El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, afirmó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizan las coordinaciones correspondientes para que la investigación fiscal sobre las 10 muertes durante las recientes protestas en Ayacucho se efectúe con transparencia. Agregó que, a la par, es necesario que se identifique a los responsables de azuzar a la población y la cadena logística de las protestas, que se tornaron violentas.
— Usted ha referido que se le darán todas las facilidades al Ministerio Público para que realice las investigaciones sobre las muertes en Ayacucho durante las protestas. Concretamente, ¿qué medidas son las que se están adoptando para ello?
Es necesario conocer que la fiscalía, como titular de la acción penal, debe realizar las investigaciones que le corresponden. Yo en mi condición de ministro de Defensa no quiero interferir políticamente y afirmo que sean las autoridades competentes las que indaguen. Entonces, qué acciones están llevando a cabo el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, coordinar que se den todas las facilidades para que las investigaciones se desarrollen en las mejores condiciones de transparencia en la entrega de información que requiera el Ministerio Público, y en eso nosotros estamos trabajando. Lo segundo es que hemos asegurado y facilitado el transporte para la delegación de la CIDH a Ayacucho, donde el jueves estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ellos también van a generar su propia investigación.
— ¿Han podido determinar quién dio la orden de disparar?
Como vuelvo a repetir, eso lo tiene que determinar el titular de la acción penal, yo no puedo emitir ningún tipo de opinión, porque eso lo está llevando a cabo [el Ministerio Público]. Lo que sí te puedo adelantar, porque eso ya lo ha manifestado el primer ministro, es que de acuerdo a las reglas de enfrentamiento en el marco del estado de emergencia el que debe tomar contacto con la población es la Policía Nacional. Sin embargo, a priori, al parecer, han impedido que la policía pueda llegar al lugar [al aeropuerto de Ayacucho], de tal manera que sean las Fuerzas Armadas las que hayan tomado contacto con la población.
— Los militares que fueron a custodiar el aeropuerto de Ayacucho, ¿hasta qué punto podían ejercer la fuerza? ¿Cuál es el protocolo?
Cuando hay este tipo de situaciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen reglas de enfrentamiento correspondientes para poder actuar. Hay situaciones muy claras que tienen ambas instituciones, cuál es la primera, garantizar la vida la población, segundo es garantizar la integridad de la fuerza [del orden], la fuerza no puede ser agredida en el sentido de poner su vida en peligro. Entonces, yo tengo que esperar las investigaciones para que se determine qué fue lo que sucedió. Puedo decir lo siguiente: en las imágenes de video, se advirtió que los manifestantes tenían armas, una especie de bazuca, dinamita y otros artefactos con los que han agredido a la policía, a las Fuerzas Armadas no solamente en Ayacucho, sino en otros puntos del país. Es por eso que yo no puedo opinar ni intervenir en el desarrollo de las pesquisas. Yo estoy diciendo mi parecer, y deben saber que hay procedimientos en el uso de la fuerza, así como hay acá en el Perú, lo hay en todas partes del mundo, y eso está normado, está legalizado, en ningún momento se dice que se debe disparar así abiertamente, no. La prioridad es garantizar la vida del ciudadano. Es posible, especulo, que se haya atentado contra la integridad de la fuerza y que se haya reaccionado […] Y otra cosa, a partir de ahora se está intensificando el diálogo, porque ya es otro escenario, en el sentido, de que antes se decía que lo que querían era el adelanto de las elecciones generales, pues esto ya ha sido aprobado.
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— En Ayacucho han fallecido 10 ciudadanos en el marco de las marchas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso. Todos por impacto de proyectiles de arma de fuego. ¿No hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de los militares?
En primer lugar, yo lamento mucho las 27 muertes que se ha producido a consecuencia de este desborde y de esta crisis, producto de las manifestaciones asociadas a la violencia. Yo no puedo emitir opinión, porque no tengo conocimiento de que efectivamente [estos decesos] hayan sido producidos por arma de fuego, y eso le corresponderá a la fiscalía, todo está en proceso de investigación. Una vez que la fiscalía determine todas esas acciones, yo creo que ya será conveniente que el sector Defensa se pronuncie. Solo esperamos nosotros, creo que todo el Perú, que esto se realice de la manera más objetiva posible.
— Por ejemplo, una de las 10 víctimas, identificada como Edgar Prado Arango (51) ni siquiera estaba participando en las manifestaciones. Intentó ayudar a uno de los heridos. ¿Qué tipo de autocrítica deben realizar las FF.AA.?
A ver, Sebastian, y lo digo con el más profundo respeto, eso está en el marco de un proceso de investigación, tú puedes tener esa información, yo puedo tener otra, y un tercero puede tener otra. Siendo responsable, eso está a cargo del titular de la acción penal. Y este, como consecuencia de su investigación, determinará si ese ciudadano, cuyo fallecimiento lamento mucho, falleció en esas circunstancias.
— Un sector de la izquierda en el Congreso ha cuestionado que Alberto Otárola pase del sector Defensa a la PCM por el manejo que tuvo su sector en el control de las protestas. ¿Esta designación no puede ahondar la crisis política?
De acuerdo a las palabras que ha manifestado la presidenta Boluarte, se necesitaba un primer ministro que tenga vocación de diálogo y que una tenga articulación no solo con un sector de las agrupaciones o de las fuerzas políticas, sino con todos, a fin de poder llegar [a consensos]. Es por ello que Otárola ha sido trasladado y nombrado como presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que, mientras no se determinen los resultados de una investigación, nosotros debemos tener la prudencia de poder esperar lo que diga el titular de la acción penal en el desarrollo mismo, y eso no impide de una u otra manera que el primer ministro Otárola pueda ejercer sus funciones.
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— El primer ministro Otárola exhortó al presidente de México a no hablar más del Perú, “porque hemos conseguido, con mucho esfuerzo, que nuestro país esté en paz”. ¿Para el gobierno la etapa más fuerte de las protestas ya pasó?
No, no, nosotros tenemos que buscar mecanismos para acercarnos a las organizaciones que están representadas en estas protestas. Esto nos debe llevar al desplazamiento de ministros y funcionarios a diferentes regiones donde existe esto [las manifestaciones] para tratar de tranquilizar, explicar y satisfacer las demandas justas de la población, que han sido totalmente incumplidas.
Y quisiera hacer un paréntesis en el siguiente sentido: no solamente el reclamo popular es por el adelanto de elecciones, sino que como consecuencia de los Consejos de Ministros descentralizados [durante el gobierno de Castillo], se ha prometido mucho, en exceso y esas demandas están insatisfechas. Hay que decirle a la población que tengan la plena seguridad de que este es un gobierno transitorio y que el Gabinete es de paz, de diálogo y meritocracia.
— Hasta el momento, hay más de 28 muertos por las protestas en todo el país, entre ellos menores de edad. ¿No debe el gobierno ofrecer disculpas por estos decesos?
Pedir disculpas es aceptar responsabilidades, y esas responsabilidades las tiene que determinar la fiscalía. Lo que sí pediría es un poco de paciencia en el marco del trabajo que está realizando el Ministerio Público, yo creo que por ahí es el camino. El ministro de Justicia [José Tello] ha salido, en representación del Estado, a reconocer una compensación a todos los familiares de los fallecidos en este trágico conflicto.
— El Congreso ha aprobado, en primera votación, que el adelanto de las elecciones generales sea en abril de 2024, como inicialmente lo propuso el gobierno. Pero los que salen a protestas exigen comicios inmediatos. ¿La administración de Boluarte puede resistir un año y medio en el poder, políticamente hablando?
Yo creo que en estos momentos debe haber un proceso comunicacional. Tanto la presidenta Boluarte, como el primer ministro, nos han pedido intensificar el diálogo, porque este marco de violencia y esta crisis aún no se ha cerrado, y todos empezando por la presidenta, el primer ministro y los integrantes del Gabinete estamos pendientes de esta situación. Esa es la posición que existe actualmente en el Gobierno.
— ¿El gobierno de Boluarte puede resiste un año y medio en el poder? La presidenta no cuenta con un partido, tampoco bancada en el Congreso y no tiene el respaldo de la calle.
Acá hay dos situaciones. La primera es que el escenario que había antes ha sido atenuado con el adelanto de elecciones, y esto tiene que ser comunicado. ¿Y por qué tiene que ser en el 2024? Ha habido un pronunciamiento de las autoridades electorales indicando que no se puede hacer, como pide un sector, de manera inmediata, el 62% de la población quiere un adelanto de elecciones, pero con reformas políticas. De tal manera que se lleven a cabo unas elecciones correctas, responsables y que nos aseguren que los futuros gobernantes y funcionarios nos representarán adecuadamente. Si no hacemos [la reforma], vamos a tener el mismo problema, porque serán los mismos candidatos y circunstancias. Necesitamos un plan de comunicación, y a la par se tiene que identificar quiénes son los responsables de azuzar a la población y de dónde viene la cadena logística para ir soportando esto [las protestas].
— ¿Cómo evalúa el rol que ha tenido el Congreso en medio de la crisis política?
Para nadie es desconocido que el Congreso está con 7% de aprobación. El Parlamento, gracias a Dios, ha estado en estos momentos a la altura de las circunstancias al aprobar la propuesta presentada por el Ejecutivo, en el marco de lo expresado por las autoridades electorales. Esto significa que quieren comenzar a hacer bien las cosas, pero no basta con que hayan aprobado el adelanto de elecciones, tienen que hacer su trabajo y hacer la reforma política correspondiente, porque acá no se trata si están haciendo bien o mal, si me gusta o no, se trata de garantizar un sistema de gobierno, el sistema democrático para que se puedan llevar a cabo unas elecciones libres, soberanas y correctas.
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— En menos de un año y medio de gobierno, el expresidente Castillo nombró a seis ministros de Defensa. ¿Cómo ha encontrado el sector?
La verdad, quiero decirlo con la máxima transparencia, me siento preocupado porque he encontrado muchas complicaciones. Una institución como el Ministerio de Defensa, pese a estar estructurada sobre la base las Fuerzas Armadas, no puede sostenerse en virtud a una alta rotación. Los seis ministros, cada uno ha tenido una óptica diferente, ha cambiado de personal, cómo puedo yo llevar a cabo el desarrollo de políticas, cómo puedo fortalecer a las instituciones, cómo puedo fortalecer la inversión si cada tres meses estoy cambiando al ministro, y este trae a su secretario general, jefe de gabinete y asesores. La cultura organizacional y el clima laboral es totalmente adverso e inestable. Yo te puedo resumir la situación en una frase: he llegado al Ministerio de Defensa y es como si hubiera regresado a julio de 2021, no se ha hecho absolutamente nada. Ha habido otro tipo de gestión no adecuada que, en vez de fortalecer a las instituciones, las ha ido debilitando. Es mi responsabilidad, por indicación de la presidenta y el primer ministro, corregir ello.
— En febrero último, en una entrevista con El Comercio, dijo que, en el Ministerio de Energía y Minas, donde usted fue viceministro, “se coloca a personas cuyo único logro es pertenecer a [Perú Libre]”. ¿En el Ministerio de Defensa se repitió esta situación? ¿Piensa retirar a las personas nombradas durante el gobierno de Castillo que no cumplan los requisitos?
Cuando yo detecté en febrero de este año irregularidades en la designación de puestos, que se va en contra de los perfiles y de las competencias por un cuoteo político y por otro tipo de intereses, inmediatamente presenté mi carta de renuncia y la hice pública. Yo no voy a hacer una razia con todos los colocados por Pedro Castillo, eso no es lo adecuado, lo adecuado es evaluar cada uno de los perfiles, puestos, y determinar por qué han estado ahí y si han obtenido algún tipo de resultados. Por ejemplo, acá hay nueve asesores, y estoy evaluando qué resultados ha habido de parte de estos. A priori, le puedo decir que no he encontrado ningún resultado, por lo tanto, yo tengo que renovar [al equipo]. Lo que ha sucedido al colocar a personas no idóneas y que no tienen el conocimiento y las capacidades es que no se ha llevado una gestión pública adecuada y eso ha ido en desmedro no solo del secto,r sino de todas las Fuerzas Armadas.
— El Ministerio Público investiga al expresidente Castillo y al exministro Ayala por los ascensos en las FF.AA. del 2021. ¿Realizará alguna revisión de ese proceso y el de este año?
He pedido un informe a la contraloría y estoy en estos momentos reunido con los altos mandos militares para determinar qué problemática han tenido no solamente en los procesos de ascensos, sino en los pases a situación de retiro, pero cuando hay una publicación en el diario oficial “El Peruano” en el proceso de ascensos, esto queda consentido y firme ante la ley. Hacer investigaciones posteriores a ello sin ningún tipo de información creo que no es valedero ni responsable. Lo que sí puedo garantizar es que voy a hacer una auditoría en cada uno de los procesos que se han llevado a cabo para poder observar las falencias. El Ministerio Público será el que defina si hubo dolo y delito en los ascensos durante la administración de Ayala.
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— Usted ha referido que se debe reestructurar el sector “y hacer pequeñas reformas”. ¿Cuáles son estas, puntualmente?
Yo tengo que reestructurar el ministerio colocando a las personas idóneas en los puestos, de acuerdo a los perfiles y capacidades. Y cuando hablo de reestructurar también me refiero a ver si las oficinas, las direcciones están cumpliendo con sus funciones, qué resultados han obtenido y definir qué oficinas se deben repotenciar de manera general. Otra cosa es que la oficina de compras se ha mantenido en un statu quo, entonces si la oficina de compras de las Fuerzas Armadas no está llevando a cabo sus funciones y competencias, entonces algo está mal. Las reformas que se van a llevar a cabo son para que funcione cada engranaje del sistema de defensa nacional.
— ¿La diferencia entre el 5 de abril de 1992 y el 7 de diciembre del 2022 fue la postura de la postura que asumieron las FF.AA. y la Policía?
Las Fuerzas Armadas, con el pasar de los años y estableciendo el reconocimiento de sus errores, ha hecho una crítica constructiva [de sus actuaciones pasadas]. El 7 de diciembre, las instituciones castrenses se pusieron del lado del orden constitucional. Las Fuerzas Armadas tienen claro cuál es su rol y así lo han demostrado, sobre todo en estos últimos años de crisis política permanente. Todos hablamos ahora del frustrado golpe de estado que intentó dar Pedro Castillo, si fue frustrado fue precisamente porque las Fuerzas Armadas entienden perfectamente su función y el carácter que les asigna la Constitución. Las Fuerzas Armadas han jurado defender a la nación, no a un gobernante de turno. Las épocas en que la política tocaba las puertas de los cuarteles ya quedaron en el pasado.