Alejandro Toledo cumple su condena por el tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur en el penal de Barbadillo, en Ate. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Alejandro Toledo cumple su condena por el tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur en el penal de Barbadillo, en Ate. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Redacción EC

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima suspendió la audiencia del juicio oral por el por pedido del nuevo abogado del expresidente (2001-2006).

Armando Silva Cruz, nuevo defensor legal del exmandatario, consideró que se está “vulnerando” el trato justo, el hacer una defensa eficaz y la actividad probatoria al no permitirse conocerse las reglas de adecuación de la nueva extradición aprobada contra Toledo Manrique por Estados Unidos.

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“Solicito que esta audiencia se reprograme, toda vez que recién me he hecho cargo de la defensa de Alejandro Toledo Manrique y además tenga en cuenta que son 103 tomos”, manifestó el letrado.

Por su parte, el expresidente respaldó el pedido alegando que no ha escuchado los argumentos de la fiscalía y de su propia defensa sobre el caso, tras la renuncia de su entonces abogado, Roberto Su.

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Ante ello, la sala aceptó el pedido del abogado de Toledo Manrique de darle un “plazo razonable” y programó la próxima sesión del juicio oral para el jueves 28 de noviembre, a las 2:30 p.m.

El caso

Según la acusación del equipo especial Lava Jato, Toledo habría cometido actos de corrupción y recibido coimas durante su gobierno para beneficiar a las empresas Odebrecht y Camargo Correa con las licitaciones de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

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Según la versión de Josef Maiman, las constructoras brasileñas le entregaron en total US$34 millones para Alejandro Toledo. El dinero habría sido pagado a través de las empresas del empresario peruano-israelí.

Parte del dinero, posteriormente, habría sido depositado en empresas offshore constituidas en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group, presidida por Eva Fernenbug, suegra de Toledo Manrique.

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En junio del 2019, la fiscalía formuló acusación contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avi Dan On por el presunto delito de lavado de activos en modalidad agravada y solicitó para los tres un total de 16 años y ocho meses de cárcel.

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