Abren investigación preliminar contra el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público

El primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre, Rímac y Jesús María abrió investigación preliminar contra el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público (ANC), Juan Antonio Fernández Jerí.

Según el documento al que accedió este Diario, se trata de la tercera indagación contra Fernández Jerí, esta vez por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, usurpación de funciones, falsedad genérica, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

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La investigación tendrá un plazo de 60 días y se dispuso recabar las declaraciones de los fiscales José Domingo Pérez, Fany del Rosario García Caro, Rocío Angélica Vences Gonzales, Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga Lores de Bacon y Juan Ander Alvites Llanos.

Asimismo, se dispuso citar y tomar el testimonio de Juan Antonio Fernández Jerí, a fin de que declare sobre los hechos que se le imputan y que deberá estar acompañado obligatoriamente por un abogado.

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El despacho fiscal también decidió inhibirse del conocimiento de la denuncia contra el jefe de la ANC por el presunto delito de prevaricato y remitir el caso a la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja por “criterio de competencia fiscal de especialidad”.

Como se recuerda, los fiscales que denunciaron a Juan Antonio Fernández Jerí argumentaron que las sanciones impuestas por el jefe de la ANC afectan sus derechos de permanencia e inamovilidad en el cargo, previstos en el artículo III de la Ley de Carrera Fiscal.

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Los fiscales explicaron que en los últimos 24 meses un total de 4.349 fiscales fueron sancionados, cifra cercana a los 5.842 representantes del Ministerio Público amonestados por la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI).

Finalmente, alertaron que Fernández Jerí estaría determinando a que otros funcionarios de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público incurran en el delito de prevaricato, al tramitar procesos disciplinarios inválidos.

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