Buscan información que podría ocultar Karelim López

En un operativo simultáneo, la fiscalía anticorrupción y la Dirección contra la Corrupción de la policía allanaron los inmuebles de la empresaria Karelim López y del ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, investigados por el presunto delito de tráfico de influencias por la licitación del Puente Tarata III a través de Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La orden judicial que emitió el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, a la que accedió El Comercio, también alcanzó a los investigados Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más, miembros del comité de licitación del proyecto Puente Tarata III. También Víctor San Miguel Velásquez (representante del Consorcio Puente Tarata III), Héctor Pasapera López (gerente general del Grupo Arcose y representante del Consorcio Puente Tarata III) y George Pasapera Adrianzén (gerente general de Tarmirex S.A.C.).

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La diligencia, desplegada en 11 distritos de Lima, fue solicitada por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro con la finalidad de incautar información, documentos, aparatos electrónicos, teléfonos, revisión de vehículos y otros que puedan estar vinculados a la investigación.

Razones judiciales

Entre las razones consideradas por el magistrado Chuyo se concluía que la investigada López habría ocultado información que la vincularía con los hechos delictivos que se le imputan.

La empresaria es investigada por presuntamente haber usado sus influencias ante el ex secretario presidencial Bruno Pacheco y funcionarios de Provías para que el consorcio al que asesoraba obtuviera la buena pro para la licitación del proyecto Puente Tarata III.

El proceso, según la fiscalía, tuvo irregularidades, tales como la ampliación de plazos que favorecieron al consorcio ganador, visitas de la empresaria a Palacio de Gobierno, a funcionarios de Provías que participaron en la licitación (de las que El Comercio dio cuenta), además de la visita que hizo López a la casa de Breña que era frecuentada por el presidente Pedro Castillo. Asimismo, se descubrieron vínculos familiares entre altos funcionarios de Provías con los representantes del consorcio ganador.

Todo ello fue considerado por el magistrado para dictar la orden de allanamiento. Se puso énfasis en que existían motivos razonables para considerar que “esta investigada guarda cosas relevantes para la investigación”, sobre todo porque entregó a la fiscalía un celular con poca información y cuando se realizó la diligencia de verificación domiciliaria, no entregó otro equipo telefónico. Tampoco se tuvo acceso a equipos de cómputo, cajas fuertes, vehículos, entre otros.

“Aunado a lo antes mencionado se debe añadir que existe la posibilidad [de] que López Arredondo venga ocultando información de los presuntos hechos ilícitos”, señaló el magistrado.

La misma situación ocurriría con Pacheco, pues el juez sostuvo que este también “guarda cosas” relevantes para el caso.

En otro punto de la resolución, se señala que, tras la licitación del Puente Tarata III al consorcio asesorado por López, los integrantes del comité de licitación Víctor Valdivia y Edgar Vargas Más fueron promovidos a otros cargos, situación que fue puesta en conocimiento por El Comercio.

En el documento se agrega que, en el caso de Vargas, se le encargó la Gerencia de Obras de Provías Descentralizada; es decir, “la responsable de dar conformidad de obra al consorcio proveedor [que asesoró López] durante la etapa de ejecución contractual”.

No obstante, tras las primeras denuncias sobre irregularidades en la licitación se resolvió su designación el 2 de diciembre.

Las diligencias

Ayer, las diligencias se prolongaron por varias horas en cada uno de los inmuebles allanados. En el distrito de el Rímac, donde reside Bruno Pacheco, las acciones concluyeron después del mediodía.

José Luis Núñez, abogado del ex secretario presidencial, aseveró que cuando llegó al domicilio de Pacheco, este no se encontraba ahí. No precisó si este había participado de la diligencia en horas de la mañana.

“Cuando yo he llegado, no estaba el señor Bruno Pacheco. Es su domicilio, prueba de ello es que están sus útiles [de sus hijas], su ropa”, comentó.

La fiscalía ya había cuestionado anteriormente que Pacheco no viviría en el Rímac.

“En su domicilio no se han visto una computadora, equipos de alta tecnología, absolutamente nada. El Ministerio Público ha consignado en sus actas que no ha encontrado ningún tipo de evidencias”, destacó el abogado.

En tanto, César Nakazaki, defensor legal de Karelim López, calificó de sorpresiva la diligencia de allanamiento de la vivienda de su patrocinada en Breña.

Aseveró que su patrocinada “no ha tenido participación” en el proceso de licitación del Puente Tarata y que conoce a Pacheco desde mucho años atrás, pues este fue su catequista. “Él ha solicitado una serie de favores personales que ella ha realizado y que perfectamente ella va a explicar y documentar. Pero en ningún momento ha habido un tipo de gestión que pueda constituir un delito, si no, se hubiera buscado otro mecanismo legal”, dijo a RPP.

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