Integrantes del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional durante la audiencia de instalación del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo | Foto: Justicia TV / Captura de video
Integrantes del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional durante la audiencia de instalación del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo | Foto: Justicia TV / Captura de video
Redacción EC

El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional desestimó el pedido que formuló el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, para que las audiencias del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo, por el caso Odebrecht, sean públicas y cuenten con la presencia de periodistas de los diferentes medios de comunicación.

El tribunal sustentó que se está garantizando el derecho a la publicidad del mencionado proceso judicial a través de la señal de Justicia TV, y agregó que se debe tener en cuenta que, durante un juicio oral, sólo tienen derecho a participar en el debate las partes debidamente acreditadas y permitidas dentro del proceso penal.

No así estar haciendo un informe en pleno juicio oral, por ejemplo, estar pasando quién está conversando, quién está debatiendo, quién hace la respuesta o quién hace la participación correspondiente. No está permitido, porque todos tenemos conocimiento de la naturaleza de la audiencia de un juicio oral”, explicó el colegiado.

El pedido hecho sobre la publicidad o la permisión de los demás medios de comunicación no ha sido dirigido a este colegiado, ha sido dirigido al presidente del Poder Judicial (Javier Arévalo). Esta juzgado no tiene registrado en el sistema el ingreso de esa petición, razón por la cual no era competente para poder resolver, tampoco estaba dentro de sus competencias correr traslado a las demás partes”, agregó.

También indicó que, por recomendación del personal técnico, la sala asignada para realizar las audiencias del juicio oral “podrían aceptar algo de 50 personas máximo”.

Es más, creo que todos están viendo que el ambiente es pequeño y hasta el oxígeno se está terminando (sic), razón por la cual la administración ha sido la que ha resuelto asignarnos esta sala de audiencias, pero de ninguna manera se está limitando el principio de publicidad”, acotó.

Primeras reacciones

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, consideró como “bien grave” la decisión del colegiado de no permitir el acceso de los medios de comunicación a las audiencias del juicio oral contra Alejandro Toledo.

Información previa.

Durante elcontra el expresidente , por las presuntas coimas que habría recibido por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht, el fiscal , del equipo especial Lava Jato, consideró ante el colegiado que las audiencias por este caso deberían ser públicas y contar con la presencia de la prensa.

El proceso contra el expresidente peruano es transmitido actualmente solo por la señal de Justicia TV.

Solicito que se aplique el numeral 4 del artículo 357 del Código Procesal Penal, que señala que esta clase de juicios contra exfuncionarios públicos siempre deben ser públicos. Esa es la regla, ¿cuál es la excepción? Que haya una motivación especial conforme lo establece el propio artículo 357 numeral 1. Con todo respeto digo al colegiado, se aplica la regla o se da una especial motivación”, indicó el fiscal en su intervención.

Añadió que instituciones como la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad, hicieron un pedido al Poder Judicial para poder estar presentes en el juicio oral contra Alejandro Toledo a través de sus periodistas y camarógrafos.

Los fundamentos de dichos organismos fueron de que se tiene que garantizar la pluralidad informativa y un ejercicio cabal del derecho a la información de la ciudadanía”, explicó el fiscal.

En el juicio contra Alejandro Toledo se determinará si el expresidente es culpable o no de haber recibido más de US$30 millones de parte de Odebrecht por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una condena de 20 años y seis meses de prisión para el expresidente si es hallado culpable de lo que se le acusa.


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