El equipo especial de fiscales contra la corrupción (Eficcop) en el poder halló en el despacho de un asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, los restos de un documento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sobre la fiscal superior Marita Barreto, así como un borrador de la resolución para su cese como coordinadora de ese grupo. Ambos documentos habían sido rotos y fueron encontrados en un tacho de basura.
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El Comercio accedió al acta del allanamiento que ejecutaron la fiscalía y la Policía en el noveno piso de la Fiscalía de la Nación el último lunes, como parte de la ‘Operación Valquiria V’. Todo esto dentra la investigación del Eficcop que señala a Patricia Benavides como líder de una presunta organización criminal, que también integrarían sus asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado.
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El presunto objetivo de la red sería conseguir votos a favor de los intereses de Patricia Benavides en el Congreso a cambio de favorecimiento a legisladores en sus investigaciones en la fiscalía. Esos intereses pasarían en particular sobre tres aspectos: el nombramiento del defensor del pueblo, la remoción de la Junta Nacional de Justicia, que venía investigando a la fiscal; y la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
El acta indica que la diligencia comenzó a las 4 a.m. de lunes 27 de noviembre. Fuentes de El Comercio indicaron que Patricia Benavides y un grupo de fiscales y funcionarios de confianza estuvieron reunidos en el mismo piso 9 de la Fiscalía de la Nación hasta minutos aproximadamente las 3:51 a.m. Entre ellos estuvo el investigado Miguel Girao. La presencia de la titular del Ministerio Público en el lugar se confirma con videos a los que accedió este Diario.
Papeles rotos
Volviendo al documento, este detalla que dentro de un tacho de basura al interior del despacho del investigado Abel Hurtado, coordinador parlamentario de la Fiscalía de la Nación, se hallaron pedazos de papel rotos, los cuales fueron reconstruidos por la policía. También se incluyen fotos de esos documentos.
Allí se puede distinguir que uno de ellos es de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el órgano disciplinario de la fiscalía. Se refiere una “base de datos” y a la fiscal Marita Barreto Rivera, coordinadora del mencionado equipo especial.
La ANC del Ministerio Público, liderada por el abogado Juan Fernández Jerí, depende administrativamente de la Fiscalía de la Nación, pero debe ser autónoma e independiente en sus funciones y su accionar. Esa autonomía, no obstante, ha sido puesto en duda en las últimas semanas.
Se trata del mismo órgano que hace unos días suspendió por ocho meses y medio al fiscal superior Rafael Vela, quien era coordinador del equipo especial Lava Jato y se había convertido en una de las principales voces opositoras a Patricia Benavides. La ANC también tiene un proceso disciplinario contra Marita Barreto.
Rafael Vela ha denunciado una “coordinación” entre Benavides y Fernández Jerí ligada a su suspensión. Además, ha calificando como a la ANC como el “brazo armado” de la fiscal de la nación para perjudicar a fiscales incómodos. Juristas como el exprocurador Antonio Maldonado también han opinado que es evidente esa “digitación” de la fiscal hacia el ente encabezado por Fernández Jerí. En el pasado, Benavides y el órgano de control han negado esas versiones.
El Comercio envió una consulta a la ANC a través de sus encargados de prensa sobre este hallazgo, pero no hubo respuesta. De hecho, la entidad no ha emitido ningún pronunciamiento desde el estallido del caso que involucra a la fiscal de la Nación. Este Diario conoció que para este miércoles y jueves la autoridad tenía programado un congreso institucional.
La fiscalía también halló un borrador roto de lo que eventualmente sería la resolución de cese de Marita Barreto como coordinador del equipo especial. En el documento que eventualmente fue publicado en El Peruano la noche del operativo se justificó el retiro de la fiscal alegando que no entregó información requerida sobre la carga de su equipo.
En el borrador destruido, no obstante, no se hace mención esa justificación. Solo se dice que es conveniente restructura el equipo especial para optimizar la eficiencia y la eficacia en el avance de las investigaciones, y darle celeridad al avance de los casos complejos y de repercusión nacional.
El borrador también dejo en blanco el nombre del fiscal que iba a ser nombrado como nuevo coordinador, de lo que se desprende que aún no habían decidido quién iba a ser. Eventualmente, la encargatura fue para el fiscal José Miguel Cuya, quien declinó el puesto.
En su lugar, este martes se nombró al fiscal Daniel Jara, quien fue uno de los que se reunió con Benavides el domingo en el mismo despacho de la fiscal de la nación, solo horas antes de la ejecución de la Operación Valquiria y del cese de Barreto como coordinador del equipo especial. Su presencia también se corrobora con los videos que publicó este Diario. Por la noche, fuentes de El Comercio confirmaron que Jara decidió no asumir el encargo de la coordinación del equipo especial, como tampoco aceptó previamente el fiscal José Miguel Cuya.
Este miércoles, los fiscales que integran el equipo especial citaron esa reunión como un motivo para pedir que se encargue el liderazgo del equipo especial a otro fiscal que no sea Jara mientras se resuelve la apelación presentada por Barreto contra su cese como coordinadora.
Congreso y Ejecutivo
La fiscalía también encontró múltiples documentos que evidencian el particular interés del asesor de Patricia Benavides en torno a la Junta Nacional de Justicia. Se hallaron documentos ligados a procesos disciplinarios que ella tenía en la JNJ, sobre las denuncias en presentadas en su contra por distintos personajes ante este órgano, y sobre el proceso competencial entre la fiscalía y la junta ante el Tribunal Constitucional. Además, hay informes y documentación sobre proyectos de ley presentados ante el Parlamento.
También se halló una lista de distintas denuncias constitucionales en trámite ante el Congreso de la República; un cuaderno con el título ‘Ataques o cuestionamientos del Poder Ejecutivo contra el MP y la FN; y un fólder de más 100 páginas con el título ‘Escándalos de los señores 130 congresistas’.
Finalmente, se encontró un DVD con la inscripción ‘Porky’ (en aparente referencia al alcalde limeño Rafael López Aliaga); el registro de un depósito de US$ 250 dólares a Carlos Alberto Pérez Sánchez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco; 2 mil soles en efectivo, documentos del también investigado Miguel Girao, más vouchers, laptops y cuatro CPU.
Se espera que toda esta evidencia se incorpore a la carpeta fiscal del caso e incluso pueda servir para abrir nuevas líneas de investigación dentro del mismo. Por el momento, la investigación solo comprende a los tres asesores de la fiscal de la nación y sus vínculos con el Congreso; pero la tesis fiscal habla de una red criminal instalada en las altas esferas del Ministerio Público bajo la gestión de Patricia Benavides.
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