El fiscal José Domingo Pérez solicitó a la fiscalía de la Nación el informe del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sobre las presuntas negociaciones ilícitas entre los exasesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y diversos congresistas.
A través de un oficio enviado al fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez, Pérez Gómez solicitó dicho informe y anexos con la finalidad de ofrecerlos como prueba en el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por lavado de activos.
En dicho caso el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión efectiva para la excandidata presidencial, así como la disolución y liquidación de Fuerza Popular como persona jurídica.
Junto a Keiko Fujimori serán procesadas 38 personas e incluye a la empresa MVV Bienes Raíces, de Mark Vito Villanella, ex esposo de la lideresa de Fuerza Popular. Otros siete acusados llevan un proceso especial.
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Patricia Benavides es sindicada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder como la cabecilla de una presunta organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público.
La hipótesis apunta que los miembros de esta presunta organización criminal habrían influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso de la República.
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Así lo revelarían diversos chats enfocados en las votaciones del pleno respecto a tres temas: la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la elección del defensor del Pueblo y la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.
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