Exprocuradores anticorrupción, así como abogados penalistas advirtieron la gravedad de que el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, permanezca al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros pese a la gravedad de las imputaciones en tres casos que se siguen en su contra por los presuntos delitos de terrorismo, apología al terrorismo y lavado de activos.
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Como se recuerda, Bellido Ugarte es investigado por apología tras sus declaraciones sobre la terrorista Edith Lagos; sus implicancias en el caso Los Dinámicos del Centro; y, recientemente, por sus presuntos vínculos con los cabecillas terroristas Quispe Palomino.
Afectan credibilidad
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado afirmó que dichas investigaciones “afectan seriamente su credibilidad y el respeto que debiera generar una imagen y el contenido personal de un presidente del Consejo de Ministros”, quien debería estar absolutamente exento de cualquier tipo de cuestionamiento.
“Máxime si se trata de una investigación de carácter penal respecto de un delito serio como es el delito de terrorismo”, sostuvo.
Precisó que, el no tener cuestionamientos, es crucial en un momento en que se requiere generar consensos políticos fundamentales para la gobernabilidad, severamente afectada por tres crisis muy graves: la crisis de salud, la crisis económica y, ciertamente, la crisis política.
“Aunque nuestro sistema político no es parlamentario y el jefe del gobierno es el Presidente de la República , como también lo es como jefe del Estado, la figura de un Presidente del Consejo de Ministros, disminuida y débil, es lo más opuesto al tipo de instrumento político que el Gobierno requiere tener en términos de emergencia nacional”, afirmó.
Podría influir
Por su parte, Iván Meini, quien también se desempeñó como procurador anticorrupción sostuvo que a Bellido le asiste la presunción de la inocencia mientras no sea condenado; sin embargo remarcó que este no es un derecho o categoría absoluta, sobre todo con investigaciones graves.
“Esta situación no solo debería evaluarse desde el punto de vista jurídico; sino también político, porque la presencia de una persona que soporta investigaciones por cargos graves en un puesto público tan sensible y tan estratégico, no genera tranquilidad política”, dijo.
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Advirtió que cuanto más elevado es el cargo público que ocupa la persona investigada; y sobre todo porque se trata de un funcionario público en actividad, “el riesgo de que pueda presionar, distorsionar o distraer la investigación es cada vez más elevado”.
“Sin duda, que exista una investigacion fiscal contra el premier, además por cargos de terrorismo, es algo absolutamente preocupante y debería preocupar al presidente de la República”, agregó.
Acotó que, así como se le pide ello al Ejecutivo, también se le debe pedir a otros poderes del Estado como el Congreso donde, las presidencias de algunas comisiones como el congresista Alejandro Aguinaga y José Luna, investigados por cargos graves, ocupan puestos claves en la administración pública.
“En mi opinión, lo más saludable es que el presidente se rodee de personas que no tienen ningún tipo de cuestionamientos y que debería ser extendible no solo al Ejecutivo; sino también a otros poderes del Estado”, comentó.
Lo óptimo es un funcionario limpio
El abogado penalista e investigador del IDEHPUCP, Rafael Chanján, sostuvo que como toda persona que se encuentra investigada, y sobre todo si se trata de un funcionario público de tan alto rango como el primer ministro, Guido Bellido es que tiene el “deber de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos”.
Al ser consultado sobre la situación de que un alto funcionario sea imputado por delitos graves y continúe en el cargo, consideró que ello “también pasa por una evaluación de índole política.
“Pero puedo decir que lo óptimo es que un funcionario esté limpio de todo tipo de investigaciones, lo óptimo es que un funcionario de tan alto rango no tenga que perder tiempo en acudir a instancias fiscales para esclarecer posibles imputaciones penales en su contra que son tres, más aún todavía el día que toma para rendir su manifestaciones”, remarcó.
En esa línea, comentó, existe una obligación de que el funcionario se someta a todas las investigaciones y deje que el Ministerio Público, en el marco de su autonomía, pueda realizar su labor investigativa de lo más eficiente.
“Allí lo que se tiene que evitar es realizar cualquier tipo de actividad directa o indirectamente que pueda perturbar las investigaciones objetivas que debe realizar el Ministerio Público”, sostuvo.
El profesor de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico, Daniel Huamán, consideró también que, desde el punto de vista legal, que a Bellido Ugarte le asiste la presunción de inocencia en la medida que no hay sentencia. No obstante, “lo que sí podría pasar en cualquier momento es que la fiscaía, sobre la base de los elementos de convicción que ha ido formando, presente unos elementos de convicción que ha ido formando, presente una acusación”.
“Más adelante, si las investigaciones avanzan y la fiscalía considera que existen indicios sólidos de que eso (los presuntos delitos) pueden haberse producido, podría pedir una medida cautelar para que el señor Bellido sea apartado del cargo mientras dure la investigación, eso podría ser jurídicamente posible”, afirmó.
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