carrera en las Elecciones Generales del 2016 a los entonces candidatos presidenciales Julio Guzmán y César Acuña.

Távara Córdova tiene actualmente 73 años de edad, por lo que al ser consultado por la Comisión Especial, durante su entrevista personal, aseguró que de ser electo, cuando cumpla 75 años cesaría en sus funciones como miembro de la JNJ. Es decir, ahora que fue electo, solo ejercerá el cargo por 17 meses.

“En mi caso, tengo 73 años y pico, yo no crearía ese problema (…) Yo optaría por sacrificar esa permanencia en un cargo así, y dejar en tranquilidad a la JNJ para que siga cumpliendo.”

Francisco Távara, exjuez y candidato a la JNJ.

De ser así, Távara Córdova será reemplazado en mayo del 2026 por alguno de los concursantes que quedaron en condición de “suplentes” según el cuadro de méritos.

Durante su entrevista personal, el exjuez supremo fue consultado por su mención en audios vinculados al Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde el prófugo exjuez supremo César Hinostroza lo llamada “Panchito”.

“Tengo solamente dos llamadas. Una que dice ‘Francisco, Panchito, quiero hablar contigo’, que dura menos de un minuto. Le digo, estoy ocupado, celebrando el Día de la Madre”, dijo entonces.

Entre las propuestas que planteó para la JNJ, anunció medidas para reducir los plazos para la selección y nombramientos de jueces y fiscales, que actualmente es de cuatro meses.

Távara Córdova es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo y maestro en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios.

El abogado Jaime De la Puente Parodi llegará a la Junta Nacional de Justicia en su segunda postulación a dicho órgano. En el 2020, quedó en el cuadro de mérito como “suplente” en el primer concurso para miembros de la JNJ.

Tras la inhabilitación de los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez -que luego fue revertido por un fallo judicial- De la Puente Parodi fue convocado a ocupar una de las plazas, pero rechazó la propuesta.

Durante su entrevista personal, la Comisión Especial le pidió aclarar el aporte de S/150 al partido Acción Popular en 2018. El abogado indicó que fue el costo de una tarjeta para una cena que adquirió para apoyar a un amigo que estaba postulando y que en ese momento no era funcionario público.

Sobre la edad límite para ejercer como miembro de la JNJ, el abogado indicó que la norma “establece una edad de ingreso y una edad de retiro, que es a los 75 años”.

Además, según un reporte de la fiscalía, tuvo una investigación sobre omisión de funciones; sin embargo De La Puente Parodi aseveró ante la comisión que el caso ya había sido archivado.

Laboró en el Tribunal Constitucional(TC) como asesor jurisdiccional, desempeñándose como coordinador de la Comisión Especializada en Asuntos Previsionales. Asimismo, ha sido procurador público adjunto del TC.

De acuerdo al registro de proveedores obtuvo la suma de S/234.600 por servicios entre el 2018 y 2020, con el Ministerio de Justicia por asesoría en materia legal y constitucional.

Según la Sunedu, es abogado por la Universidad de Lima. Tiene una Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también es abogado especialista en derecho ambiental, constitucional, previsional y de la seguridad social y laboral.

María Teresa Cabrera Vega es una de los abogadas electas como titulares de la JNJ, más conocida por la opinión pública, debido a que durante el 2020 al 2021 se desempeñó como congresista por el partido Podemos Perú (PP). Además, fue la jueza que dictó condena efectiva contra la conductora de televisión Magaly Medina en el proceso por difamación que le entabló el futbolista Paolo Guerrero.

Según el registro de afiliación política del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Cabrera Vega estuvo afiliada al Partido Podemos Perú desde el 23 de marzo del 2019 hasta el 20 de febrero del 2023. En dicha organización ocupó los cargos de Secretaria Nacional Anticorrupción y Secretaria Nacional de la Mujer.

Para las elecciones General del 2021, también postuló en la lista presidencial de Podemos Perú para el cargo de primera vicepresidenta de la República, sin éxito.

Como se recuerda, actualmente Podemos Perú se encuentra siendo investigado como persona jurídica por su presunta inscripción ilegal como partido político ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el apoyo de cinco exintegrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hoy Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto, a través de la designación del exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza.

Ahora, será la excongresista de Podemos Perú quien ocupe un lugar en la JNJ, entidad encargada de designar a jueces, fiscales, a los jefes de la ONPE y del Reniec.

Pese a que en su entrevista personal no pudo responder adecuadamente, tanto así que la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, tuvo que replantearle las preguntas en diversas oportunidades, logró que por trayectoria profesional se le otorguen 11.5714 puntos, por solvencia e idoneidad 14.143 puntos y por proyección personal se le otorgó 11.143, obteniendo un total de 36.86 puntos por este ítem.

En uno de los episodios de su entrevista personal, fue consultada hasta en dos oportunidades sobre cómo volcaría su experiencia como jueza en la JNJ -de ser electa- sin embargo no respondió, recurrió a su experiencia judicial indicando que era “experta en sentencias”, y afirmando: “me gusta sentenciar”.

Cabrera Vega, en su condición de jueza penal, fue objeto de un proceso disciplinario luego de que su exsecretaria de despacho Margaret Huamán, afirmó que la magistrada había recibido un presunto pago ilícito para emitir un fallo adverso a Medina.

Sin embargo, la exmagistrada negó dichas imputaciones y se defendió indicando que la instancia superior ratificó su decisión en la mayoría de sus extremos. No obstante, cabe precisar, el tribunal revocó la condena efectiva por sentencia suspendida

Por el mismo caso también afrontó un proceso disciplinario por la tramitación del expediente y diversas decisiones que adoptó en contra de la acusada, como la ampliación del período de suspensión de la pena y el levantamiento de un acta de transgresión de las normas impuestas, entre otros hechos.

En una investigación seguida por la OCMA, señalada como la Investigación Definitiva Nro.3674-2015-LIMA del 21 de octubre del 2020, Cabrera Vega fue incluida dentro de un grupo de jueces de Paz Letrado que habían sido designados en diversos cargos, sin que se encontrasen aptos para ser designados como Jueces Supernumerarios o hayan sido declarados aptos en la Resoluciones Administrativas N° 858-2013-P-CSJLI/PJ y N° 190-2014-P-CSJLI/PJ.

Según su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República, al momento de su elección como congresista, Cabrera Vega consignó tener un patrimonio de S/83.500; y este año, para presentarse al concurso público para acceder a la JNJ, señaló tener un patrimonio de más de S/220 mil.

También fue postulante para la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que el Congreso de la República realizó en el 2021.

Es abogada por la Universidad Garcilaso de la Vega y tiene título de doctor y maestro en Derecho Penal por la misma casa de estudios.

Pese a que en su entrevista personal, la Comisión Especial señaló que Víctor Chanduví registraba denuncias y hasta proceso judiciales imputado por presuntos delitos de patrimonio y asesoramiento ilegal, ha sido elegido como miembro “titular” de la JNJ.

Sobre dicho tema, el abogado solo respondió que no tenía conocimiento de los procesos judiciales y dio por concluido ese cuestionamiento.

Chanduví aprovechó su entrevista personal para cuestionar a los medidos de prensa, de los que señaló que “la prensa no para de atacar” al sistema de justicia.

Es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), maestro en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la UNT, y doctor en derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Según el registro de proveedores del Estado, ha prestado servicios para la Universidad de Cajamarca y la Universidad Mayor de San Marcos, entre el 2019 al 2023, por la suma de S/62.920.

En su declaración jurada también se registró como accionista de la empresa Estudio Chanduví Cornejo Ugarte del Pino y Asociados S.A.C., entre 2010 al 2023.

Quien también apuntó sus críticas hacia los medios de prensa, durante su entrevista personal ante la Comisión Especial, fue el abogado Germán Serkovic, seleccionado también como miembro “titular” de la JNJ.

“Estamos acostumbrados a que cierta prensa acuse, juzgue y condene a la gente y por eso necesitamos que la Junta sea muy especial y exacta en la forma en la que escoge a los jueces y fiscales, porque un juez o fiscal además de conocer de leyes, debe ser alguien que tenga resistencia ante la prensa, que sostenga su punto de vista ante la prensa, ante el poder económico y poder político”.

Germán Serkovic, abogado

Se mostró en desacuerdo con que los jueces o fiscales se conviertan en “operadores políticos” y que se dejen “seducir” por las cámaras y las fotos de los medios de prensa.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desenvuelto en el ámbito privado. Ante la Comisión Especial para la selección de la JNJ, ha informado sobre sus acciones en empresas en el extranjero.

Además, fue asesor legal de dos empresas consignadas en su declaración jurada y director responsable del área de consultoría y litigación en el estudio Ruiz Morales Abogados. Postuló en el primer concurso para la selección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia del año 2019.

Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, quien actualmente se desempeña como asesor de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, bajo la presidencia de Javier Arévalo, también fue electo miembro “titular” de la JNJ.

Durante su entrevista personal se le preguntó su omisión por no consignar que era Presidente Ejecutivo del Centro Iberoamericano de Estudios Jurídicos Sociales-CIBEJUS y que también su cónyuge era tesorera en la misma entidad. Ante ello, el abogado indicó que por un error involuntario lo consignó en un rubro distinto al que debía, pero que ya se había corregido al momento de la entrevista.

En el 2022, Ruiz Hidalgo postuló como candidato al proceso de selección para miembros del Tribunal Constitucional (TC), pero fue descalificado por haber presentado una declaración jurada sin registrar que mantenía deudas financieras. Pese a que presentó una reconsideración, adjuntando información de que había cumplido con pagar la misma, la Comisión Especial de Selección rechazó su recurso y quedó fuera de carrera.

Fue juez laboral supernumerario o suplente entre 2003 al 2005.

Durante su entrevista señaló que su propuesta para la JNJ era trabajar de manera coordinada con otras entidades de la judicatura y la capacitación de los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial, en coordinación con la Academia de la Magistratura.

Es abogado por la Universidad San Martín de Porres y es magíster en derecho constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

También aseguró que una persona seleccionada para integrar la JNJ solo se deberá quedar hasta cumplir los 75 años de edad.